Alejandro Astesiano, exjefe de seguridad presidencial, fue condenado esta mañana a cuatro años y medio de penitenciaría, a pagar una multa de 100 unidades reajustables y con una inhabilitación especial por cuatro años por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secreto y conjunción del interés público y privado, tras haber alcanzado un acuerdo abreviado con la fiscal de Flagrancia de 12º turno, Gabriela Fossati, que involucra todos los delitos por los que se lo investiga. En la audiencia, en la que estuvo presente Astesiano, el juez penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, ratificó la condena.

Astesiano fue imputado el 27 de setiembre por suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias y enviado a prisión preventiva por 30 días en primer término. Se lo detuvo por su participación en una organización que falsificaba documentos para facilitar la expedición de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, y es la causa original que abrió el caso Astesiano, que surgió de una denuncia de la Dirección Nacional de Identificación Civil en 2019, tras detectar maniobras en los trámites del Registro Civil para el reconocimiento de paternidad de ciudadanos rusos.

La imputación de Astesiano fue prorrogada, manteniendo la prisión preventiva, hasta el 15 de marzo. Inicialmente, el exjefe de la custodia presidencial estuvo recluido en la Unidad 19 de Florida y, a principios de noviembre, fue trasladado a la cárcel de Punta de Rieles.

Con el acuerdo de este miércoles, a Astesiano se le sacó de la imputación el delito de suposición de estado civil, ya que no llegó a concretar negocios con los pasaportes, aunque sí se comprobó, informó la fiscal en la audiencia, que recibió 10.000 dólares del escribano Álvaro Fernández en dos oportunidades.

Por esta causa fueron imputados el ciudadano ruso Alexey Slivaev, y el escribano Álvaro Fernández y su esposa, Patricia Medina, todos por un delito de suposición de estado civil y otro de asociación para delinquir. También fue imputado el cónsul uruguayo en Moscú, Stefano Di Conza (sumariado y separado de su cargo a raíz de esta causa), por 14 delitos de fraude reiterados y delitos de suposición de estado civil. Además, fue condenado a 19 meses de prisión en régimen de libertad a prueba el ciudadano ruso Roman Karpov, luego de haber admitido la comisión de un delito de uso de documento falso y suposición de estado civil, al haber pagado para obtener un pasaporte uruguayo con la finalidad de tener acceso a la visa para ingresar a Estados Unidos.

Según la investigación realizada por la fiscal Fossati, la organización estuvo activa al menos desde 2013 y Fernández y Slivaev son los miembros originales; ellos se contactaron con Astesiano en 2021 para potenciarse en la realización de trámites tanto ante la Dirección Nacional de Identificación Civil como ante la Corte Electoral, organismo donde pedían certificado de avecinamiento, requerido por los extranjeros para tramitar la inscripción ante el Registro Civil.

El Código Penal establece una pena de entre 18 meses y ocho años de penitenciaría para el delito de suposición de estado civil, establecido en el artículo 259, mientras que el delito de tráfico de influencias (158 bis del CP) tiene una mínima de tres meses y una máxima de cuatro años, y el de asociación para delinquir una mínima de seis meses y una máxima de cinco años de penitenciaría.

El acuerdo abreviado está regulado por los artículos 272 y 273 del Código del Proceso Penal y puede aplicarse sólo para establecer condenas por delitos que tengan una pena mínima que no supere los cuatro años de penitenciaría. El condenado debe reconocer su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen y a cambio obtiene una reducción de la pena de hasta una tercera parte de la que hipotéticamente el fiscal pediría en un juicio oral.

Todas las causas

Además de la causa vinculada a la organización criminal, Astesiano está siendo investigado por otros casos. Uno son las supuestas tareas de inteligencia contra los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, investigación que fue iniciada con una denuncia penal realizada el 1° de diciembre por los propios legisladores y en la que ya han declarado varios de los involucrados. Además, se investiga el vínculo del exjefe de seguridad presidencial con varias jerarquías policiales; causa por la que este viernes fue imputado el exsubdirector ejecutivo de la Policía Nacional Jorge Berriel.

Si bien esta condena abarca la participación de Astesiano en los distintos casos, las investigaciones continuarán. “Este acuerdo es exclusivamente entre la Fiscalía y Astesiano, todas las causas siguen abiertas, todas las investigaciones siguen en curso y puede haber otras personas responsabilizadas”, afirmó.

Sobre el rol de Astesiano en otros temas denunciados, como la información proporcionada sobre el accidente del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, los contactos que llegaron a Astesiano con el pedido de espionaje a docentes y estudiantes del liceo 41 y los chats con el presidente, Luis Lacalle Pou, por la averiguación sobre un viaje de Lorena Ponce de León, entre otros, Fossati dijo que “todos los hechos fueron valorados, lo que a ustedes les parecen importantes y destacan a través de los medios de comunicación no están involucrados con la teoría del caso. Estamos en un sistema de derecho en el cual ni siquiera en la mayoría de los hechos hay denunciantes”.

La descripción de los hechos

En la acusación de Fossati, a la que accedió la diaria, el primer hecho que se marca es que, en agosto de 2021, Fernández contactó a Astesiano “para que cumpliera un rol de ‘facilitador’ dados sus contactos por su condición de Jefe de Seguridad Móvil del Sr. Presidente de la República y su familia”, y señala que se reunieron varias veces en su despacho del piso cuatro de la Torre Ejecutiva, en el estudio del escribano o en bares. Fossati sostiene en la acusación que Astesiano recibió “como adelanto por su actividad de parte de F. la suma de 10.000 dólares, la que se le abonó en dos partes”.

Sin embargo, marca que los socios en la actividad ilícita le explicaron la documentación que debía facilitar o agilizar, pero Astesiano “no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.

El segundo hecho que se marcó es que en su rol como jefe de seguridad “mantenía comunicaciones fluidas con múltiples funcionarios policiales de jerarquía” y se mencionan, entre otros, al exsubdirector de la Policía Hector Ferreira y el exdirector ejecutivo Berriel. Además, menciona el vínculo con “el director del Sistema de Información (DSI) Comisario General F.F., Director de Inteligencia C.C., Cabo M.A.F., Agente C.S.R.R”.

Sobre sus conversaciones, destaca que “en ocasiones, referían a aspectos que no eran propios de su función”. Se explica que Astesiano “accedía a las cámaras de videovigilancia ubicadas en Presidencia de la República y extraía información de su interés o de terceros; a documentación reservada del SGSP [Sistema de Gestión de Seguridad Pública] para sí o para proporcionársela a terceros; solicitaba información de los registros fílmicos de las cámaras de video vigilancia del Ministerio del Interior (Divaru); en ocasiones, le enviaban las respectivas filmaciones”.

Continúa diciendo que Astesiano “recibía información de interés de terceros por parte de funcionarios públicos; pedía y hacía ‘favores’, gestionaba el traslado de un agente de Policía que le había proporcionado información y asesoría en un caso familiar, solicitaba la intermediación de autoridades para la intervención de otro caso familiar; recibía en su despacho de trabajo personas que le realizaban planteos de toda índole (agilitar trámites, traslados, trabajo, etc.), ajenos a su rol, que no siempre solucionaba”.

Por otra parte, se entiende que Astesiano “proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de Presidencia”, como por ejemplo, al secretario personal del presidente, Nicolás Martínez, o al propio mandatario, Luis Lacalle Pou.