Tras la visita de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, los legisladores definieron avanzar en la aprobación del proyecto de Ley de Responsabilidad Civil de los Fiscales, que busca evitar que los funcionarios sean objeto de demandas civiles como una estrategia de la defensa de los imputados.

El texto plantea una norma interpretativa para integrar explícitamente a los fiscales en lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución, que marcan la responsabilidad civil del Estado ante daños causados a terceros en el ejercicio de la función pública, y prevé que, en caso de que el funcionario haya actuado con culpa grave o dolo, se le pueda reclamar la reparación que se haya pagado.

La presidenta de la AMFU, Mirta Morales, dijo a la diaria que algunas defensas están utilizando como estrategia ir contra los fiscales, lo que genera perjuicio e intranquilidad en los funcionarios.

“Lo que pedimos es que si hay un reclamo de un tercero, que ese tercero vaya contra la Fiscalía”, señaló, y agregó que en el caso de que exista responsabilidad del fiscal, la Fiscalía puede ir en su contra “como pasa con cualquier otro funcionario público”.

“Nos damos cuenta de que son estrategias maliciosas para distraer al fiscal y nos provoca demoras y un montón de inconvenientes. Hay que trabajar tranquilos para trabajar bien, lo que no significa ser irresponsable”, comentó.

Para Morales, hay un aumento en los recursos de este tipo en todo el país, “que son infundados y terminan con la molestia del fiscal de tener que ir al juzgado, pagarse un abogado, presentarse por acciones que son normales”.

La fiscal puso el ejemplo de allanamientos o medidas que se toman en el marco de una denuncia por usurpación, que activan desde la defensa de los imputados una acción civil o un juicio de amparo, cuando el fiscal está cumpliendo con su función de investigar.

En ese sentido, planteó que las acciones de los fiscales pueden ser objeto de recursos en el marco de la causa. “Al que no le gusta algo, recurre, y está muy bien; lo que no está bien es que te citen para persuadir, obstaculizar o distraer”, agregó.

El proyecto fue una iniciativa de la AFMU que fue presentada ante la Fiscalía de Corte. La Fiscalía incorporó el planteo al presupuesto 2020-2024 que llevó al Poder Ejecutivo y el punto fue uno de los aspectos tomados en el proyecto que finalmente fue enviado al Parlamento.

Sin embargo, durante la discusión en Diputados, algunos legisladores consideraron que ameritaba un tratamiento aparte y el artículo fue desglosado y enviado a la Comisión de Constitución y Códigos. La decisión inquietó a los fiscales, más considerando que se trataba de una propuesta que no implicaba ninguna erogación.

El presidente de la Comisión de Constitución y Códigos, el diputado Rodrigo Goñi, dijo a la diaria que tras la visita de la delegación de la AFMU se entendió que “tenían toda la razón” y adelantó que “hay acuerdo para aprobarlo en la próxima sesión”, fijada para el miércoles 2 de diciembre.

“Al final va a terminar saliendo antes que el Presupuesto”, comentó Goñi, en referencia a la trayectoria del proyecto de ley.

El diputado del Partido Nacional destacó que con la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal los fiscales “son funcionarios que están en la primera línea de fuego” y se les está “generando un perjuicio muy serio” que “complica” y “frena su accionar”.

Goñi agregó que con la aprobación del proyecto “no solo se estaría reafirmando lo que la Constitución mandata sino que también se están cortando algunas prácticas que podrían seguir creciendo”.