La Unidad 6 de Punta de Rieles del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) era considerada “una cárcel modelo”. Fue dirigida de 2014 a 2020 por Luis Parodi, referente en materia penitenciaria. Tras renunciar, en su lugar asumió Martín Quiró, que había sido director de la Unidad 10 Juan Soler (San José). Nueve meses después, Soler fue removido y salió de la órbita del INR. En marzo de 2021 asumió Omar Vera, que hasta ese momento dirigía la Unidad 19 Florida, una cárcel con importante desarrollo en el interior del país. En 2020 había ganado un premio del INR por su gestión penitenciaria.

El domingo, en el programa Santo y Seña, se denunciaron una serie de irregularidades que la gestión de Vera transmitió a las autoridades del INR y el Ministerio del Interior. En el informe se presentó la documentación de la investigación que la dirección de Vera entregó al gabinete del INR, encabezado por Luis Mendoza, director nacional del INR.

A partir de la declaración de una persona privada de libertad, se desencadenó una investigación interna asociada al tráfico de estupefacientes en la cárcel. Según el documento, “se pudo establecer tras una exhaustiva escucha de audios de celulares una red de tráfico, deudores, pagos, cuentas en entidades públicas. Se escuchan chantajes, extorsión, manipulaciones propias de organizaciones criminales”. También se plantea que “se hicieron requisas de esas celdas y se encontraron cortes” y otros elementos probatorios.

La investigación presentada al INR en mayo de este año contiene datos de los involucrados en la red, organizados por categorías: comerciantes, proveedores, distribuidores. También aporta información sobre el ingreso de las sustancias, los números de cuenta en los que se realizan los pagos, cómo se hacían los giros y las transferencias bancarias a familiares fuera de la cárcel que eran incluidos en la red, y la presunta participación de funcionarios en hechos de apariencia delictiva.

Se denuncian situaciones de explotación, en las que personas privadas de libertad “obligan a quienes tienen salidas transitorias a ingresar droga a la cárcel” y redes de tráfico de drogas con alcance dentro y fuera de la cárcel.

La conclusión de la investigación plantea: “Es de destacar que en este análisis no sólo se observan hechos delictivos en la institución, sino extramuros, donde se observan datos sobre homicidios, venta de armas, etcétera”. La investigación realizada por la unidad, que fue elevada en mayo al gabinete de INR, hasta el momento no tuvo consecuencias.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado sobre esta investigación en el que plantea que, respecto de la denuncia asociada al tráfico de drogas presentada el 18 de mayo, “se generó un hecho en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública”, se le dio cuenta a la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de Stella Llorente y se dio intervención a la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. Según consignaron, “como la investigación está en curso, tiene carácter de reservada”, y fue derivada para su tratamiento.

Hay 11 personas involucradas en la investigación a la que accedió Santo y Seña. De las 11, hay dos que fueron trasladadas, una por seguridad -hizo una solicitud porque tenía deudas-, otra porque tuvo una pelea. De las restantes nueve, las fuentes consultadas plantearon que “hay seis que siguen traficando dentro de la cárcel” y las otras tres fueron liberadas. “Salieron en libertad sin sanción”, señalaron. Se informó también que hubo una incautación de pasta base en las últimas semanas asociada a uno de los involucrados en la investigación.

A raíz de las irregularidades detectadas en la investigación, la dirección de Vera tomó medidas. Según informaron en el programa y la diaria confirmó con fuentes carcelarias, “se cerraron emprendimientos laborales por esta causa”. La dirección de la cárcel cerró emprendimientos “por irregularidades asociadas a bromatología, trabajo informal, lavado de dinero y comercialización de drogas”. También se prohibió la entrada de determinados alimentos, se hicieron requisas y se aumentaron los controles en las visitas.

Esto motivó una huelga de hambre de las personas privadas de libertad. La medida se debió a la “constante represión”, las “amplias prohibiciones” y la “falta de diálogo con las autoridades de la unidad”, según informaron a la diaria en ese momento los voceros de la huelga.

Ante la huelga, se presentó el gabinete del INR encabezado por Mendoza y Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. En ocasión de la huelga, fuentes del Ministerio del Interior informaron a la diaria que luego del intercambio con las autoridades se levantó la huelga. “Llegaron a un acuerdo tras la segunda reunión de diálogo entre las autoridades y los representantes de los privados de libertad”, explicaron.

Frente a esto, los funcionarios entrevistados dijeron: “Nos dejaron desnudos, tiraron abajo todo lo que el director había hecho”, y agregaron: “Se bajaron los pantalones ante las quejas de los presos. No se mostró ningún apoyo al director actual y se le dio la razón a los presos”.

Según relataron, González habló con las familias de los presos que se concentraron fuera de la cárcel: “Quédense tranquilos que al director lo vamos a destituir”, señalan que les dijo. “Quien no se alinea con González termina afuera”, dijeron los entrevistados en el programa.

Según confirmó la diaria, Vera será removido de su cargo en los próximos días y no ocupará la dirección de ninguna cárcel. Además de este relevo, habrá otros movimientos a nivel de las direcciones de cárceles.