Valeria España

La intencionalidad de paliar los efectos de la guerra en Siria en la medida de las posibilidades de un país como Uruguay, que retumbó con fuerza el año pasado, hoy se desvanece entre la burocracia, la falta de institucionalidad, la ausencia de voluntad política y la negligencia.

¿Qué diferencia existe entre el ataque a los estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa y los más de 30.000 homicidios de los últimos años? Hay muchas respuestas, pero señalo una específicamente: la fuerza con que el mundo ha desnudado la mentira que se ha querido vender por tantos años, la ilusión del México moderno, democrático, de instituciones.

Las fojas leídas no dejan lugar a dudas: ustedes [Señores ministros José Balcaldi y William Corujo] fallan a favor de los explotadores, de los hombres que disfrutan de tener sexo con niñas, de aquellos que invocan como justificación el consentimiento de las víctimas entre engaños y regalos de todo tipo, incluyendo la provisión de alimentos (por si quedaba en duda la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas explotadas).

Un día como el de ayer, pero de 2008, se reunió por primera vez el Consejo de Salarios-Grupo 21, espacio de negociación sobre las condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas. La movilización de las trabajadoras domésticas remuneradas es una lucha por el reconocimiento del ejercicio de su ciudadanía, en un contexto signado, todavía, por la exclusión de miles de mujeres del ejercicio de sus derechos.

Con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, el fantasma de la inconstitucionalidad volvió a tocar a la puerta de la escena política. Más allá del análisis del articulado de dicha ley -su discutida adecuación al ordenamiento nacional y el debate pendiente sobre las implicaciones de pensar soluciones a determinadas problemáticas mediante el aumento de penas, sin problematizar la importancia de un “derecho penal mínimo”-, resulta pertinente reflexionar en torno al uso de la hermenéutica jurídica como estrategia de la oposición, ante iniciativas legislativas que logran consolidarse, entre otras razones, por la existencia de mayorías parlamentarias frenteamplistas.

El 23 de marzo de 1994 asesinaron a Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México. Han sido veinte años de continuidades: de neoliberalismo, de pobreza, de violencia sistemática, de impunidad, exclusión social y desesperanza. Sabemos que uno de los instrumentos fundamentales de la geopolítica son los medios de comunicación. En el caso mexicano las principales plataformas no dan cuenta de la emergencia que vive el país, con miles de estudiantes, periodistas y defensores de los derechos humanos desaparecidos, perseguidos y asesinados, el impacto del trasiego de armas desde Estados Unidos, los feminicidios que trascienden Ciudad Juárez, el tráfico de migrantes, la narcopolítica, la vigencia dolorosa de los reclamos zapatistas.

Uruguay es un país adultocéntrico. Esta afirmación también incluye la dimensión patriarcal, si consideramos que el patriarcado no se limita a la opresión de las mujeres y se deriva también de otras relaciones de dependencia desigual. Las estructuras más tradicionales, como los partidos políticos y la academia, son espacios donde los “viejos sabios” siguen definiendo qué y cómo se hace. A veces resultan impenetrables; la resistencia a los cambios y el desincentivo permanente pueden llegar a ser asfixiantes.

Reflexionar sobre el modo en que se han construido los sentidos comunes en torno al fenómeno migratorio nos permite dar cuenta de que, a pesar de la percepción que se tiene en Uruguay de la apertura ante la inmigración, es posible que exista una mirada selectiva -de miedo y exclusión- ante los “rostros de la migración” alejados de la estética dominante, es decir los no europeos, el fenotipo no blanco.

Varios medios de comunicación dieron a conocer el sentimiento de sorpresa que le causó al doctor Jorge Larrieux, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tomar conocimiento de la mención del traslado de la jueza Mariana Mota en el informe nacional presentado por Uruguay el 29 de enero, en el marco de la 18ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El sentir del ministro, sin un antecedente o explicación previa, genera en principio algunas interrogantes.

La intención es compartir un interrogante que tengo después de años de conocer tantos casos de personas que tienen la posibilidad económica de tener más de tres propiedades en barrios como Punta Carretas, Pocitos o Carrasco, en Punta del Este o José Ignacio, en Miami o Europa, que juegan al golf, asisten a eventos glamorosos en diferentes países, invitados por jefes de Estado, son políticos, diplomáticos, dirigen empresas de diversos rubros, son titulares de prestigiosos despachos de abogados, pero no están dispuestos a pagar lo que le corresponde a “su personal de servicio”.