El 2 de diciembre de 2020 el consulado uruguayo en Asunción llamó a Sebastián Marset para pedirle su domicilio dado que el narcotraficante uruguayo había solicitado un certificado de carencia de antecedentes a las autoridades uruguayas. Tras negarse a dar su dirección y recibir el rechazo del certificado, Marset pidió al consulado un informe con el estado de sus causas ante la Justicia uruguaya.

Desde aquel momento, poco ha cambiado en el vínculo entre la Justicia uruguaya y el narcotraficante, que continúa sin tener requisitoria por parte de las autoridades nacionales. Si bien la fiscalía especializada en Estupefacientes de primer turno, a cargo de Mónica Ferrero, trabaja en investigaciones en las que podría estar involucrada la organización de Marset, no existe evidencia que lo vincule directamente como para pedir una orden de detención en su contra.

El nombre de Marset también figura en el expediente que investiga la amenaza contra la fiscal Mónica Ferrero, firmada por el Primer Cartel Uruguayo, y el atentado contra la sede de la Brigada Antidrogas, enviado el 10 de mayo de 2020, siete meses antes de que Marset consultara por su situación judicial en Uruguay.

“Estamos un poquito enojados, como ve, con la parte de narcóticos. Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo. Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar. A partir de ahí, no va a haber atentados ni contra las entidades a cargo de usted ni contra usted. Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos”, decía el mensaje enviado al celular de la fiscal Ferrero al día siguiente del atentado contra la Brigada Antidrogas.

Esa causa la lleva adelante el fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, quien logró la condena de más de una decena de personas vinculadas a esa investigación, entre ellas, el hijo del contratista de fútbol Gerardo Arias. Marset podría ser llamado a declarar, según expresó el fiscal a la diaria, pero tampoco hay evidencia suficiente en su contra como para requerir su detención por ese caso.

Las conversaciones del abogado de Marset, Santiago Moratorio, con autoridades del Ministerio del Interior y al menos tres fiscalías -la de Ferrero, la de Pérez y la de Lavado de Activos- para negociar una posible entrega de Marset no dieron resultado hasta ahora, en la medida en que los fiscales no pueden garantizarle a Marset lo que estaba buscando: una condena por una causa en Uruguay que lo aleje de la extradición, ante la requisitoria de la Justicia paraguaya emitida a nivel internacional el 7 de marzo de 2022.

La situación de Marset en Paraguay

Paraguay lo investiga al menos desde mayo de 2021, cuando se concretó la operación Smart, con la que se conformó un informe de inteligencia con los movimientos, los roles y los datos personales de los integrantes de la organización criminal. Ese documento que quedó “encajonado” hasta principios de 2022 fue entregado al fiscal y exministro del Interior del gobierno de Cartes, Lorenzo Lezcano, quien fue denunciado por el Senado por negligencia en el caso Marset, pero en diciembre de 2023 absuelto por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El 22 de febrero de 2022, pocos días antes de que Marset viajara desde Dubái a Bolivia, en Asunción se concretó la operación A Ultranza por la que fueron detenidas e imputadas por tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos 24 personas vinculadas a la organización Marset, en lo que fue considerada la mayor operación antinarcóticos en la historia del país.

Paraguay ubica su ingreso al país en 2020 para asociarse con organizaciones criminales que ya operaban en la región y lo requiere por varios delitos de narcotráfico y lavado de activos, en los que también involucra a su pareja, Gianina García Troche, por la conformación de una sociedad anónima, razón social de la automotora Total Cars, investigada por lavado.

Además de los delitos por los que está requerido internacionalmente, que son investigados por el fiscal paraguayo Deny Yoon Pak, Marset podría ser investigado por el asesinato de Mauricio Schwartzman, ocurrido luego de su detención en Dubái y asignado al fiscal Lezcano. Según la información de A Ultranza, Schwartzman era un integrante de la banda de Marset, dedicado a la expedición de documentos.

También podría pedirse la ampliación de la extradición por la causa que lleva adelante la fiscal Ruth Benítez, sobre la desactivación de la alerta roja de interpol contra Gianina García, por la que fue destituido el director de inteligencia Víctor Flores, horas después de haber sido colocado en el cargo, ante el escándalo generado en Interpol Paraguay.

Las causas en Bolivia de Marset

En Bolivia, Marset es investigado desde junio de este año, luego de que el gobierno uruguayo advirtiera a Bolivia de su presencia en Santa Cruz. El 30 de julio la Policía boliviana montó el operativo “León 22” en el que participaron unos 3.000 efectivos, pero no pudieron detenerlo.

Las autoridades bolivianas investigan los vínculos de Marset con funcionarios policiales y autoridades departamentales que habrían contribuido a su fuga. En Bolivia se ofrece una recompensa de 100.000 dólares por quien brinde información sobre el narcotraficante.

Hasta ahora la Policía boliviana logró detener a varias personas asociadas a la organización, entre ellas su abogado Roberto Arana, quien lo habría ayudado a escapar, y Erland Ivar García López, alias “el Colla”, considerado mano derecha de Marset en Bolivia, que fue liberado en noviembre bajo fianza.