Inician investigación administrativa en Inisa tras denuncias de irregularidades

Los conflictos en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) integrado por la presidenta del organismo, Rosana de Olivera, en representación de Cabildo Abierto, y las directoras Sandra Etcheverry del Partido Nacional y Andrea Venosa del Frente Amplio, han tomado estado público en varias oportunidades.

Tal es así que Cabildo Abierto pidió la remoción de la representante del Partido Nacional en agosto de este año, a lo que Etcheverry respondió que “no piensa renunciar”. Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, opinó que el Poder Ejecutivo debería cambiar la conformación del directorio del Inisa para que esté alineado con la visión de De Olivera. Pero no hubo cambios y los conflictos continuaron.

El programa Santo y Seña, de Canal 4, presentó un informe sobre una serie de irregularidades en el Inisa, que involucran violencia contra adolescentes privados de libertad, designaciones directas a personas que fueron retiradas por violencia y delito en connivencia con los funcionarios.

Fuentes de Inisa confirmaron a la diaria que si bien la presidenta del organismo está fuera del país, resolvieron que dada la gravedad de los hechos denunciados se comience una nueva investigación administrativa.

Tras presentar el informe, De Olivera fue entrevistada y respondió sobre varias de las irregularidades planteadas y reafirmó las diferencias que existen en el directorio de Inisa.

Sobre el adolescente que tuvo varias fracturas de cráneo tras ser agredido por funcionarios

En abril de este año, un adolescente fue ingresado en un centro de salud con varias fracturas de cráneo (en lugares opuestos de la cabeza) y en la cara, según la versión del Inisa como consecuencia de que “se cayó de la cama”. Fuentes del Inisa aseguraron que fue golpeado por funcionarios, que eran directores y subdirectores de otros centros, y que estaban en el lugar por una reunión.

El caso fue denunciado en Fiscalía y a siete meses del hecho, no hay avances en la investigación penal.

• Leé más sobre esto: El Comité de Derechos del Niño exige investigación penal por adolescente lesionado en el Inisa

En Santo y Seña mostraron una carta escrita por el adolescente, que luego del episodio y las múltiples irregularidades que lo rodearon, fue trasladado a Lavalleja, al único centro de privación de libertad que el Inisa tiene fuera de Montevideo y Canelones. La carta decía: “Esto fue así. Dos personas del batallón, subdirectores de CIAM con dos palos entraron a la pieza, me desmayaron a palazos. Cuando me despierto, todo mal y jodido de cráneo, tenía un coágulo de sangre en el oído”. La madre del adolescente confirmó los hechos.

Sobre el caso, De Olivera dijo: “No me corresponde a mí, se tiene que hacer lo que corresponda” y sobre el adolescente, señaló que “se lo sacó del centro”. Agregó que “se le tomó acta, supongo que si habrá dicho que lo golpearon estará ahí”. La presidenta del Inisa indicó no haber accedido a las actas y respecto a si los funcionarios que fueron identificados como agresores fueron separados del cargo, respondió que no. “Participaron varios directores ahí, aparentemente se está investigando y no cumplieron los protocolos que correspondía. No convocaron a seguridad y actuaron ellos”, afirmó De Olivera. Sobre quién tomó la decisión de que se viole el protocolo y se actúe con funcionarios a los que no les correspondía esa función, señaló que fue “la dirección del centro”. “Se hizo la investigación y se llevó a la Justicia”, comentó.

Informes falsos y funcionarios violentos

Un adolescente que estaba en régimen de arresto domiciliario fue asesinado el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, hay informes posteriores a su muerte de la unidad de Inisa que debía controlar que afirman que el adolescente “estaba en su casa” en los controles de rutina que implica este programa. La directora del Programa de Semilibertad continúa en su cargo. Según De Olivera: “Estaba de licencia cuando se dio ese hecho. Se está investigando, no se expidió Jurídica”.

De Olivera fue consultada por los casos de varios directores, subdirectores y funcionarios de distintas cárceles de adolescentes que tienen episodios de violencia registrados y denuncias al respecto.

Sobre el exdirector del CIAM, Víctor Mendoza, apodado El Salteño, el informe planteó que fue sumariado por golpizas y retomó al sistema como subdirector del centro MD1 de la Colonia Berro, cárcel de mayor complejidad en Inisa. Como la directora del MD1 está siendo investigada, actualmente es el director. A esto, De Olivera respondió que el funcionario “quedó subrogando a una directora anterior, porque a la directora anterior se la retiró del cargo mientras se hace una investigación administrativa que aún no terminó”. La presidenta del Inisa indicó que “va a seguir allí hasta que termine la investigación” porque “era el subdirector”.

En ese centro se denunciaron visitas conyugales fuera del protocolo, que involucran a menores de edad y donde habría presuntas situaciones de violencia de género. También se denunció el hurto de comida por parte de funcionarios.

Además, se le preguntó a la jerarca sobre el caso de un adolescente que fue golpeado en el MD1, bajo la dirección de El Salteño, que fue trasladado sin autorización y sin cumplir con los procedimientos y, por eso, retornado antes de recibir asistencia de salud. Una vez en el Inisa de nuevo, se hizo el procedimiento correspondiente para el traslado.

De Olivera comentó el caso: “Cuando me entero de eso, llamo a las dos directoras y las pongo en conocimiento. Espere 24 horas para ver si recibía comunicación. Y ahí las llamé. Lo pasamos al directorio y la investigación está en curso”. Consultada sobre si Jurídica es quien toma las decisiones, dijo: “Ellos se expiden, tenemos que esperar por ellos”.

Además, se le consultó por Ignacio Pardiñas, actual subdirector de medidas socioeducativas, que fue director Cdel entro Desafío, donde se suicidaron tres adolescentes, y del CIAF [centro de mujeres adolescentes], donde según Santo y Seña fue denunciado por violencia en el centro. Pardiñas fue denunciado por violencia doméstica por otra compañera de trabajo, que era su pareja. En la administración pasada fue separado del cargo porque tenía una órden de restricción con la mujer. Se le preguntó a De Olivera por qué había vuelto a asumir un cargo, a lo que respondió: “A esa persona no la voté, había escuchado que había tenido denuncias, me pasaron la denuncia de la seccional y yo no la voté”, aseguró. No había registro en el legajo funcional de esta denuncia.

La jerarca dijo que “antes de que asuma el director, vemos la sabana funcional [el legajo]. A veces uno pone en el cargo y surgen cosas después”. “La parte administrativa y jurídica están a destiempo”, sentenció.

Consultada sobre por qué algunos funcionarios tienen sanciones y otros no, por lo que se denuncia arbitrariedad, señaló: “Hay que preguntarle a Jurídica”. “Eso sería responsabilidad de jurídica, de actuar de forma ecuánime”, afirmó.

De Olivera catalogó al Inisa como una institución que tiene “muchos vicios” y donde los cambios “no se hacen de un día para el otro”. Sobre los sumarios por golpizas, afirmó: “Siempre nos fijamos, sabemos que hay un cajón lleno de investigaciones que no se concluyeron, nos preocupa, se tiene que resolver porque puede haber asuntos graves”.

Problemas de relacionamiento con Etcheverry

Consultada acerca del planteo de Álvaro Iglesias, director de Jurídica del Inisa, “por presiones de Etcheverry”, como indicaron en el informe periodístico, De Olivera respondió: “Si eso sucede, es grave. Yo sería incapaz de hacer eso y generar todo esto que está generando”. La presidenta de Inisa afirmó que el director de Jurídica “ha puesto el cargo a disposición” pero “no puso esa razón”. Por eso, dijo: “Habría que hablarlo con los involucrados, no me corresponde a mi opinar”.

La presidenta del Inisa fue consultada sobre las diferencias en el directorio y el mal relacionamiento que mantiene con la representante del Partido Nacional: “Prefiero no referirme porque está en la órbita política y se maneja a ese nivel”.

Se le consultó en particular acerca de si era cierto que Etcheverry le habría gritado en la sede del Inisa de Ciudad Vieja, tal como se indicó en el informe de Santo y Seña: “Si no podés con el Inisa, hacete dar”. De Olivera miró fuera de cámara y respondió: “Ha tenido desplantes”. “Hay un tema de respeto, de valores, de pararse, de saber el lugar que ocupamos”, complementó. Afirmó que “faltas de respeto no, porque no lo hubiera permitido, pero estamos en frecuencias distintas”. “Somos tres y las decisiones salen por mayoría simple”, complementó. Consultada sobre si la institución es “manejable” en este escenario, respondió: “Nos colocaron los partidos a los que pertenecemos”.

Las diferencias con Etcheverry son notorias. “Desde el día 1, cuando me di cuenta, trataba de hablar con la representante de la coalición para ver si podíamos ir alineadas”, afirmó De Olivera, sin que sus intenciones hayan tenido éxito. “Cada una tiene objetivos distintos: los míos son el bien de la institución y que los jóvenes encuentren su proyecto de vida”, afirmó. Sobre las intenciones de Etcheverry y Venosa, sus compañeras de directorio, concluyó planteando: “Habría que preguntárselas”.

La respuesta de Venosa

En diálogo con la diaria, Venosa reafirmó su compromiso con las garantías hacia los adolescentes y “el combate a la violencia institucional dentro del sistema de Inisa”. “Sobre los casos concretos mencionados, fueron instruidos procedimientos administrativos, algunos de los cuales culminaron con sanciones administrativas y destitución. Además de condenas en la esfera penal. A su vez Inisa aprobó un Protocolo de Contención que garantiza derechos a las y los jóvenes”, señaló.

Por otra parte, dijo: “Estamos preocupados y ocupados en prevenir y combatir la violencia institucional”, y mencionó que están “trabajando internamente con las distintas áreas para tomar las recomendaciones y trabajar cambios institucionales que garanticen derecho a los jóvenes” en base a recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Según indicó, está “proponiendo al Directorio acciones que garanticen que los jóvenes puedan denunciar y no sientan represalias por ello”.