Marcelo Jelen

El camino hacia el fin de la Ley de Caducidad ha sido culebrero y cuesta arriba. Parece interminable: después de logrado en diversos ámbitos del oficialismo un trabajoso y cambiante acuerdo, y después de la ajustada votación del miércoles en la Cámara de Representantes, los disensos dentro del Frente Amplio hacen peligrar la consagración en el Senado del proyecto de ley interpretativa que derrumbaría el imperio de la impunidad. Los dados siguen girando en el aire.

El caso es conocido. Dos ladrones irrumpen en un kiosco de Tres Cruces. Uno intenta someter al encargado y le “apoya algo” que parece metálico en la nuca. El comerciante, viéndose en peligro de muerte, logra agarrar un revólver calibre 38 de abajo del mostrador y le dispara dos veces. El otro saca algo que parece una pistola. El kiosquero vuelve a disparar. Ambos ladrones murieron. Lo que esgrimían no eran armas de verdad. Eso que brillaba como una pistola nueve milímetros era un encendedor de fantasía.

Uruguay podría formar una “alianza militar” con Estados Unidos, la cual convertiría este pequeño territorio “en una cuña para controlar el Atlántico Sur y en una base contra el Brasil en pleno desarrollo, con su biodiversidad, su petróleo y su agua”. Suena a ciencia-ficción, pero está escrito en serio. Es la “sospecha” que les “infunde espanto” a 21 compatriotas residentes en Cuba, que firmaron una carta abierta. Todo porque el presidente José Mujica recibió el 7 de setiembre a una delegación de las Damas de Blanco, organización de mujeres familiares de presos políticos cubanos.

Cuando alguien en Uruguay dice “la fuerza política”, cualquiera sabe de qué se trata: del Frente Amplio. Como si fuera la única que funciona en este país. Como si acá no existiera la política. ¿Cómo podría existir sin fuerzas contradictorias, sin ideas confrontadas, sin competencia? Claro que todo esto es ilusorio: si un partido cree que ningún otro puede enfrentársele, si es tanta su vanidad, terminará buscándose conflictos adentro. Igual que “la fuerza” de La guerra de las galaxias, con su lado luminoso y su lado oscuro, manejada por jedis buenos y “caídos” y por siniestros sith.

Las leyes de presupuesto, más allá de repartir fondos públicos (y de contrabandear otras normas de variadísima índole), les sirven a los gobiernos para transmitir sus pronósticos en materia económica y sus prioridades políticas. Son, por lo tanto, herramientas de comunicación tanto como de administración. Después de todo, las distintas oficinas públicas tienen cierto margen para acomodar los números que les tocan en suerte, que también se van corrigiendo en los tres años siguientes a través de las rendiciones de cuentas.

Parece que la norma jurídica más fiera de la historia uruguaya está viviendo sus últimas horas. Ya hay un borrador de proyecto acordado por el Frente Amplio y el Ministerio de Relaciones Exteriores para acabar con la Ley de Caducidad, que determinó en 1986 la impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar. Sólo resta afinar detalles menores. La semana próxima habrá novedades, y este mes, seguro, la iniciativa habrá llegado al Parlamento. También falta decidir si la presentará el Poder Ejecutivo o la bancada oficialista, y a través de cuál de las dos cámaras.

“Por eso estamos hablando con la Suprema Corte”, repitió tres veces el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ante otras tantas preguntas que le planteaba Emiliano Cotelo al entrevistarlo ayer en El Espectador. El periodista quería saber dónde están “los antecedentes judiciales o administrativos” de menores de edad “en conflicto con la ley” que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente desde 2004, se deben “destruir en forma inmediata” cuando el infractor cumple 18 años o termina de purgar la sanción que la Justicia le haya impuesto.

Uruguay recibirá hoy a la selección de fútbol mientras le arde en el alma el incendio que mató el jueves de madrugada a 12 presos en la cárcel de Rocha, la peor catástrofe de derechos humanos desde la restauración democrática en 1985. La pena se ahonda por el efecto acumulativo de tragedias anteriores, en especial el fallecimiento de cinco reclusos en Santiago Vázquez en agosto pasado, en su caso tras encender colchones en una protesta. Ahora fue un accidente, aunque de los muy previsibles.

Un país es su gente. En el caso de Uruguay, tres millones de personas. Para las cuestiones políticas es preciso elegir representantes, pues no entran dos millones de adultos en el Palacio Legislativo y la banda presidencial se haría flecos al pasarla de hombro en hombro. Por eso se recurre a un procedimiento de aceptación bastante universal: votar, una de las cláusulas más copadas del viejo y querido contrato social.

El concepto de “nunca más” ha pasado por una reescritura nada sutil en estos cinco años y pico que lleva gobernando el Frente Amplio, a instancias del hoy ex presidente Tabaré Vázquez. Su versión de la fórmula (o, mejor dicho, su subversión) completaba el “nunca más” con las frases “un hermano contra otro hermano” e “intolerancia y violencia entre los ciudadanos uruguayos”, con la intención de “avanzar en un terreno de reconciliación y de reencuentro”. En 2006, Vázquez fijó por decreto el 19 de junio como fecha para promover esa aspiración.

“Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. El concurso masivamente en este país se ha transformado en un instrumento de acomodo […]. Y es peor que la designación a dedo, que tiene el coraje de dar la cara. El otro acomodo es burocrático, va todo tapado, por abajo, ni siquiera hay a quién pegarle. La reforma del Estado es también una reforma ética. ¿Por qué nos pasó eso? Porque los uruguayos somos piernas hasta para llorar […]. No es acomodo por plata, ni es por nada, ‘pero cómo no le voy a hacer una pierna a fulano’. Pueblo chico, nos conocemos todos desde la escuela, todos son buenos […]. No premiamos al talento, al esfuerzo, premiamos al que llega, al que está más.”

Hubo que esperar tres años y un largo rosario de desprolijidades y desinteligencias para que se comenzara a resolver el caso de la desaparición y muerte de Natalia Martínez en el este de Maldonado. En el atraso incidieron la falta de pericia y el exceso de pereza de los policías actuantes, que llegaron a ser acusados de violar los derechos humanos de sospechosos, y la torpe intervención de gran parte de la prensa, de un sector del público y de parte de la familia de la víctima.

Hace cuatro años, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner declaraba “causa nacional” la protesta contra la instalación de fábricas de celulosa en Fray Bentos y les deseaba “fuerza y coraje” a quienes la impulsaban en Entre Ríos. El miércoles, su sucesora, Cristina Fernández, dijo rechazar la “metodología” del piquete y no descartó que el corte del puente internacional José de San Martín sea “ilegítimo”. Hace cuatro años, las medidas de lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú concitaban cierto consenso en esa ciudad, con el respaldo del gobierno nacional, el provincial y el local. Hoy continúan sin el apoyo de Fernández, del gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, ni del intendente Juan José Bahillo, mientras numerosas voces se alzan allí contra el bloqueo.