A poco de entregarse las 800.000 firmas para someter a referéndum derogatorio 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), Julio María Sanguinetti sintetizó en dos titulares los ejes sobre los que transitará la defensa de estos: “derogarlos es volver a [Eduardo] Bonomi y a que Fenapes [Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria] gobierne” en secundaria. Son consignas contundentes, hay que analizarlas y problematizarlas para no entrar en el surco propuesto.

El llamado segundo tiempo para derogar esos artículos de la LUC tendrá otro contexto. Contrariamente a la etapa anterior, los grandes medios de comunicación focalizarán crecientemente su tiempo en ella. La coalición ha mostrado gran capacidad de manejo mediático y ahora la desplegará con su máxima potencia. Autoridades, dirigentes y operadores multicolores golpearán desde sus plataformas.

Se presagian dos escenarios de confrontación. Uno focalizado en el contenido específico de la LUC. Otro, más amplio, por el que el referéndum laudaría de un modo general la opinión ciudadana sobre la trayectoria del gobierno. Defensores e impugnadores de la ley sopesarán sobre en cuál de ellos poner énfasis. Y también dependerá de cómo evolucione la situación económico-social desde ahora hasta el primer trimestre de 2022.

Los artículos cuestionados son de variadas temáticas: seguridad, educación, vivienda, mercado de combustibles, inclusión financiera, actividad sindical, lo relativo al Instituto Nacional de Colonización (INC) y un largo etcétera, indicativo de por sí del dislate legal que fue discutir como de “urgente consideración” un proyecto de tal amplitud.

En el surco dicotómico planteado por Sanguinetti, los multicolores se moverían con viento a favor. Luego de tres gobiernos frenteamplistas, en varias áreas la población mostraba clara satisfacción con lo logrado, en otras tenía evaluaciones dispares, y en algunas la opinión negativa era mayoritaria. Dentro de estas últimas, claramente la seguridad y, en menor medida, la educación.

Hoy la inseguridad pasó a tener baja relevancia como problema, pues sólo 7% de los encuestados la define como el principal. Si bien Bonomi no volverá a la conducción ministerial de triunfar el Sí derogatorio, los multicolores pondrán sobre la mesa la disyuntiva “Volver o no a Bonomi”. Las preguntas que los propulsores del referéndum debemos hacernos son si nos planteamos evitar esa maniobra y, en caso afirmativo, cómo hacerlo inteligentemente.

En la educación los cambios regresivos están vinculados a su gobernanza, un debate histórico. Ya en 1972 Sanguinetti, como ministro de Educación de Juan María Bordaberry, impulsó la Ley 14.101, centralizadora de la gestión educativa y excluyente de la participación docente en los consejos de Secundaria y UTU. Esa ley luego permitió a la dictadura imponer sus fines represivos sin siquiera modificarla. En 1985 la “ley de emergencia” anuló la 14.101 y después la muy demorada Ley General de Educación 18.437, aprobada en 2008, devolvió la representación docente –electa por voto secreto– a los consejos de los subsistemas y la extendió al consejo directivo central.

No permitamos que nos metan en corrales de ramas en la discusión y agreguemos inteligencia a la gran cuota de fe que, sustentada en 800.000 firmas, tenemos para darla.

La exclusión docente de los consejos de Secundaria, Primaria y Técnico-Profesional es parte de lo regresivo de la LUC; ahora pasan a ser dirigidos por un órgano unipersonal: el director general. Se hace esto en el marco de cierto desprestigio que se ha ganado el sindicato de profesores de secundaria, uno de los que en el área pública tiene más baja adhesión. Se desconoce así el papel constructivo incontrastable que han tenido los maestros electos en el Consejo de Primaria o los aportes innovadores curriculares de los respectivos representantes en el de UTU. Poder discutir conceptualmente la importancia y pertinencia de la presencia docente en los organismos de gestión educativa, y no sobre la trayectoria y posturas de ciertos dirigentes, será también un desafío en el camino de batallar el “segundo tiempo”.

Para estos temas correspondería plantearse en primer lugar reconocer que son áreas donde no tenemos, como fuerzas políticas y sociales de los cambios, satisfacción con lo logrado, por más que se haya realizado importantes avances. Estos hay que objetivarlos con indicadores ciertos, pero también adoptar definiciones autocríticas que deben ser reconocidas frente a la ciudadanía. No podemos atrincherarnos en defensas de conceptualizaciones o decisiones que hoy valoramos como erróneas. Durante años consideramos que la delincuencia tenía base en condiciones económicas de pauperización y sostuvimos que combatiendo la pobreza habría un descenso de ella. Sin embargo, los nítidos avances en los indicadores económicos (expansión del producto interno bruto per cápita, aumento constante del salario real, caída de la desocupación, descenso de la pobreza monetaria, mejora en el índice de Gini) no fueron seguidos por una disminución de los delitos. La tesis resultó simplista, no dando cuenta de un problema multidimensional que recién en los últimos años se empezó a encarar.

Cuando Sanguinetti centraliza la confrontación en esas dos temáticas es consciente de las debilidades en los otros artículos cuestionados de la LUC. Ya estamos viendo consecuencias de la forma de fijación del precio de los combustibles, en las antípodas de las promesas electorales realizadas; los retrocesos en la inclusión financiera, que permite pagos cash hasta por 100.000 dólares habilitando prácticas dudosas, en el momento en que la Secretaría Antilavado informa que “cada vez hay más delitos” de ese tipo y “menos investigaciones”; la desvirtuación del INC al quitarse la obligación de vivir en el predio y que el colono lo trabaje, como eslabón negativo inicial que ha sido seguido por otros en la ley presupuestal y la actual rendición de cuentas.

La LUC no es una propuesta puntual; su articulado enuncia una cosmovisión política y económica, a veces de modo expreso, otras de forma implícita, y se complementa con otras iniciativas. El debilitamiento de las empresas públicas es un postulado histórico reiterado del herrerismo, y su hegemonía hoy en la coalición le permite incluso ir desmantelando otro legado del batllismo, como es el INC. Por eso debe tomarse nota de que la población ha modificado, en relación a 2019, su valoración respecto de la situación económica, cuyas problemáticas pasaron actualmente a tener prioritaria preocupación. Será una deriva natural que el referéndum se transforme, también, en un plebiscito de medio término sobre lo actuado por el gobierno multicolor.

El segundo tiempo de esta batalla nos demandará más que el primero. El resultado será muy importante para el devenir político. No permitamos que nos metan en corrales de ramas en la discusión y agreguemos inteligencia a la gran cuota de fe que, sustentada en 800.000 firmas, tenemos para darla.

Edgardo Rubianes es doctor en Biología y fue presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.