Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar), que defiende a cinco de las ocho víctimas que declararon contra el senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por delitos sexuales, advirtió sobre el riesgo al que pueden estar expuestas las víctimas del caso.
Penadés declaró como indagado ante Fiscalía. Sebastián Mauvezin, profesor del Liceo Militar señalado como intermediario entre el senador y varias de las víctimas, también declaró como indagado. Su abogado, Juan Carlos Fernández Lecchini, dijo no conocer varios detalles del caso ni saber cuántas víctimas había en la investigación porque “no había accedido a toda la carpeta fiscal”.
Suárez negó que el abogado Fernández Lecchini no haya podido acceder a la carpeta fiscal como dijo, sino que se negó a hacerlo porque los nombres de las víctimas están bajo reserva para preservar su seguridad. Resaltó que el defensor del presunto intermediario busca conocer la identidad de las víctimas y, en este sentido, alertó que están en riesgo.
La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) emitió un comunicado en el que se “manifiesta” sobre el “comportamiento” de Suárez y de una de las víctimas patrocinadas, Romina Celeste Papasso, acerca de sus dichos sobre las expresiones de Fernández Lecchini, las que calificaron como “injustas y repudiables”.
En particular, criticaron que Suárez alertara que a ella “se le prenden las alarmas” ante la intención de que el abogado que defiende al presunto intermediario intente acceder a la identidad de las víctimas. Papasso, por su parte, a través de las redes sociales, cuestionó si querían los nombres para “amenazarlos como ya hicieron”, entre otros comentarios que hizo contra Fernández Lecchini.
Para AAPU “las manifestaciones que se repudian” de la abogada y su representada son parte de “expresiones que se vienen realizando de manera sistemática contra la actuación profesional de los abogados que han asumido la defensa de imputados en procesos por delitos sexuales y que no sólo pretenden afectar su imagen sino también limitar ilegítimamente la forma como ejercen sus derechos y obligaciones como defensores”.
En esta línea, afirman que “el cuestionamiento a que un defensor pretenda conocer el nombre de quien denuncia a su cliente es ignorar el deber elemental que tiene cualquier abogado de saber esos datos para poder preparar adecuadamente su defensa, sobre todo en este tipo de hechos”. “Saber quién es, dónde dice que lo conoció, cómo dice que se comunicaron, dónde dice que se vieron, etcétera, es información elemental que cualquier abogado y su defendido tienen el derecho a saber, salvo que exista una resolución judicial que de manera temporal lo impida”, explicaron.
En este caso, salvo la identidad de Papasso que hizo pública su denuncia, el resto de los nombres de las víctimas están bajo reserva y la fiscal Alicia Ghione pidió una extensión de 120 días más de reserva luego de que Penadés y Mauvezin declararon este jueves.
Para AAPU, las manifestaciones de Suárez y su representada, “que pretenden atribuirle” a Fernández Lecchini “intenciones aviesas o algún interés espurio de presionar indebidamente a los denunciantes, son injustas y repudiables, máxime cuando refieren a un colega que ha tenido una larga y prestigiosa carrera como abogado penalista y también como juez penal”.
Plantearon que “estas graves actitudes” de Suárez “son aún más reprochables al tratarse de una docente que invoca la representación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar, de la cual la mayoría de los abogados de nuestra asociación egresó, siendo preocupante que se esté transmitiendo a los alumnos ese tipo de conceptos y modelo de comportamiento indebido, incompatible con el adecuado derecho de defensa”.
En este sentido, sostienen que la Facultad de Derecho de la Udelar “no puede patrocinar personas que de manera pública agravien a abogados de la forma como lo ha hecho” Papasso y “mucho menos permitir que los docentes que ejercen su patrocinio no hagan que su representada ajuste su comportamiento a reglas elementales de decoro y respeto hacia los abogados involucrados en el caso”. Por eso, la asociación resolvió denunciar ante la Facultad de Derecho “los graves comportamientos indebidos a efectos que adopte las medidas que considere puedan corresponder a sus responsables”.