En una dura reunión, sindicatos de la educación y Codicen abordaron situaciones de violencia en centros educativos e inicio de clases

Este lunes y durante dos horas, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) recibió a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). El intercambio, que por momentos fue duro, se refirió principalmente a distintas situaciones por las que los sindicatos entienden que se está dando un comienzo de clases “caótico”. Entre esos temas estuvieron distintas situaciones de violencia que se están registrando en centros educativos y sus entornos.

José Olivera, coordinador de la CSEU, dijo al salir de la reunión que en la última semana los sindicatos estuvieron “muy atentos a un conjunto de situaciones que se dieron en distintos puntos del país”, más allá de que la que más haya trascendido sea la que se vivió en las inmediaciones de los liceos 4 y 5 de la capital. En ese sentido, manifestó “una enorme preocupación por cómo se abordan estas situaciones” y, concretamente, manifestó que “hay una sensación de dificultad”, principalmente “por falta de recursos”.

El coordinador de la CSEU analizó que los episodios de violencia tienen que ver con “un problema estructural que atraviesa la sociedad” y “repercute en la vida de las instituciones educativas”, por lo que reclamó “un abordaje integral” del tema. Al respecto, consideró que en dicho abordaje debería participar la ANEP, pero también otros organismos del Estado que tienen a su cargo políticas públicas y manejan recursos que deberían contribuir a generar buenos climas de convivencia.

Olivera planteó que “no es un problema exclusivamente de seguridad que se solucione con policías” y que “claramente la ANEP tiene algunos déficits importantes”. Complementó lo anterior afirmando que estos fueron señalados desde el retorno a la presencialidad y que se trata principalmente de “problemas en el vínculo entre los estudiantes” y de “problemas de salud mental”, pero lamentó que “los recortes presupuestarios no permitan tener todos los recursos que se requieren para la formación de equipos multidisciplinarios”.

Por su parte, Juan Gabito, integrante del Codicen designado por el gobierno, al salir de la reunión lamentó “el hecho tristísimo del suicidio de un estudiante que fue cometido en el ámbito de su hogar, pero que podría tener vinculación con situaciones de bullying”. Según dijo, eso tiene que ser abordado en el centro educativo, ya que los profesores de las distintas materias “no pueden seguir con su clase normalmente”. En la misma línea de los protocolos con los que cuenta Secundaria para abordar estos casos, sostuvo que “lo primero que hay que hacer es hablar de esto, porque hay que respetarnos entre nosotros y recuperar la dignidad del ser humano”. En ese sentido, el consejero entendió que los distintos episodios que se vivieron en el liceo Zorrilla implican una vulneración de derechos humanos “en su forma más cruda”.

Si bien consideró que “la seguridad en el entorno del liceo no le compete a la ANEP”, entendió que “obviamente el sistema educativo tiene que asumir su responsabilidad” ante los episodios de violencia. Para fundamentarlo citó el artículo 71 de la Constitución, “que plantea que en todos los centros de enseñanza hay que atender primordialmente la formación moral y cívica de los educandos”, planteó Gabito.

En suma, reclamó “un sinceramiento de todo el sistema”. “También se dice que estas personas [que generaron los hechos de violencia] no eran del liceo, pero tampoco son de otro país; hasta ayer nomás habían sido escolares o liceales”, analizó. Si bien el consejero descartó un vínculo directo entre los episodios que se dieron en distintos puntos del país, indicó que “claramente hay un vínculo por la comunicación a través de las redes” y que “hay mucho de imitación y de convocatoria”.