El caso Jonathan Correa: años de violencia, desigualdad, omisiones y descoordinación del Estado

A Jonathan Correa lo mató su padre después de una de las tantas palizas que le daba de forma cotidiana. Esta vez la excusa fue que no había sacado de su casa a unos cachorros de perros pitbull que la familia criaba para aportar a sus menguados ingresos. La golpiza ocurrió antes de dormir y el fallecimiento se consumó durante la madrugada. Al constatarlo, el agresor –su propio padre– tiró el cuerpo del adolescente de 15 años a la cañada que corre por enfrente de la precaria casa de la calle costanera que tiene el nombre de Aurelia Viera, una maestra que encontró su lugar en la escuela pública en tiempos de la reforma vareliana.

“Hay tantas lesiones internas que la forense no pudo constatar bien dónde había iniciado el sangrado”, dice el informe leído en la audiencia de imputación de su padre. La Escuela Técnica de Flor de Maroñas, a la que Jonathan concurría, se había percatado de la violencia y activó los protocolos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en noviembre. Poco después terminaron las clases, que retomaron en marzo y el adolescente inició. Según dijeron fuentes de la ANEP a la diaria, al ver que la denuncia no había tenido tratamiento, desde la UTU se había comenzado a monitorear la situación.

Si el tema generó consternación y rabia en la opinión pública nacional, en Flor de Maroñas y Parque Guaraní esos sentimientos se multiplican por mil. La Mesa de Coordinación Zonal Flor de Maroñas, en la que participan vecinos, organizaciones e instituciones educativas de la zona, se reunió el lunes, días después del asesinato, para comenzar a procesar lo ocurrido. Además, se han convocado distintas manifestaciones espontáneas, como una que se realizó el sábado en el Intercambiador Belloni o la del viernes en la plaza Flor de Maroñas. El domingo también está convocada una manifestación en la plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, para marcar lo evidente: a Jonathan lo mató su padre, sí, pero también la inacción del Estado.

Según pudo reconstruir la diaria con base en testimonios de vecinos e integrantes de instituciones educativas del barrio, la familia de Jonathan está atravesada por décadas de violencia y vulneraciones de derechos. El clan tiene su origen en 15 hermanos que fueron teniendo hijos y por eso es tan frecuente ver en los medios declaraciones de distintas tías o primas del adolescente asesinado.

Una parte de la familia se la ha pasado transitando entre la precariedad, la informalidad laboral y la delincuencia. En el caso de su padre, cuenta con anotaciones penales desde los 12 años y fue denunciado dos veces por violencia de género por la madre de Jonathan. En 2024, la última vez, cuando fue a buscar a su hijo a la escuela estando visiblemente golpeada, desde el centro educativo hablaron con ella y decidió hacer la denuncia. La Justicia dispuso medidas cautelares por 180 días, sin tobillera ni custodia policial.

Según varios vecinos del barrio, Jonathan y su familia vivían en una precaria y pequeña vivienda, que en el mismo predio tiene otras casas linderas del mismo tipo. “El cantegril”, como hace años llamaban en el barrio a esa serie de casas, fue empeorando con el correr de los años y, por ejemplo, se le fueron incorporando varias carpas con personas en situación de calle, algunos de ellos de la propia familia. Una muestra del agravamiento de la precariedad es que la propia calle se ha ido poniendo más angosta a causa de distintos objetos que desde la vereda se acumulan y que, muchas veces, terminan siendo quemados. A causa de varias dificultades para la convivencia y por varios robos que han sufrido los vecinos, han presentado cartas a la Intendencia y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para abordar la situación, pero no han recibido ninguna solución satisfactoria.

Una vecina de unas viviendas cercanas afirma que hay días en los que no puede abrir la ventana, porque, de lo contrario, la quema de cables o neumáticos le llena de humo su apartamento y tiene miedo de intoxicarse. Desde esa misma ventana, un par de días antes del asesinato de Jonathan, vio que, en lo que parecía ser un allanamiento, la Policía estuvo presente en otra de las casas linderas a donde ocurrió el homicidio. Luego de ver el cuerpo de Jonathan siendo retirado de la cañada, días después no deja de pensar en ese accionar policial, que, según entiende, podría haberle salvado la vida. Fuentes del Ministerio del Interior (MI) consultadas por la diaria señalaron que en los días previos no se registró ningún allanamiento en el lugar.

Jonathan, una “mosca blanca”, su tristeza y la preocupación por su hermana

Días antes del asesinato, una vecina que iba en bicicleta por la misma calle en la que vivía el adolescente divisó a dos mujeres que salieron corriendo del lugar y vio que una de ellas tenía un arma de fuego en la mano. En el momento, quedó congelada y recuerda a una pareja que, al ver la escena, tapaba como podía a un niño que estaba con ellos.

El contexto de violencia viene en aumento en la zona y una muestra de ello son las ráfagas de disparos que varios vecinos vienen sintiendo en las últimas noches. Se siente una ráfaga de un lado del barrio y luego una del otro, como si fuera una contestación, afirman.

Además, saben de familias que a pocos metros de donde murió Jonathan están siendo desplazadas. Según denuncian, personas armadas se les presentan a mitad de la noche para exigirles que les entreguen sus casas. Por eso, varios vecinos han tenido que mudarse de un día para el otro y así tener que empezar de cero. En el caso de las familias con niños y niñas, se siente su falta en los centros educativos del barrio, que han sabido de varios traslados por este motivo.

Lucía Rodríguez, hoy ya jubilada, fue directora de la escuela del barrio a la que asistió Jonathan y lo recuerda como un niño “muy triste”, pero muy buen alumno. Siempre preocupado por su hermana, cuando ella iba al CAIF, Jonathan preguntaba en el comedor de la escuela si podían guardarle algo de comida para llevarle a ella una vez que volviera a su casa.

Si bien se ha dicho que desde el sistema educativo se presentaron varias denuncias previas de violencia, en la escuela únicamente realizaron una derivación médica porque desde muy chico Jonathan se autolesionaba. Sin embargo, el seguimiento dependía de sus padres y nunca dieron a la escuela mayores detalles.

Rodríguez participa de la Mesa de Coordinación Zonal, que comenzó a funcionar más de una década atrás en el marco de los hoy extintos Servicios de Orientación y Consulta Territorial (Socat) del Mides. Quienes participan de ese espacio y conocieron a Jonathan afirman que era “una mosca blanca” en la familia y que era de los pocos que manifestaba interés en el estudio y quería mantenerse alejado de cualquier ámbito delictivo.

Ahora, quien preocupa sobremanera a la organización vecinal es la hermana, que tiene 9 años y tiene obesidad mórbida, por lo que necesita seguimiento médico. Por si fuera poco, la madre de ambos fue golpeada por vecinos que la acusaron de encubrir la violencia hacia Jonathan y se encuentra internada en un centro de salud.

En este contexto, desde el lunes la niña está al amparo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), igual que uno de sus primos. De hecho, una de las situaciones que aumentó aún más el enojo en la comunidad es que la escuela a la que concurre la niña no tenía información sobre su paradero y debieron apelar a contactos en el INAU para saber dónde estaba, ya que el fin de semana la abuela había dicho a varios referentes barriales que se quedaría con la tenencia de su nieta. “Si no averiguábamos, nos enterábamos por el informativo”, dijeron desde la mesa, y señalaron que están especialmente preocupados por que la niña pueda mantener sus “vínculos sanos”, que se daban principalmente en la escuela.

El rol del INAU

Consultado por la diaria, el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, señaló que las acciones de seguimiento que realiza la institución dependen de cada caso. En primera instancia, marcó que se evalúa qué es lo mejor ante las distintas situaciones y, en algunos casos, no es conveniente dar información sobre el paradero del niño. En el caso de la hermana de Jonathan, Fuentes señaló que ingresó a Puerta de Entrada el lunes de noche y durante el martes y el miércoles se fue conversando con ella y evaluando en qué situación estaba. Ahora, ya con una hoja de ruta más clara sobre su situación, la institución está evaluando cuál es el mejor centro para que ella pueda estar y, en función de cómo vaya transitando ese proceso, se evaluará su continuidad educativa.

Desde la Mesa de Coordinación Zonal Flor de Maroñas también marcan la falta que hacen algunos dispositivos territoriales –como el propio Socat– que se retiraron del barrio en el gobierno anterior. Al respecto, Claudia Romero, presidenta del INAU, acotó que en algunas zonas el instituto es parte de redes focales que se generan en algunos territorios en el marco del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia.

De todas formas, marcaron la diferencia del escenario actual con lo que ocurría antes de 2020, cuando al INAU ingresaban unos 20.000 oficios judiciales por año, número que en 2024 llegó a 70.000. “No digo que todo esté asociado al retiro de un servicio en el territorio, pero sí que había determinados proyectos que funcionaban en los barrios, generaban mecanismos de protección y evitaban que situaciones se terminaran judicializando y que terminaran sobrecargando a las instituciones que tienen que dar respuesta frente a casos de extrema gravedad”, indicó Fuentes.

Sobre la situación de fondo, las autoridades del INAU comparten el dolor y la indignación que generó el asesinato de Jonathan, sobre todo por distintos “avisos previos” que marcan que “no se llegó a tiempo”, dijo Romero. En la misma línea de lo que plantearon otras autoridades de gobierno luego de la primera reunión del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, la presidenta del organismo marcó que es necesario “asumir que el Estado no llegó a tiempo” y, por tanto, la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional con foco en “la vida de los gurises”. En ese sentido, dijo que en la reunión del gabinete “todas las instituciones sentimos que habíamos fallado”, contó.

Más allá de que no “deslinda responsabilidades de la situación”, en tanto es una institución que se encarga de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, Romero informó que el INAU no había tenido ninguna denuncia en la que actuar en el hogar del adolescente asesinado. Justamente, a partir del crimen es que el instituto tomó cartas en el asunto y comenzó a seguir de cerca la situación de la hermana y de su primo.

Lo que pasó en Fiscalía y en el Poder Judicial

Luego de que los protocolos de la ANEP se activaran y se radicara la denuncia por violencia a fines del año pasado, la Fiscalía de Violencia Doméstica de 2° turno, a cargo de Luis Pacheco, tomó el caso, debido a que estaba de turno durante esa semana de noviembre. 

La Policía informa a las fiscalías todas las novedades y denuncias que surgen en su turno, que, en el caso de las Fiscalías de Violencia Doméstica y de Género, es semanal. El fiscal de turno toma las primeras medidas y las más urgentes de manera verbal, ya que luego el caso se deriva al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía, que es el departamento que se encarga de asignar cada denuncia a la fiscalía que corresponda. 

La información que recibió Pacheco fue que el adolescente tenía raspaduras en las rodillas. El fiscal pidió a la Policía –que es auxiliar de la Fiscalía en la investigación– que indagara a la familia. Jonathan dijo ante la Policía que se había lastimado jugando al fútbol y la madre declaró no saber cómo se había lastimado. El padre, sin embargo, no fue interrogado. Con base en los testimonios recogidos, y ya que no se registraban denuncias por violencia doméstica contra Jonathan, el fiscal entendió que no había elementos para tomar otras medidas. 

El caso ingresó al DPA, pero no fue asignado a ninguna fiscalía. En la jerga judicial se dice que la causa “estaba libre” y esto no es una excepción. Hay casos que quedan en una suerte de limbo por mucho tiempo, y diversos actores del ámbito penal consultados para esta nota entienden que esto se debe al desborde del sistema, ya que llegan miles de denuncias al mes. Salvo las situaciones de urgencia, en muchos casos existe una demora entre que se hace la denuncia y se asigna un fiscal.

Sin embargo, la denuncia no fue solamente abordada por la Fiscalía. En todos los casos de violencia doméstica existe una doble intervención. Por un lado, se da cuenta al Juzgado de Familia, que es el encargado de adoptar medidas de protección o restricción –por ejemplo, que se le ponga una tobillera a la persona denunciada o que se disponga el seguimiento del caso por parte del INAU– y, por otro, se informa a la Fiscalía y eventualmente un juez penal determina si existió o no un delito. 

Desde el Poder Judicial informaron a la diaria que existe un acta que fue elaborada por la Policía, en la que consta que en noviembre se avisó telefónicamente a la jueza letrada de Familia Especializado de 4° turno, Rossana Re Fraschini, que dispuso que el INAU “aborde la situación”, se dé cuenta a Fiscalía y se eleven los antecedentes.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa el martes que se dispuso una investigación administrativa para “llegar a las últimas consecuencias”. Fuentes del MI dijeron a la diaria que, tras recibir el llamado de la jueza, la funcionaria policial que realizó anotaciones sobre el caso escribió que la Justicia dispuso que se “aguarde” para dar cuenta al INAU de la situación, en vez de que se “aborde” la situación, como había dicho la jueza, y que ese error podría explicar por qué la Policía no se comunicó con el instituto.

La necesidad de una mayor coordinación interinstitucional

Más allá del caso puntual que tanta bronca e indignación generó, en la misma línea que han planteado otros actores, las organizaciones e instituciones barriales de Flor de Maroñas entienden necesario discutir a fondo el sistema de protección de infancias y adolescencias. Desde la Mesa de Coordinación Zonal dieron varios ejemplos de casos en los que el sistema educativo denuncia una situación de violencia, pero luego la respuesta no llega en los tiempos esperados, o no se da una buena comunicación con el INAU. Entre otras cosas, marcaron que eso lleva a que los niños sientan que la escuela no es un lugar seguro y, por lo tanto, aprenden a adaptar su discurso para que el maltrato pase desapercibido.

Por ejemplo, actores de una de las escuelas de la zona dijeron a la diaria que, más recientemente, llamaron a una oficina administrativa del INAU para preguntar sobre el cumplimiento de una disposición judicial que establecía que un equipo del instituto debía dar seguimiento a la situación de un niño, pero les respondieron que había una “lista de espera” de 85 casos. De esa forma, el niño siguió viviendo con sus agresores y recién siete meses después el INAU resolvió la separación. “Si hubiera pasado una tragedia en esos meses, seguramente hubieran dicho que era un error técnico, porque a nadie le pueden decir que está en lista de espera, pero nosotros sabemos que los ponen en lista de espera”, dijo una docente de la escuela.

Consultada al respecto, una fuente de la ANEP señaló que el INAU prioriza la atención de los casos más graves y que la institución es sancionada si no cumple con el dictamen de la Justicia. Romero afirmó que “no puede haber demora” frente a una disposición judicial que dice que un niño debe pasar al amparo del instituto. Según dijo la jerarca, en algunos casos, cuando el niño está internado en un centro de salud, puede haber una demora en darle de alta mientras se busca cupo en algún centro. “Si vos tenés a un niño, niña o adolescente en el marco de una situación de violencia, siempre hay una institución del Estado que tiene que hacerse cargo cuando hay una resolución judicial que dice que no puede estar en el hogar”, dijo.

Desde la Mesa de Coordinación Zonal también recordaron el caso de un niño que, años atrás, quedó viviendo en una boca de venta de drogas y desde una de las escuelas del barrio solicitaron la judicialización de la situación. El niño, que cursaba sexto año, egresó de la institución y, por lo tanto, las docentes perdieron contacto con él. Cuatro años después llegó la notificación a la escuela de que el caso se iba a judicializar y para ese entonces el niño ya estaba muerto.

Distintas maestras consultadas afirmaron que los diferentes sistemas de información entre el INAU y la ANEP no están conectados. Por lo tanto, si desde un CAIF se tiene constancia de que un niño vive determinada situación de violencia familiar, se anota en el sistema del INAU, pero cuando pasa al jardín de la ANEP, esa información se pierde y son los equipos docentes los que deben volver a generarla.

En la reunión del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del jueves, este tipo de análisis estuvo sobre la mesa y, finalmente, se crearon tres grupos de trabajo que están previstos en la ley y uno de ellos refiere a distintas situaciones especiales que se generan y que exceden a la actuación de cada institución por separado. Además, se dispuso la revisión de todos los protocolos institucionales en casos de violencia. La idea es “romper con la burocracia del sellito”, dijo a la diaria uno de los jerarcas participantes de la reunión.

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