Tras los incidentes del clásico del domingo, en los que un policía resultó herido de gravedad tras recibir el impacto de una de las varias bengalas que se encendieron durante el partido, el Ministerio del Interior (MI) anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad en los partidos de Peñarol y Nacional, que fueron acordadas con la Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes involucrados y la Secretaría Nacional de Deporte.

“El operativo policial del domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad; no se registran prácticamente episodios de violencia, salvo un policía que también fue agredido por un particular, que está fuera de peligro, y este policía que nos tiene tan preocupados por su estado de salud”, dijo el ministro Carlos Negro en una conferencia de prensa el lunes, en la que calificó como “excelente” el operativo, en virtud de que la responsabilidad de la seguridad del espectáculo corresponde a los organizadores, y a que en los alrededores del estadio Centenario no se generaron mayores incidentes. Las declaraciones del ministro dan cuenta de un nivel de compartimentación de las responsabilidades sobre la violencia en el fútbol que resalta la necesidad de pensar colectivamente las políticas públicas sobre el tema.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la prohibición del despliegue de banderas de gran porte o que impidan, por su ubicación, la identificación de las personas que están en las tribunas, la prohibición del público visitante en los clásicos que se jueguen en la cancha de Peñarol o Nacional, la revisión obligatoria de todas las personas que desempeñen funciones en el estadio, incluyendo jugadores, proveedores y dirigentes, y la realización de un relevamiento de la infraestructura en seguridad de los escenarios deportivos.

Qué alcance pueden tener estas acciones para reducir los incidentes de este tipo, cuál es el rol del vínculo entre las hinchadas y los clubes en el desarrollo de esa violencia, en qué medida refleja un incremento de la violencia en otros ámbitos, cuáles son los vínculos entre las hinchadas y el crimen organizado y qué lugar ocupa o debería ocupar el Estado en el asunto son algunas de las preguntas planteadas.

El fiscal Fernando Romano, quien desde 2021 trabaja en casos relacionados con la violencia en el deporte, dijo a la diaria que el tema “no pasa por un cambio de legislación”. “Se podrá mejorar la legislación, pero el tema es mucho más profundo, complejo; hay intereses económicos, hay narcotráfico, lavado de activos, organizaciones criminales, y las dirigencias también son responsables en todo esto; tendrán temor, no podrán parar la mano, les resultará difícil la situación si hay amenazas, pero fueron las propias dirigencias las que criaron a este monstruo”, comentó.

Romano señaló que, con base en las declaraciones del presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Gonzalo Trabal, las bengalas fueron ingresadas por las hinchadas luego de la revisión que hizo el MI en el Centenario en la mañana del domingo, lo que para el fiscal da cuenta de un caso de corrupción. “No pueden ingresar tantas cosas a la vista. Es obvio que hay corrupción; alguien debe recibir algún dinero, alguien debe mirar para el costado porque está amenazado”, señaló. Romano planteó la necesidad de investigar el funcionamiento de las hinchadas y la forma en la que acceden a viajar con el equipo en las competiciones internacionales, así como también la contratación de abogados que defienden a las barras cuando están siendo investigados por la Justicia.

Romano planteó que la violencia en el fútbol requiere una política pública comprometida y profunda y descartó que medidas aisladas, como el ingreso de la Policía al estadio, puedan dar buenos resultados. “Después todo sigue igual, dicen que son siempre los mismos, pero nunca aparecen quiénes son los mismos”.

“La estructura del fútbol tiene demasiada pus, porque hay mucho dinero en juego atrás de esa estructura. En el Partido Peñarol-Cerro, a mí me llamó gente para decirme que el Betito Suárez quería meterse en la barra de Peñarol, ¿y por qué entraría el Betito Suárez en la barra de Peñarol? Tendría un manejo de poder muy importante en un sector que apasiona a mucha gente”, agregó.

Por su parte, el sociólogo Leonardo Mendiondo, quien a principios de 2000 realizó un estudio de observación participante en la hinchada de Peñarol y Nacional, calificó como “absolutamente opaco” el mundo del fútbol, por lo que es difícil conocer el grado de complicidad entre hinchas e instituciones. Mendiondo mencionó que a principios del siglo había una relación clara entre los clubes y las hinchadas que entregaban entradas que la hinchada vendía y recordó que para su investigación logró ingresar al estadio sin pagar durante un año.

La separación de hinchadas, que comenzó a implementarse en el clásico que definió el campeonato uruguayo de 1986, “fue una mala decisión porque acentuó aún más la rivalidad”, dijo Mendiondo a la diaria, “y esa rivalidad fue cambiando de signo porque las hinchadas tuvieron una evolución: se pasó del simple espectador al aficionado, el hincha y alguno de ellos en barra”. Mendiondo dijo que es necesario entender la lógica de personas de bajos recursos que “viven para su club”, y que encuentran en el club el único mecanismo de sentirse parte de algo.

Para el sociólogo, este tipo de incidentes “son los reflejos de nuestra conciencia tardía de lo que debimos hacer y no hicimos” y destacó la conexión entre las violencias expresadas en otros ámbitos de la sociedad: “Si un tipo está dispuesto a meterle una bala a un policía para robarle una moto, ese tipo no vive en una cueva, ese tipo vive en la sociedad como cualquiera y va al estadio, y cuando va al estadio lleva su periplo vital, lo que es, sus emociones, su forma de expresarse; todo lo que el tipo es lo lleva al estadio. ¿Cómo no va a disparar una bengala?”.

Mendiondo calificó como “cínico” responsabilizar únicamente a los hinchas por los disturbios y lamentó que la ley sobre violencia en el deporte esté destinada a los espectadores. “Donde tú mires hay expresiones de violencia simbólica que en algunos casos transgreden esa frontera y se pasa a la violencia física”, señaló y llamó a trascender esa “visión acotada propia de la mirada policial” y “contemplar el fenómeno desde una mirada más amplia”.

En ese sentido, señaló que es necesario pensar por qué no se cumplieron las medidas que dispone la ley y vuelven a plantearse las mismas medidas. “Estamos luchando contra esto hace 40 años y no hemos avanzado”, expresó. Como ejemplo, dijo que cuando él realizó la investigación supo cómo ingresaban las banderas y los elementos prohibidos al Estado: “Yo en 2001, sin recursos, sabía cómo entraban las cosas. Hoy, en 2025, ¿no saben cómo entran las cosas? Con 25 años de desarrollo, ¿la inteligencia no fue capaz de darse cuenta de cómo ingresan cosas al estado? Parece un chiste”.

Consultado sobre los casos de personas vinculadas al crimen organizado involucradas en las barras –como es el caso de Erwin Coco Parentini, los hermanos Casenave o Alan Lorenzo– y los motivos por los que líderes de organizaciones criminales se interesan por las hinchadas, Mendiondo descartó los beneficios económicos que pueda dejar el microtráfico dentro del estadio y lo atribuyó a la necesidad de “poder, prestigio y popularidad”.

El abogado Pablo Casas, quien ha defendido a varios hinchas de Nacional, entre ellos los cinco que fueron detenidos con armas de fuego el jueves previo al clásico, dijo que no tiene vínculo formal con el club más allá de ser hincha, y planteó que hace unos años comenzó a representar a algunos referentes de la barra y luego lo fueron llamando otros cuando tenían algún caso. “Vendría a ser como una referencia de la barra de Nacional; más allá de que tenga amistad con directivos, no tengo ninguna participación en el club”, señaló.

Casas dijo que “el vínculo entre los clubes y el crimen organizado es inexistente” y puntualizó que no puede atribuirse a Nacional o Peñarol los delitos cometidos por personas que se identifican con los clubes. “Yo he tenido clientes condenados por narcotráfico, que tienen alguna relación con la hinchada de Nacional, pero eso no tiene nada que ver con la institución en sí”, señaló y agregó que “el único vínculo que tiene Nacional con las barras son los referentes, que algunos tienen un sueldo que se les paga; que son el nexo entre la barra y la institución a los efectos de mantener la seguridad dentro de la cancha”, expresó.

Ese fue el caso de Carlos y Leonardo Cazenave, Nicolás Carpani y Alan Lorenzo, que en 2024 fueron extraditados a Argentina por el intento de robo al Banco Macro de San Isidro a través de un túnel. Carpani y Lorenzo fueron condenados en 2019 por el asalto a un camión de matrícula paraguaya que transportaba 45 kilos de cocaína por la ruta 3, mientras que Carlos Cazenave y Lorenzo fueron investigados –y luego absueltos– por un doble homicidio atribuido a la organización liderada por Sebastián Marset.

“No tiene nada que ver lo que hicieron en Argentina con la institución, tenían una función de nexo y lo que hacían funcionaba muy bien, porque son uno de ellos y así logran un orden”, explicó. Casas relativizó eventuales amenazas desde las hinchadas contra los dirigentes y señaló que habitualmente las instituciones entregan a los hinchas entradas de cortesía. “Eso siempre ha sucedido en todas las instituciones. En este caso se dan a la barra 40, 50 entradas de cortesía, y esas entradas no se utilizan con gente que va a enfierrada; lo que pasa es que después se mezclan algunos dentro de las barras que hacen cualquier cosa. Es imposible en un clásico en el Estadio, donde van a una tribuna 15.000 personas, poder controlarlo todo”, afirmó, y dijo que en el Parque Central no se generan ese tipo de incidentes.

Casas destacó el carácter formal de las contrataciones de los referentes, que cobran entre 40 y 50.000 pesos de sueldo, y señaló que algunos, pese a estar en la lista negra, pueden ingresar al Parque Central porque impedirlo atenta contra el derecho al trabajo. Negó que la institución financie viajes al exterior de los hinchas, más allá de alguna coordinación que pueda hacer para que accedan a algún tipo de oferta o contratación de transporte. “No hay un solo dólar que Nacional ponga en un pasaje”, agregó.

Consultado sobre las fallas en los controles sobre el ingreso, el abogado señaló que “evidentemente algún control falla” y señaló que “hay como un limbo” a nivel legal porque “los espectáculos son privados”, pero el MI pone las condiciones para habilitar el ingreso del público al partido, por lo que los clubes reclaman al MI recursos para poder controlar el cumplimiento de esas condiciones. “Ahí viene la discusión, porque si vos me exigís que hay que ingresar dos horas antes, que el equipo que gana sale primero y el que pierde sale una hora después, que no se pueden entrar con pilas grandes, los clubes acatan, pero no tienen personal para cumplirlo”, agregó.

En cuanto a la pertinencia de suspender los partidos ante el uso de bengalas, Casas dijo que en el caso de partidos como el clásico “genera un perjuicio económico enorme”, vinculado a las empresas que invierten en publicidad, derechos de transmisión y toda la cadena de proveedores conectada con el espectáculo. “Todos se echan la culpa entre todos, pero acá más allá de eso están los intereses económicos”, señaló. El abogado opinó que el MI “debe controlar como corresponde” y que los clubes y la AUF no deberían “tener tanta presión para que el espectáculo se siga desarrollando”.

En diálogo con la diaria, el abogado Rodrigo Rey, quien defiende en forma honoraria a hinchas de Peñarol por provenir de una familia vinculada a ese club, pero que no tiene ningún vínculo con la institución, reflexionó sobre la ausencia de los hinchas en la discusión y dijo que “hay una visión estereotípica de que la barra brava es un negocio, cuando eso no está demostrado. Yo estoy más acostumbrado a ver gente trabajadora que es hincha de Peñarol y se organiza para ir a ver a Peñarol”.

Rey dijo que es “una sandez” tener como referencia las políticas aplicadas en Reino Unido y rechazó la implementación de la lista negra por incluir “un espectro de conductas heterogéneo” que incluye derechos constitucionales como manifestarse públicamente. “Ha generado que haya un grueso de hinchas que ha sido castigado sin razón”.

Entre otros casos, Rey participó junto con Jorge Barrera en la defensa de los hinchas detenidos en Río de Janeiro y logró la absolución de los hinchas que fueron detenidos en la localidad argentina de Metán, en Salta, investigados por un saqueo a un local durante el regreso del partido contra The Strongest. Consultado sobre el vínculo de la institución con las defensas, Rey aclaró que no tiene vínculo profesional con Peñarol, más allá de que, en el caso de Río de Janeiro, al entender que se trataba de hinchas que habían sido víctimas de la policía brasileña, el club colaboró con algunos costos del proceso.

El abogado dijo que es necesario “escuchar con humildad epistemológica, porque la información relevante para aprender a mediar en ciertos conflictos la tienen muchas veces los referentes positivos”. Rey diferenció ese proceso de intercambio con la existencia de hinchas asalariados y rechazó ese tipo de institucionalización de referentes. “No se puede perder la oportunidad de tener un diálogo inteligente con aquellos parciales que tienen capacidad de influir positivamente para controlar las conductas violentas; esa es una silla vacía en la mesa de diálogo institucional. No son los egresados de la academia los que te van a resolver el problema de la seguridad en el fútbol”.

“No se trata de legitimar actores criminales, sino de dialogar con referentes positivos, que en mi experiencia existen y los he conocido, que tienen influencia y la capacidad de construir una convivencia más sana en la tribuna”, agregó, y mencionó “las expresiones de solidaridad permanente con los más necesitados y las expresiones públicas en causas que son de toda la sociedad” por parte de la hinchada de Peñarol.