El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento este jueves asigna algunos recursos para atender la problemática de la violencia de género en el país. Por un lado, en el artículo 375 se contempla la creación de tres nuevas fiscalías departamentales especializadas en violencia de género a partir del 1º de julio de 2023. El texto establece que la Fiscalía General de la Nación será la que determine la ubicación y la fecha de instalación de estas sedes, así como “la distribución de los expedientes en trámite”.
Por otra parte, destina presupuesto a los “gastos de funcionamiento de los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia especializada en materia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género”, según dispone el artículo 339. Es decir, crea recursos para los juzgados que ya existen, pero no para la instauración de nuevas sedes, una aspiración a la que apuntaba la Suprema Corte de Justicia. La creación de nuevos juzgados especializados en violencia de género, tal como mandata la Ley 19.580, es además una de las principales reivindicaciones que impulsan los colectivos feministas desde que esa norma fue aprobada, a fines de 2017.
El Presupuesto Nacional 2020-2024 prevé la creación de los primeros tres juzgados especializados en el interior del país. Sin embargo, hasta la fecha sólo se concretó uno, el de Maldonado, que empezó a funcionar en San Carlos en febrero de este año. Está previsto que el próximo se instale en Rivera, posiblemente en julio, y el otro en Salto, en una fecha que todavía no está definida.