Este viernes la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio que tiene como objetivo principal recopilar y sistematizar información sobre aquellos jóvenes bajo la órbita de Inisa que estén vinculados a la educación obligatoria.

Con este convenio, según explicó Jaime Saavedra, presidente del Inisa, se buscará obtener datos actualizados para abordar la deserción educativa y mejorar las estrategias de inclusión socioeducativa.

En cuanto a la modalidad de trabajo para la efectividad del convenio, se espera que el Inisa aporte el acceso a información sobre los centros de inclusión social, sumado a la designación de referentes institucionales para acompañar el proceso en territorio. Por su parte, la ANEP será quien aporte los equipos técnicos encargados de la sistematización de la información y quien realice una devolución con los resultados obtenidos.

A su vez, se explicó durante la jornada que será el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) quien evaluará la situación de los adolescentes que se encuentran en privación de libertad, mientras que ANEP lo hará con quienes tienen medidas no privativas.

Durante la jornada, se hizo referencia al último censo sobre población adolescente privada de libertad y capacidad de respuesta del Inisa, difundido el jueves. En particular, se enfatizó sobre la continuidad “preocupante” del panorama educativo, donde se data que el 85% de los jóvenes privados de libertad que forman parte del Inisa no terminó el ciclo básico.

Estos mismos datos fueron los registrados en 2018, según explicó Saavedra, lo que evidencia la necesidad de mejorar las propuestas educativas. A su vez, Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, reforzó esta idea y dijo que “cualquier gurí que haya tenido conflicto con la ley penal, evidencia la falta de trabajo o de instrumentos cuando transitó por el sistema educativo”.

Caggiani también planteó que no existe un “problema de asistencia” por parte de los jóvenes a clase, sino de la propuesta educativa que se formula, ya que no existe un inicio de clases el primero de marzo ni un fin de clases en diciembre, el comienzo o fin de la instancia educativa ocurre cuando los jóvenes ingresan o egresan de la órbita del instituto.

A su vez, durante la jornada también se planteó la necesidad de encontrar mayores mecanismos que permitan abordar situaciones como el alquiler o el desempleo, y que ofrezcan rutas de salida para estos jóvenes.

Para finalizar, Saavedra dijo en rueda de prensa que actualmente “los chiquilines [a cargo del Instituto] están haciendo una cantidad de cosas formidables” y recordó que se están ofreciendo diversas actividades educativas y formativas como cursos de albañilería, soldadura y herrería en la Colonia Berro, además de proyectos con la Liga Universitaria y cursos a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).