El Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia penal ante las autoridades de la ex Casa de Galicia el 3 de diciembre del año pasado, que luego fue ampliada con la información de las interventoras de la mutualista. En la denuncia se presenta una lista que concentra en nueve puntos una serie de irregularidades que ahora investiga el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez.

El abogado penalista Gustavo Bordes fue el encargado de redactar la denuncia original, que luego fue ampliada el 29 de diciembre por el director general de la Junta Nacional de Salud, Alberto Yagoda, y por el director de la División de Servicios Jurídicos, Martín Thomasset, con base en el informe presentado por las interventoras de Casa de Galicia que detalla una “serie de hechos de apariencia delictiva”, según informa este miércoles El País.

La denuncia del MSP cita a las interventoras y señala: “Si bien Casa de Galicia tenía una Comisión Directiva en funciones, en los hechos era dirigida y gerenciada por quien era el presidente de la misma, el señor Alberto Iglesias. En el transcurso de la labor que nos encomendara, fuimos detectando y documentando un conjunto de hechos y circunstancias irregulares que venimos a poner a vuestro conocimiento”.

En esta línea enumera nueve irregularidades que constituyen hallazgos, “algunos graves” y otros de “extrema gravedad”, y que estos “podrían haber incidido” en la situación financiera que provocó el cierre de la institución.

Comienzan destacando que en Casa de Galicia “se liberaron cheques por millones de dólares que no tuvieron fondos”. Además, se encontraron cheques que “fueron firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros”.

El MSP también señaló que “se pagaban tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pagaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.

En otro punto detallan que a pocos días de que se presentara la solicitud de concurso, Iglesias “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

En la denuncia también se afirma que la adquisición de una clínica de los doctores Leborgne fue por tres millones y medio de dólares, y que se hizo sin tasaciones previas del equipamiento ni de la marca en cuestión; en resumen, no hubo “informes técnicos de ningún tipo”. Se agrega que “en Casa de Galicia no hay documentación al respecto y no se conoce el nombre de las personas que asesoraron en el proceso de compra. Resultado de ello, Casa de Galicia quedó con 51% de las acciones y dos personas con el restante 49% del paquete accionario, cuyo aporte está asociado a un crédito del Banque Heritage, el cual es amortizado por la propia clínica”.

Otro punto relacionado a la clínica Leborgne es el alquiler de un local en Punta Carretas a través de “un contrato entre particulares”, aunque “el pago lo realizó Casa de Galicia”.

También se denuncia que el ingreso de dinero por préstamos financieros de sumas millonarias “carecía del debido control sobre el origen de los fondos”. Y en otro punto de la denuncia agregan que “no existía oposición de interés dentro del proceso de compras [...] La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”.

La denuncia también señala que las retenciones efectuadas sobre los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia por diferentes motivos como los alquileres, las cuotas del Banco Hipotecario, de cooperativas de ahorro y crédito, o de la Agencia Nacional de Viviendas, “no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes”.

En el último ítem la denuncia menciona la remodelación de un centro oftalmológico ubicado en el inmueble de Casa de Galicia sobre la avenida Centenario, que según la denuncia debía realizarse a cuenta de un médico a cambio de un comodato por diez años, pero finalmente la obra fue pagada por la mutualista.

El abogado de Iglesias, Enrique Moller, fue consultado por El País al respecto y aseguró que su cliente “ya está preparado para la audiencia” y que “dará todas las explicaciones” sobre lo ocurrido.

Iglesias retiró de una casa de cambios dinero en efectivo de Casa de Galicia

Otra de las ampliaciones a la denuncia que hizo el MSP con base en un informe de las interventoras indica que el 11 de octubre de 2019, cuando la situación de la mutualista ya era crítica, Casa de Galicia compró un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera por 800.000 dólares.

Para eso entregó cuatro letras de cambio por 200.000 dólares de un banco de plaza y los restantes 600.000 dólares se debían depositar en diversas cuentas de los vendedores. De ese monto, la mitad se pagó a través de la cesión de un fideicomiso de la mutualista Gremca y para cubrir los restantes 300.000 dólares se pidió un préstamo de 480.000 dólares a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa.

Los sobrantes 180.000 del préstamo se estableció que debían ser depositados en la cuenta de un cambio. En su momento, las interventoras reclamaron que ese dinero fuera enviado a las arcas de Casa de Galicia en vez de al cambio, pero se les informó que Iglesias había retirado el dinero el 10 de febrero de 2021, después de cambiarlo a pesos. Esto implica que el expresidente de Casa de Galicia se llevó unos 7.596.000 pesos.

La denuncia afirma: “Carece de total sentido y resulta inexplicable que el presidente de la institución concurra personalmente a una casa de cambio, ordene se cambie el dinero a pesos y los retire en efectivo sin que existan indicios, según lo que se sabe hasta el momento, que ese dinero haya ingresado a Casa de Galicia”. Consultado por El País, el abogado de Iglesias afirmó que ese dinero fue utilizado para pagar tratamientos oncológicos. “Hay documentos sobre el destino de esos fondos”, aseguró.