La comisión de expertos que convocó el gobierno para avanzar en la reforma previsional –con 15 miembros, que representan a los partidos políticos y sectores sociales– se reunió este miércoles y volverá hacerlo el viernes, en la última reunión antes del plazo límite para la presentación del informe diagnóstico del sistema. Las distintas delegaciones se encuentran analizando el último borrador, entregado el domingo, y por estas horas definen si acompañarán o no el diagnóstico, que se encamina a ser aprobado por mayoría.

Aparte de los nueve votos del oficialismo –hay dos representantes del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto (CA), el Partido Independiente y el Partido Nacional, tres del gobierno más el presidente de la comisión, Rodolfo Saldain–, la delegación empresarial no tiene “grandes objeciones” al documento diagnóstico, mientras que el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) tienen diferencias.

“El diagnóstico está casi terminado, quedan algunos ajustes de redacción”, comentó una fuente. El viernes se votará y deberá ser entregado antes del 20 de marzo a la Prosecretaría de la Presidencia y la Asamblea General, según dispuso la ley de urgente consideración (LUC), que fijó las reglas de este proceso. Un posterior decreto estableció que se buscará que las resoluciones de la comisión en primera instancia sean por consenso, y de no lograrlo se podrá aprobar por mayoría de nueve votos.

Luego de tener el diagnóstico del sistema previsional, la comisión de expertos comenzará la segunda etapa, que consiste en hacer recomendaciones para la reforma en función de la evaluación realizada. Posteriormente, el Poder Ejecutivo elevará un proyecto de ley al Parlamento y el tema pasará a debatirse en el ámbito legislativo.

FA: “Subsisten las diferencias de fondo”

Una de las delegadas del FA en la comisión, Jimena Pardo, economista especializada en temas previsionales, explicó a la diaria que el grupo interno que creó la fuerza política para trabajar este asunto se encuentra analizando el último borrador entregado por Saldain. Antes del viernes, este colectivo dará su opinión y los órganos políticos de la coalición de izquierda analizarán la posición que llevará el FA a la comisión de expertos.

“No hay una posición definida ni tomada orgánicamente, porque aún está el proceso de análisis. Igualmente, en la última versión [en referencia al borrador entregado el domingo] subsisten las diferencias de fondo, que el FA analizó en el documento del 4 de marzo”, señaló Pardo.

En esa fecha, la fuerza política emitió una declaración en la que señaló que “en el borrador de diagnóstico no termina de resultar claro cuáles son los objetivos que se pretenden del sistema y en qué medida se están logrando concretar o no”, y el análisis “tiende a orientarse principalmente al fenómeno de sostenibilidad financiera”. Además, la oposición planteó diferencias en la valoración que se hace de los cambios normativos efectuados a nivel del Banco de Previsión Social (BPS) por los gobiernos del FA, así como en aspectos vinculados a las AFAP y la Caja Militar.

El exministro de Trabajo y delegado ante la comisión de expertos Ernesto Murro dijo días atrás: “El Poder Ejecutivo y la coalición cargan todo en que se debería centrar el análisis casi exclusivamente en la sostenibilidad financiera, y nosotros creemos que importa la gente”.

Otra fuente del FA comentó que la oposición “avisó con anterioridad” al oficialismo que no compartía varios puntos y el enfoque del diagnóstico, y si bien en el último borrador se incorporan algunos planteos –por ejemplo, los aspectos vinculados al género y los impactos que sufre la población femenina en la jubilación–, no se deja en claro que se trata de prioridades para la futura reforma ni cómo se encararían los cambios. Esto, sostienen desde el FA, se da en contraste con aspectos asociados a lo financiero, donde sí se ponen esos énfasis, como al proponer revisar las jubilaciones por invalidez o las actividades que tienen aportes bonificados.

Además de “contemplar la necesaria sustentabilidad financiera”, se debe atender los aspectos sociales del régimen jubilatorio, en busca de “dar cobertura a los colectivos más vulnerables”, señalan desde el FA. Si el informe diagnóstico no contempla estos aspectos, “está rengo, porque es una cuestión de fondo”, graficó el informante.

La posición de las delegaciones sociales

La delegación empresarial aún no culminó la elaboración de una posición conjunta entre la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Cámara de Industria del Uruguay y otras gremiales. Sin embargo, una fuente del sector adelantó que “no hay grandes objeciones ni observaciones que contradigan al documento” que presentó Saldain.

Días atrás, Juan Martínez, presidente de la CCE, dijo a la diaria que había “varios puntos coincidentes” con la evaluación del gobierno, y que el sector empresarial pretende “la unificación de criterios para todo el sistema”: equiparar las condiciones y beneficios jubilatorios de los regímenes especiales al general.

A su vez, la posición que llevará el PIT-CNT a la comisión ha venido siendo discutida en el Secretariado Ejecutivo y una fuente aseguró que el voto será contrario al diagnóstico del gobierno. Hay diferencias con la evaluación del régimen de AFAP y la Caja Militar, además de que la central sindical defiende la ley de flexibilización jubilatoria de 2008 –cuyos efectos son cuestionados en los distintos borradores que presentó Saldain– y la necesidad de buscar nuevas fuentes de financiamiento para el régimen previsional.

Por su parte, el director del BPS en representación de los jubilados, Sixto Amaro, informó que la Onajpu definió su posición y la dará a conocer luego de la votación del viernes. Igualmente, señaló que “hay coincidencias ahora e históricas” con el PIT-CNT en la visión sobre la seguridad social: “No debe verse como un gasto sino como un derecho humano fundamental y debe estar al servicio de la gente”.

Delegado de CA no descartó “ajustes” en la Caja Militar

Alberto Lacassy –contador que trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional como asesor de la Caja Militar– es el delegado designado por CA para la comisión de expertos y dijo a la diaria que tras “un trabajo intenso” en el ámbito técnico se logró “un diagnóstico completo de todo el sistema de seguridad social”. En virtud de esto, adelantó que acompañará el informe en el que ha venido trabajando la comisión.

“Los consensos no siempre son posibles, pero creo que en líneas generales hay muchísimos aspectos en los cuales hay acuerdo. Sucede que hacer la aprobación del diagnóstico [por consenso] es complejo, porque de pronto hay integrantes de delegaciones que no están en condiciones de suscribir todo”, expresó ante la posibilidad de que parte de los miembros de la comisión no acompañen el documento.

En respuesta a las críticas del FA, Lacassy sostuvo que el diagnóstico no tiene un enfoque “economicista” y que “son indisolubles” los aspectos financieros y sociales del régimen previsional. “Si todos los sistemas fueran superavitarios y no hubiera un gasto creciente, no estaríamos reunidos trabajando intensamente para ver una reforma”, agregó.

Respecto de la situación de la Caja Militar y la posibilidad de que se reforme este subsistema –que tuvo sus últimas modificaciones en 2018, cuando el FA votó una ley que evalúa insuficiente y cuyos efectos cuestionó el Ministerio de Defensa semanas atrás—, el delegado de CA manifestó: “El gasto hoy del servicio militar es elevado, y eso surge claramente del diagnóstico. No descarto que haya para realizar ajustes a pesar de que recientemente fue reformada, en la medida en que va a haber cambios en el resto de la seguridad social. La reforma será integral y existe un efecto arrastre imprescindible [hacia la Caja Militar de las medidas que se tomen sobre el régimen general] para que tenga coherencia”.