Conexión Ganadera: cronología de una estafa

El caso Conexión Ganadera continúa en proceso judicial por varias vías, con investigaciones en curso y medidas cautelares solicitadas por los abogados de los inversores afectados. Por un lado, la Justicia resolvió el concurso de la empresa y el síndico se encuentra recabando información sobre su funcionamiento y los acreedores, mientras que por otro los afectados entablaron demandas penales contra los responsables de Conexión Ganadera: Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, y contra Daniela Cabral, la viuda del otro fundador, Gustavo Basso.

Las repercusiones también son laborales, ya que empresas que directa o indirectamente estaban vinculadas con Conexión Ganadera y sus representantes enviaron a sus trabajadores al seguro de paro.

3 de marzo: el abogado Juan Pablo Decia, que representa a decenas de inversores afectados por la estafa de Conexión Ganadera, presentó el jueves una ampliación de la denuncia penal contra dos altos funcionarios del fondo ganadero: el gerente general Martín Bartol y el gerente operativo Rodolfo Flores. Decia puso en conocimiento a la Fiscalía por una situación “de apariencia delictiva”, en particular vinculada a un posible delito de encubrimiento. El abogado fundamentó su pedido en el “rol ejecutivo” que desempeñaban Bartol y Flores dentro de la estructura de Conexión Ganadera.

2 de marzo: el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, anunció que una de las primeras medidas de su cartera será “declarar la prioridad sanitaria” de todos los predios vinculados a Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte. “Hay que agarrar animal por animal” y chequear “si coincide la edad con la lectura de la caravana”. “El foco del ministerio, en primera instancia, va a estar sobre esos predios, sobre todo para proteger no sólo la sanidad, sino también el bienestar animal”, subrayó.

27 de febrero: el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, que investiga las denuncias de damnificados de Conexión Ganadera, dijo en una entrevista con la diaria que la investigación es “compleja”, que abarca un pool de entre 14 y 15 empresas y que pedirá cooperación a países de América y de Europa para avanzar en la investigación sobre todas las empresas vinculadas a los socios del fondo ganadero. Además, buscará que los inversores más grandes acrediten el origen de los fondos.

26 de febrero: el fiscal que investiga la extraña muerte de Gustavo Basso, Hermes Antúnez, pidió pruebas de ADN a la familia para tener evidencia de la identidad del cofundador de Conexión Ganadera. Basso murió en la madrugada del 28 de noviembre de 2024 a la altura del kilómetro 115 de la ruta 5, cuando el auto que conducía, un Tesla modelo 3, chocara contra maquinaria de las obras que se hacían en esa ruta. Además, solicitó pericias al vehículo e información del celular de Basso.

21 de febrero: el frigorífico Paso de los Toros envió a 160 trabajadores al seguro de paro por falta de ganado para faenar tras concurso de Conexión Ganadera. Casi la totalidad de las acciones del frigorífico Paso de los Toros pertenecían al socio fundador de Conexión Ganadera Gustavo Basso.

19 de febrero: para Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas del gobierno electo, en casos como el de Conexión Ganadera se debe regular mejor aunque hay “responsabilidad también del sector privado, que es el que finalmente tomó esta decisión”.

A su vez, a casi tres meses de presentada la denuncia, el caso de República Ganadera (similar a Conexión Ganadera) aún no tiene fiscal que lleve adelante la investigación penal y los abogados reclaman medidas urgentes para evitar el congelamiento de la causa. En este caso se investiga a los socios por presunta estafa y apropiación indebida por un monto estimado en unos 80 millones de dólares contra unos 1.200 acreedores.

17 de febrero: la Justicia decretó el concurso de Conexión Ganadera y un embargo por 250 millones de dólares contra sus representantes. La decisión también implica el cierre de fronteras para Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, que podría durar más de un año y medio.

Asimismo, la jueza de Crimen Organizado de segundo turno Diovanet Olivera confirmaba la prohibición para salir del país para los implicados, por 180 días, mientras la fiscalía acumula 52 denuncias sobre el caso que serán unificadas en una sola causa.

16 de febrero: como efecto colateral del caso Conexión Ganadera, el frigorífico Casa Blanca de Paysandú enviará a 450 trabajadores al seguro de paro por una deuda de 27,7 millones de dólares con el fondo ganadero de Gustavo Basso y Pablo Carrasco.

14 de febrero: Fiscalía incorpora una contadora y una abogada a la investigación penal. El fiscal especializado en lavado de activos Enrique Rodríguez sumó a su equipo a una contadora que actualmente se desempeña en la Unidad de Análisis y Contexto, que proviene de un pase en comisión del Banco Central del Uruguay, y a una abogada que trabaja con las fiscalías de homicidios para afrontar la investigación contra Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, denunciados por apropiación indebida y presunta estafa.

Daniel Martínez e Isaac Alfie están entre los inversionistas damnificados de Conexión Ganadera. El exintendente de Montevideo invirtió por última vez un mes antes de la caída de la empresa, luego de 20 años en los que “cumplieron bien”, mientras que Alfie lo hizo por primera vez a mediados del año pasado.

12 de febrero: la Justicia intervino tres empresas asociadas a Conexión Ganadera y aumenta embargo a diez millones de dólares. Se trata de Etranil SA, Del Terruño SRL y Bamidal SA, aunque también podría ser intervenida Don Coraje, que pertenece a la viuda de Gustavo Basso.

Por otra parte, desde la Fiscalía aseguran que las demoras en las respuestas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dificultan el avance de la investigación del caso del Grupo Larrarte, el primero de los fondos como Conexión Ganadera en caer en desgracia. Se esperaba una respuesta en un plazo de diez días, pero, luego de dos meses de enviado un oficio para saber cuántos animales había en campos de Larrarte, aún no ha llegado la respuesta a la Fiscalía.

El entonces titular del MGAP, Fernando Mattos, advirtió por falta de recursos para “ver exactamente cuál es la situación en cada uno de los predios”. Son “decenas de predios que hay que recorrer, hacer el relevamiento y un arqueo de las existencias de ganado in situ en forma física”, detalló Mattos sobre la tarea, que demandará “mucho tiempo” y para la cual “habrá que ver dónde conseguimos los recursos”, ya que “el ministerio no tiene un equipo de 100 personas disponibles para eso”. “Esto es absolutamente extraordinario”, dijo el ministro.

11 de febrero: el fiscal Enrique Rodríguez pide el cierre de fronteras para Carrasco y familiares de Basso como medida cautelar, para mantenerlos sujetos al proceso judicial.

10 de febrero: la Federación Rural exhortó a productores a “regularizar” el conteo de los “animales vivos en campo”. La gremial entiende que el período de vacunación antiaftosa (entre el 15 de marzo y el 15 de abril) es el momento “ideal” para el control del número de animales.

7 de febrero: descubren que Gustavo Basso explotaba dos predios de Colonización en Florida. El fundador de Conexión Ganadera figura como colono propietario de 380 hectáreas (hipotecadas en garantía en el Scotiabank Uruguay) en Juan Lavalleja; el futuro de esos campos dependerá de trámites sucesorios y concursales, señalan desde el Instituto Nacional de Colonización (INC).

5 de febrero: en el gobierno saliente, Luis Lacalle Pou se mostró preocupado tras el concurso de Conexión Ganadera por la destrucción de la confianza en un sector como el agro que necesita de inversión y financiación. A su vez, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, aseguró que el ministerio va a “dar satisfacción a los pedidos que puede haber respecto a la existencia o no de los ganados”, y se reunirá con la Justicia para “discutir” la forma de hacer el “operativo lo más transparente posible y contando con los recursos necesarios”.

4 de febrero: la Justicia intervino Conexión Ganadera para comenzar a verificar la existencia del ganado. La falta de trazabilidad del dinero y la modalidad de los contratos podrían dificultar el proceso de verificación de los acreedores.

En tanto, entre los inversores damnificados figuran varias entidades de la iglesia católica. En el listado de más de 4.300 inversores damnificados por la empresa Conexión Ganadera aparecen al menos tres referencias a entidades y personas vinculadas a la iglesia católica. Por ejemplo, la diócesis de Canelones tiene cinco contratos vigentes con Hernandarias XIII –la empresa de Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow– por un monto total de 542.553 dólares.

3 de febrero: para Ricardo Olivera, abogado especializado en derecho comercial, hubo “una cosmética que se ha venido realizando a lo largo del tiempo, ajustando los contratos para mantenerse lo más lejos posible del control del BCU”. Sobre el origen de los fondos de los inversores, si bien no es responsabilidad del síndico verificarlos, sino acreditar la condición de acreedor de los demandantes, en este tipo de casos es esperable la intervención de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). “Cuando usted invierte en valores, quien recibe los fondos es una entidad regulada por el BCU que está obligada a acreditar el origen de los fondos; en este caso asumo que Conexión Ganadera no hacía ese tipo de controles”, agregó.

Enero de 2025: estalla la crisis en Conexión Ganadera, denuncias y posturas sobre el caso

Conexión Ganadera informó a sus inversores sobre dificultades financieras y reconoció un pasivo de aproximadamente 250 millones de dólares. Se presentaron múltiples denuncias penales contra Pablo Carrasco por presunta estafa y apropiación indebida. Los inversores afectados solicitaron el concurso de acreedores para la empresa.

En tanto, en la medida que escalaba el escándalo surgían distintas posturas al respecto:

• Para Sebastián da Silva, senador por el Partido Nacional, el Estado “no tiene ningún tipo de responsabilidad” y “no por negocios entre privados que resultan mal tiene que haber una sobrerregulación en el sector ganadero”.
• Para Alfredo Fratti, futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, hubo una “omisión flagrante del Banco Central del Uruguay (BCU)”. “Cuando yo deposito dinero en un banco, es un acuerdo entre privados, nadie me obliga y eso está regulado por el BCU”, por lo que “no veo mucho cuál es la diferencia”.
• El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió un comunicado aclarando su rol supervisor y las acciones tomadas en relación con este tipo de empresas. El contrato de capitalización ganadera, figura con la que se entiende que trabajan estas empresas de fideicomiso, no entran en el marco regulatorio del BCU.
• La conclusión de Ricardo Giovio, contador contratado por Conexión Ganadera, es que, “al final del día, es un esquema Ponzi” y que marcará un “antes y un después en materia de regulaciones”, ya que “se cayó la empresa más grande del país en un rubro importante y estos son los números más grandes después de la crisis bancaria [de 2002]”.
• Camilo Silvera, abogado de inversores de Conexión Ganadera, sostuvo que “los privados confiaron en que el Estado iba a realizar los controles” y que el BCU “va a tener que intervenir”, ya que la figura con la que trabajan estas empresas, el contrato de capitalización ganadera, no entra en su marco regulatorio” y esto “no es una actividad pura y exclusivamente ganadera. Acá se prometía una renta fija en un producto variable y se pagaba un interés. Si eso no es una actividad financiera, no sé lo que es”.

La Fiscalía Antilavado investiga las denuncias contra Conexión Ganadera. El caso había sido asignado a Delitos Económicos, pero cambió de sede porque un integrante de ese equipo está entre los afectados por la presunta maniobra.

Comienzan a aparecer maniobras sospechosas en las investigaciones del caso: se descubre que en mayo de 2024 Carrasco y Basso habían transferido parte de sus participaciones en la empresa a sus esposas, lo que generó sospechas sobre una posible anticipación de la crisis. A su vez, Pablo Carrasco figura como presidente y director de dos empresas en paraísos fiscales.

Comienzan los problemas financieros en el sector y muere uno de los fundadores de Conexión Ganadera

En los meses de octubre y noviembre de 2024, empresas similares a Conexión Ganadera, como el Grupo Larrarte y República Ganadera, comienzan a mostrar atrasos en los pagos a inversores, generando preocupación en el sector.

El 28 de noviembre de 2024, en un accidente de tránsito, muere Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera.

Para fines de noviembre, y [ante la crisis de República Ganadera, Conexión Ganadera anuncia que sale a “rescatar” a su competencia en un concurso voluntario e indica que, luego de recibir la información de la realidad “económico-financiera” de la empresa (República Ganadera), se “elaboró un plan maestro para la reestructura de la gestión y sus obligaciones, que permita mejorar la actual expectativa” iniciando “un proceso de revisión y análisis de la situación actualizada, para diseñar un plan de negocios consistente, condicionado a privilegiar la protección de los activos y poniendo énfasis en la gestión productiva ganadera a desarrollar, para potenciar la recuperación patrimonial de los inversores y demás acreedores”, según explicaba en el comunicado. “Esperamos confiados que el anexo de esta gestión redunde en el fortalecimiento de nuestra cadena productiva y sean nuestros inversores también beneficiados con este aumento de escala”.

Conexión Ganadera: orígenes y modelo de negocio de los “bonos ganaderos”

Conexión Ganadera fue una empresa uruguaya con más de 25 años de trayectoria en el sector agropecuario. Fundada en el año 2000 por Pablo Carrasco y Gustavo Basso, su misión consistía en captar inversiones para la compra y engorde de ganado que, al venderse, prometían rendimientos entre el 7% y el 11% anuales.

Durante más de dos décadas, la empresa atrajo a numerosos inversores, incluso muchos inversionistas sin experiencia en el sector agropecuario, con inversiones que oscilaban entre 15.000 y 50.000 dólares. Este modelo de negocio consistía en la oferta de cuatro productos diferentes a los socios, uno de ellos “bonos ganaderos”.

El monto mínimo para participar en un negocio eran 15.000 dólares; en ese caso (inversiones en terneros) la renta fija anual era de 7% y los contratos se renovaban cada seis meses.

En las inversiones de ganado para engorde el monto mínimo era de 20.000 dólares, con plazos de entre 12 y 18 meses y rentabilidad de 8%.

En el caso de los animales de cría (vacas preñadas o recién paridas) se ofrecía un bono ganadero que se renovaba cada dos años; la inversión mínima era 25.000 dólares y la rentabilidad anual llegaba a 9%.

Finalmente, el llamado “pool ganadero” requería una inversión mínima de 50.000 dólares, con contrato a dos años y una rentabilidad anual variable (entre 9% y 11%).