Violencia obstétrica: expertas plantean necesidad de “transformar” prácticas en la atención de la salud durante el embarazo, parto y puerperio

Definir la violencia obstétrica es una tarea difícil por las múltiples dimensiones y diferentes situaciones en las que puede manifestarse. La ley 19.580 de violencia basada en género la define como “toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer, que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos”. Sin embargo, para diferentes colectivos feministas y organizaciones sociales vinculadas a la atención en salud, esta definición deja por fuera aspectos fundamentales como el abuso de medicalización, la patologización de los procesos reproductivos y sexuales de las mujeres y formas específicas de maltrato por parte de profesionales de la salud que pueden considerarse violentas.

Ante la necesidad de profundizar en estos aspectos, el colectivo Gestar Derechos organizó un conversatorio para reflexionar sobre los avances y obstáculos en materia de violencia ginecológica y obstétrica en Uruguay. La charla contó con la participación de la directora de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas, la trabajadora social e investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la Universidad de la República, Natalia Magnone, y la abogada e integrante de Mujer Ahora, Marina Morelli, quienes han abordado estas situaciones de violencia desde diferentes espacios y áreas de trabajo.

El camino recorrido

Las reivindicaciones de los feminismos y organizaciones sociales por los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y el reclamo por un trato “digno, humanizado y respetuoso” durante el embarazo, el parto y puerperio no son nuevos. De hecho, desde la década de 1980 constituyen una preocupación y un motivo de lucha permanente en el país, recordó Abracinskas al comienzo de su exposición.

Desde entonces, feministas y activistas han trabajado en la promoción de una “atención integral” de la salud de las mujeres y su reconocimiento como “sujetas de derechos, capaces de decidir con autonomía sobre sus procesos reproductivos”. Han planteado además “cómo la capacidad de gestar fue y es un eje de dominación, control y reducción” de los derechos de las mujeres a “pura y exclusivamente la atención de su condición de reproducir la especie humana”, señaló Abracinskas.

Entre los avances logrados a lo largo de cuatro décadas, la activista destacó la creación en 2007 del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU, que significó un hecho destacado en el seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en materia de salud y género. Abracinskas dijo que, desde su puesta en funcionamiento, el observatorio se ha encontrado con “avances, obstáculos y vacíos que cuestan mucho corregir”.

La directora de la organización aseguró que una de las manifestaciones de violencia obstétrica que se ha mantenido en el tiempo son las “resistencias” de profesionales de la salud a brindar una atención “integral, respetuosa y acorde a las características” de la paciente. “Todavía hay una dificultad para entender que el rol del profesional no es imponer, tutelar ni maltratar sino, fundamentalmente, garantizar las condiciones y los servicios que requiera la persona que tiene enfrente”, dijo.

“El maltrato y la concepción de que las mujeres somos seres tontos o subordinados que pueden ser maltratadas, ninguneadas, no escuchadas y no respetadas, aún es habitual en la práctica de muchos los servicios que hemos monitoreado en todos estos años”, manifestó. No obstante, reconoció que existen equipos de salud que han contribuido y contribuyen a una buena atención y apuesta a políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva.

El panorama actual

Para MYSU, en 2020 hubo dos grandes “alertas” que se sumaron y profundizaron estos problemas estructurales. Por un lado, el cambio de gobierno y la asunción en el poder de una coalición de partidos políticos que “en su mayoría, históricamente han votado en contra de proyectos de ley y leyes en materia de salud sexual y reproductiva”. Asimismo, Abracinkas recordó que, a pocos meses de asumir, el presidente Luis Lacalle Pou declaró que su gobierno tiene una agenda “provida”. Según la titular de MYSU, esta declaración habilitó a “una cantidad de profesionales” a “volver a prácticas políticamente incorrectas, concepciones de maltrato y atención irrespetuosa”.

Por otro lado, la llegada de la pandemia de la covid-19 supuso que en los servicios de atención gineco-obstétricos se postergaran consultas y se dilataran exámenes. Además, a muchas mujeres se les prohibió concurrir acompañadas a las consultas y tener compañía durante el parto. A su vez, entre 2019 y 2020 se “duplicó la tasa de mortalidad materna” e incrementaron las “cesáreas innecesarias”, señaló Abracinskas, y añadió que en algunos prestadores de salud el porcentaje de este tipo de intervenciones alcanzó el 70%.

Todos estos impactos habían sido alertados y denunciados por MYSU y otras organizaciones ante el Parlamento, el Poder Ejecutivo y la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero no hubo ninguna respuesta, dijo la activista.

“En MYSU estamos preocupadas porque hay un debilitamiento de lo que habíamos avanzado en la atención integral de todos los requerimientos y no reducirla a un aborto, parto o puerperio”, expresó Abracinskas. “Hay una pérdida de calidad, deterioro, retroceso, no hay prevención, no hay preocupación, no es prioridad y no hay recursos destinados a estas políticas”, añadió; “el escenario es complicado”.

En la misma línea, Magnone señaló que la pandemia profundizó una situación que ya era grave. La investigadora se refirió a los datos que surgieron de la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones que registró en 2019 que 17,4% de mujeres habían padecido alguna manifestación de violencia obstétrica. Para la elaboración del estudio se consultó a las mujeres si habían atravesado situaciones violentas como obligación de parir en posiciones incómodas, aplicación de medicamentos o intervenciones sin ser informadas, prohibición del acompañamiento, comentarios ofensivos y humillantes de parte del personal de la salud, demoras en la atención e impedimento de cargar y amamantar al bebé.

Fue la primera vez que esta encuesta incluyó mediciones de violencia de género en el sistema de salud, concretamente durante el parto pero también en el marco de un proceso de interrupción voluntaria del embarazo.

El trato en el sistema de salud

Magnone sostuvo que, desde el aspecto biomédico, en el período prepandemia no existía un problema de morbimortalidad materna, sino que la preocupación apareció −y está presente− cuando se profundiza en las experiencias de las mujeres. “Hay un dato que es inefable e inmedible, porque muchas mujeres se sintieron muy violentadas, pero no se incumplieron los protocolos”, dijo. En ese sentido, añadió que las manifestaciones de violencia obstétrica que reciben las mujeres están “más vinculadas al trato [de las y los profesionales de la salud] y a la organización del prestador de salud”.

Bajo ese contexto, la trabajadora social señaló que estos son los aspectos que deben “empezar a transformarse”. De la misma forma, sostuvo que debe cambiar la concepción de la salud entendida desde la “enfermedad y el antagonismo” que se traduce en la atención del parto de una forma “nefasta y de riesgo radicalizado” con “intervenciones en cascada que desde el punto de vista clínico no son necesarias, pero parece que sí lo son para la reproducción de cultura”.

Asimismo, la investigadora planteó que es necesario comenzar a discutir otros preceptos en la atención sanitaria y supuestos culturales como el “hospitalocentrismo”. Apuntó que en Uruguay las principales causas de la hospitalización del parto no son del orden clínico, sino que corresponden a concepciones culturales como el “higienismo” o una idea de “seguridad” en el momento del parto.

Para Magnone, otro aspecto que debe abordarse es la judicialización de las situaciones de violencia obstétrica y la definición legal de este tipo de violencia, que está planteada desde lo que “no es parto humanizado” y conduce a “hiatos jurídicos”.

La cuestión legal

Luego de que ingresara el proyecto de ley 19.580 al Parlamento, Mujer Ahora realizó un trabajo de análisis del abordaje de esta norma en comisión. A partir de las transcripciones taquigráficas de 28 sesiones en las que se discutió la norma, entre el 3 de mayo de 2016 y el 9 de octubre de 2017, se obtuvo un registro que superó las 330 páginas y más de 156.000 palabras pronunciadas entre integrantes de la comisión y las 23 personas que fueron recibidas. “El problema no lo encontramos en la cantidad de trabajo, sino en aspectos sustanciales y cualitativos que dejaron en evidencia que legisladoras y legisladores poco y nada sabían de la violencia o la temática sobre la cuál estaban trabajando”, manifestó Morelli.

A partir de estos datos, colectivos feministas y organizaciones sociales que habían participado en la elaboración del proyecto de ley realizaron un reclamo para volver a la redacción original. “Eso lo logramos en el último momento, el mismo día que se discutió la ley, poco antes de que se realizará la votación”, dijo la abogada. Pero hubo un tipo de violencia que quedó “desmenuzada”: la violencia obstétrica.

El proyecto original, además de la definición actual, tenía una conceptualización más concreta sobre las manifestaciones de la violencia obstétrica y aspectos centrales sobre el trato del personal de salud, la medicalización y patologización de los procesos reproductivos y sexuales, explicó Morelli. Pero, “con los cambios que hicieron las y los legisladores, lo que votaron quedó sin sentido”, expresó. La abogada explicó que, desde ese momento, se podía prever que suprimir estos elementos de la definición legal “iba a redundar en la reproducción de este tipo de violencia en el sistema” y fomentar la concepción de las mujeres como “pacientes patológicos”, lo que a su vez conduce a considerar este tema como “exclusivamente médico, que necesita intervenciones constantes y rutinarias”.

“Consta en las versiones taquigráficas de la comisión que un senador que tenía la obligación de conceptualizar normativamente esta violencia preguntó al resto de los integrantes qué era la violencia obstétrica porque no tenía la más pálida idea”, comentó la abogada. Surge del estudio que, además de esta intervención concreta, sólo hubo dos referencias más a este tipo de violencia y luego se determinó desglosar el literal para “estudiarlo mejor”.

Entre estos hechos y la votación final de la ley transcurrieron nueve meses. “Qué es lo pasó en ese tiempo es lo que no sabemos, de dónde vino la resistencia. Lo que sí sabemos es que esta ley despertó mucha ebullición y hubo mucha gente que se opuso a considerar a las mujeres como sujetas de derecho destinatarias de las normas. Pero la mayoría de estas ebulliciones no surgían directamente, con firmas y documentadas, sino que se daban por lo bajo, en la cercanía, en los pasillos del Parlamento y se daban en ciertas reuniones que mantenían algunos grupos de presión con legisladores y legisladoras”, aseveró Morelli. 

Para la experta, desde la ciencia jurídica se impone un “deber ético, político y jurídico” de investigar de dónde surgieron estas resistencias y “analizar dónde radica ese poder que vació de contenido la conceptualización legal” para que las mujeres puedan ser “más defensoras de la norma, que si bien no es todo para eliminar las violencias, permite la prevención y garantiza el resarcimiento debido en los casos que ocurren situaciones violentas”.