En marzo de este año circuló un video filmando en la zona de Pocitos en el que un policía de la Guardia Republicana agrede a un adolescente y lo obliga a borrar un video de su celular. Tras ese episodio, el Ministerio del Interior había iniciado una investigación administrativa por el presunto abuso policial de Marcos Chiappa. A su vez, el caso fue derivado a la órbita penal y la Fiscalía llevó adelante una investigación.

El abuso policial es considerado una falta “muy grave”. Según la normativa, en estos casos se deben aplicar sumarios con separación del cargo y retención de medio sueldo. Si bien se inició un sumario administrativo y se le retiró el arma, el policía continuó en funciones en otra unidad de la Guardia Republicana.

Chiappa fue el responsable del disparo que recibió Fiorella Buzeta, hoy edila del Frente Amplio, en 2004 en un liceo de Maroñas, cuando ambos tenían 13 años. El adolescente había llevado varias veces el arma de su hermano, que era policía, al centro de estudios. “Arriba las manos, Fiorella. Contra la pared, soy la Policía”, fue una de las amenazas que le propinó. La bala impactó en la columna de Buzeta y le causó paraplejia.

Chiappa estuvo privado de libertad en 2004 por un delito de lesiones graves. Pasó 90 días recluido en lo que hoy es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. En la cárcel recibió maltrato y violencia, y se desconoce cómo se abordó su delito y las afectaciones derivadas. Chiappa, en 2017, ingresó a la Policía mediante un llamado público.

Dos meses antes de protagonizar el video de abuso policial, en enero de este año, Chiappa mató a un jóven de 19 años que había intentado robar a otro hombre que iba en una moto en Paso de la Arena. El móvil de la Guardia Republicana en el que iba Chiappa realizaba tareas de patrullaje cuando vio que “dos personas en una moto se iban a dar a la fuga tras intentar cometer una rapiña”. La persona que iba a ser rapiñada logró escapar y ponerse al resguardo. Chiappa disparó desde el patrullero y la bala impactó en la cabeza del joven, que murió en el momento. El fallecido estaba desarmado.

La Fiscalía de Homicidios, representada por la fiscal Mirta Morales, investiga el hecho para saber si se trató de un accionar policial regular o si fue un homicidio. Al momento, a 11 meses del hecho, la investigación no ha avanzado.

Por otra parte, a raíz del video de abuso policial, la Fiscalía determinó en junio la condena de Chiappa y de otros dos policías. Fueron condenados, mediante proceso abreviado, por un delito de abuso de funciones a cinco meses en régimen de libertad a prueba, con inhabilitación por dos años y la obligación de pagar una multa de 10 unidades reajustables. Los policías cumplen la condena mediante un régimen de libertad a prueba. Tienen medidas de arresto domiciliario nocturno, la obligación de realizar servicios comunitarios y tienen que presentarse una vez por semana en la seccional.

Tras la condena, el Ministerio del Interior confirmó a la diaria que Chiappa fue dado de baja en agosto, y por la normativa asociada a la función pública no podrá ser reincorporado.