El martes 27 se celebró en Roma una de las últimas audiencias del juicio contra Jorge Néstor Tróccoli, exoficial de la Armada Nacional de Uruguay, ya condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur para detener, torturar, matar y desaparecer a militantes políticos. En esta etapa, el proceso judicial se centra en nuevas y gravísimas acusaciones: su participación en el secuestro, tortura y asesinato de la maestra uruguaya Elena Quinteros así como del matrimonio ítalo-argentino compuesto por Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza.
Tróccoli, actualmente detenido en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta, en Italia, fue condenado en julio de 2021 a cadena perpetua por su implicación en numerosos crímenes perpetrados durante la dictadura militar en Uruguay. La sentencia, confirmada en forma definitiva por la Corte de Casación italiana, marcó un hito en la Justicia del país, al perseguir crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero bajo el principio de jurisdicción universal. Luego de huir de Uruguay para evitar ser juzgado, Tróccoli se refugió en Italia, donde finalmente fue ubicado, procesado y condenado.
Tróccoli rechazó todas las acusaciones
El juicio actualmente en curso gira en torno a tres nuevas víctimas. El 27 de mayo de 1977, Filipazzi y Potenza fueron secuestrados en el hotel Hermitage de Montevideo. Tras ser entregados a la unidad S2 del Fusna (Fusileros Navales) –la unidad de la Armada uruguaya donde Tróccoli operaba como oficial de inteligencia–, fueron posteriormente trasladados a manos de agentes del régimen paraguayo del dictador Alfredo Stroessner. Deportados a Asunción, fueron torturados y asesinados. Sus restos aparecieron recién en 2016 en una fosa común.
Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, fue secuestrada el 24 de junio de 1976 y llevada a un centro clandestino de detención. Intentó escapar refugiándose en la embajada de Venezuela en Montevideo, pero fue capturada nuevamente con violencia, en una violación flagrante del derecho internacional que provocó una crisis diplomática entre ambos países. Desde entonces permanece desaparecida: una de tantas vidas borradas por el aparato represivo de las dictaduras latinoamericanas.
En la audiencia del pasado 3 de abril, Tróccoli rechazó todas las acusaciones. Se declaró víctima de un error judicial, afirmó haber conocido la existencia del Plan Cóndor recién en 2015 y negó haber tenido responsabilidad directa en secuestros y torturas. Sin embargo, sus declaraciones se contrapusieron fuertemente con las pruebas documentales y los testimonios presentados por la Fiscalía y las partes civiles, en representación de las familias de las víctimas.
Su estrategia de defensa fue desmantelada por la requisitoria del fiscal Erminio Amelio. En una intervención de nueve horas en la Sala Búnker de Rebibbia, Amelio reconstruyó con rigor y profundidad histórica el contexto criminal en el que se inscriben las acciones de Tróccoli. “No estamos ante crímenes aislados”, sostuvo, “sino frente a un sistema, una arquitectura del terror de Estado que reemplazó la legalidad con la barbarie”. Denunció cómo las llamadas “entregas” entre regímenes del Cono Sur –intercambios ilegales de prisioneros, información y métodos represivos– fueron operaciones completamente fuera del marco jurídico.
Fiscal: “A él no le concedo ninguna atenuante”
Por primera vez, el imputado optó por no estar presente en la audiencia. No escuchó el pasaje más duro de la requisitoria: “A él no le concedo ninguna atenuante. No la pidan, señorías, y no la concedan”. Con estas palabras, pronunciadas ante una sala en silencio, el fiscal expresó la indignación moral que envuelve causas como esta. “Detrás de ese silencio –añadió– persiste el desprecio por la vida humana”.
Amelio detalló una por una las responsabilidades de Tróccoli dentro de la unidad S2 del Fusna. Remarcó cómo el acusado admitió haber interrogado a Rafaela Filipazzi, intentó minimizar su rol en los interrogatorios y trató de justificar el secuestro de la pareja Filipazzi-Potenza con argumentos absurdos, como una supuesta “búsqueda de la novia de Stroessner”. También señaló la liviandad y las contradicciones con las que el acusado narró la desaparición de Quinteros, evadiendo su responsabilidad directa y refiriéndose a “comentarios de terceros”.
La jornada judicial comenzó con una maniobra de la defensa, que presentó una objeción formal: según los abogados de Tróccoli, dos pedidos de prórroga de las investigaciones, fechados en 2020 y 2021, habrían sido notificados al imputado recién en 2025. A su entender, se trataría de un vicio procesal que pondría en duda la legitimidad del proceso. La Corte tomó nota de la observación y anunció que se pronunciará en la Cámara de Consejo.
El juicio se encamina ahora hacia su fase final. En junio se celebrará una audiencia con los alegatos de la Abogacía del Estado y de las partes civiles. En julio será el turno de la defensa. La sentencia se espera para octubre.