Marcelo Jelen

Cierta pereza de la ciudadanía parece explicar buena parte de los defectos del sistema político uruguayo. O al menos eso han sugerido por estos días encumbrados dirigentes partidarios: a “la gente” no le gusta votar, según ellos. “La gente siente que no puede haber cuatro actos eleccionarios en ocho meses. Comprendo el hastío y el cansancio que la gente tiene”, dijo el ex presidente Tabaré Vázquez. “A uno le daba hasta vergüenza ir a un acto, porque la gente ya no quería más nada”, dijo la primera senadora oficialista, Lucía Topolansky. “Creo que la gente no aguanta estar votando tanto tiempo, con el país parado”, dijo el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. “No hay motivación en la gente. Cuesta convocarla a un acto político. Hay un hartazgo en la gente”, dijo el senador blanco Jorge Larrañaga.

José Mujica dijo que deberá pagar un alto costo político por haber permitido, en la cumbre del martes de tarde en Buenos Aires, la investidura del ex presidente argentino Néstor Kirchner como secretario general de la Unasur sin votarlo, vetarlo ni abstenerse. Expertos en opinión pública calcularon la factura el miércoles de mañana, en una conferencia de la Asociación de Dirigentes de Marketing. “Kirchner es inmensamente rechazado en nuestro país”, sostuvo César Aguiar. “Fue un paso prematuro” y “una mala señal para la oposición”, agregó Óscar Bottinelli. “Es otra manifestación de ese innecesario tomar riesgos” habitual, según Adolfo Garcé, en Mujica.

Al final, la reunión del miércoles en Olivos no pareció muy amistosa. O los presidentes de Argentina y Uruguay se las arreglaron para ocultar sus afectos en la conferencia de prensa que brindaron luego. Cristina Fernández y José Mujica no intercambiaron palabras ni aceptaron preguntas de los periodistas. Estaban tensos, como contracturados. Hasta el escenario marcaba la distancia que aún separa a las partes, con tres interminables metros entre los micrófonos. El guión delineaba una relación signada por la conveniencia y no por el cariño.

El fallo emitido el martes por la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre la producción de celulosa en Fray Bentos es “definitivo, inapelable y obligatorio para las partes”. O sea, para el Estado demandante, Argentina, y el acusado, Uruguay. El dictamen no obliga a nada a la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, ni a la compañía papelera finlandesa UPM.

A todo martes 13 le sigue un miércoles 14. Y si cae en abril, como sucede una vez cada siete años, más o menos, puede resultar un 14 de miércoles. Pasó esta semana. El martes 13, el presidente José Mujica evaluó a través de la radio M24 que “la verdadera garantía” para la democracia “es que sus cuerpos armados” la “cuiden y respeten” en “grandes momentos de tensión”. El 14 de miércoles, al homenajear a “los caídos en defensa de las instituciones”, el general retirado y dirigente colorado Raúl Mermot, ex comandante del Ejército, consideró que algo así hicieron las Fuerzas Conjuntas el 27 de junio de 1973, “para evitar que la insurgencia” formada por “iluminados adoctrinados en el exterior” (entre ellos el actual jefe de Estado y gobierno) lograra “su objetivo de alcanzar el poder por las armas”.

Hace dos años, el entonces senador José Mujica propuso esto: “Si un muchacho se pichicatea, hay que agarrarlo del forro y meterlo en una colonia, sacarle el vicio a prepo”. La respuesta del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, fue: “Pepe, por favor, cuando hables de estas cosas, que son complicadas y en las que todo el mundo se cree director técnico, llamanos por teléfono”.

Un día sí y otro también, cronistas televisivos entrevistan a aterrados comerciantes que han sufrido el enésimo robo. A veces, las cámaras de seguridad captan copamientos u operaciones relámpago a mano armada. A veces, el móvil de prensa espera en la puerta. Las víctimas comienzan narrando sus desventuras y con frecuencia terminan gritando. Algunos hasta lloran. Imploran por la intervención de las autoridades. Más policías en la calle y en la puerta de sus negocios, razzias, castigos más duros, imputabilidad para los menores de edad, pena de muerte. O se comprometen a ejercer la injusticia por mano propia. O la promueven.

El fiscal alemán Ulrich Maas pidió el martes 2 en Aquisgrán la cadena perpetua para Heinrich Boere, de 88 años, por el asesinato a sangre fría de tres integrantes de la resistencia en la Holanda ocupada, en 1943 y 1944. Otro tribunal procesa en Munich a John Demjanjuk, de 89, acusado de cómplice en la muerte de casi 30 mil judíos en el campo de concentración polaco de Sobibor, en 1943.

Pasaron 25 años desde el fin de la dictadura cívico-militar y lo jurídico sigue mezclado con lo político, en una indigesta sopa, cuando se trata de afrontar los crímenes cometidos por ese régimen. Los partidarios de imponer y de mantener la impunidad han usado un sinfín de excusas disfrazadas de argumento. Las confusiones nacen de la peculiar fórmula con que el Poder Ejecutivo, la mayoría parlamentaria y una mayoría circunstancial de la ciudadanía pretendieron saldar el asunto (o barrerlo debajo de la alfombra) en la presidencia de Julio María Sanguinetti.

Es una suerte que la presidencia de Tabaré Vázquez se termine. Y no porque haya sido mala: a pesar de los agoreros, tuvo más claros que oscuros. Ni siquiera el periodista más viejo de la diaria debe de tener recuerdos de un gobierno mejor que éste. Lo bueno de que se acabe es que Vázquez entregará el cargo a un sucesor elegido por la ciudadanía en las urnas, como en cada 1° de marzo de todos los años múltiplos de cinco desde 1985. La democracia y la república han sobrevivido y gozan de buena salud.

El socialista Daniel Martínez se negó a volver al Ministerio de Industria el 3 de diciembre, cuatro días después del triunfo electoral de José Mujica, porque su partido lo postuló a intendente de Montevideo. La comunista Ana Olivera aceptaba por esas mismas horas la cartera de Desarrollo Social. Ahora, no muchas semanas después, Martínez se quedó sin gabinete y sin intendencia. Olivera, en contraste, festejó en el Plenario Departamental del Frente Amplio su consagración como candidata única a jefa del gobierno capitalino.

La amenaza de inhabilitación vitalicia que pende sobre el basquetbolista Nicolás Barrera por haber fumado porro cayó de sorpresa. Sin embargo, el decreto que ordena el destierro de las canchas de un deportista reincidente en el uso de sustancias prohibidas data de 2005, cuando el gobierno de Tabaré Vázquez llevaba apenas seis meses. Muchas voces se alzan hoy para cuestionar la sanción por excesiva. Pero en estos cuatro años y medio reinó el silencio al respecto, a tal punto que Uruguay propuso en 2007 al Congreso Internacional Antidopaje incluir el alcohol entre las denominadas “drogas de abuso”, como la marihuana y la cocaína.

El Poder Ejecutivo se decidió, por fin, a ponerle el cascabel a uno de los gatos más quejosos del país. El proyecto de ley que prevé un mínimo de producción nacional para la programación de radioemisoras, canales de televisión y salas de cine, ya es objeto de estudio del Parlamento, tras un intenso debate público que animaron en este período funcionarios, legisladores y dueños de medios de comunicación a través de sus voceros.