Todo parece indicar que el proyecto Neptuno/Arazatí sigue su curso, a pesar de todos los inconvenientes que se le puedan señalar. Este proyecto forma parte de un modus operandi de desmembramiento y privatización de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en todo el país.
Si en la década de 1990 la estrategia de aprobar una ley madre que privatizara de una sola vez varios servicios públicos fue negada en referéndum por la ciudadanía, esto le dejó una sola enseñanza a la coalición de gobierno: hay que avanzar por partes y usar subterfugios.
Pensamos que muchos votantes de la coalición no están de acuerdo con desmembrar OSE y entregarla a empresas privadas, ya que 65% de voluntades ciudadanas que aprobaron la Reforma del Agua en 2004 es más que el caudal electoral de la actual oposición. El gobierno desarrolla por tanto estrategias oblicuas, confusas, muchas veces agitando fantasmas sobre la situación de peligro en que se encuentra el sistema de abastecimiento, sin que tenga ninguna base objetiva.
Los últimos avances conocidos son que el directorio de OSE a fines de abril dio por aprobado el Estudio de Factibilidad del Proyecto Neptuno. A lo largo de casi un año el ministro de Ambiente, Adrián Peña, ha afirmado que la iniciativa ha sido estudiada (y ahora aprobada) por cuatro gerencias de OSE. Sin embargo, realizamos un pedido de acceso a la información pública en agosto de 2021, y en respuesta nos llegaron informes redactados por el gerente general de OSE, que es un cargo de designación política.
El 25 de abril de 2022 reiteramos la misma consulta, esta vez recurriendo al pedido de informes a través del artículo 118 de la Constitución, y aún no tenemos respuesta.
La próxima etapa es conformar un proyecto ejecutivo sobre Neptuno/Arazatí que sea posible de licitar, y para esto corresponde definir aspectos de ingeniería así como del “modelo de negocio” que viabilice esta inversión. Y es en esta coyuntura que OSE avanza en contrataciones externas relacionadas con el Proyecto Neptuno: por un lado, se estaría firmando un contrato entre OSE y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), herramienta usada en múltiples ocasiones para realizar tareas operativas por encargo de alguna otra entidad estatal. En general la ventaja de apelar a la CND es que se puede recurrir a procedimientos más expeditivos y con menos trámites formales que en las administraciones públicas. Y justamente, prende una alarma de que se desvíe por esta vía el estudio (¿y administración?) de una obra cuyo monto equivale a tres años de lo que OSE invierte normalmente para todo el país. Más aún, recordemos que la Constitución prevé que los servicios públicos de agua potable sean prestados “directa y exclusivamente por persona pública estatal”.
La CND es persona pública no estatal, y sin dudas sus competencias están lejos de la definición de un proyecto de provisión de agua potable, y esto nos lleva a la segunda señal de alarma.
Se encuentra en avance un contrato entre OSE y la empresa israelí Mekorot, también en conexión con el Proyecto Neptuno. Mekorot es la empresa pública de provisión de agua potable de Israel, y ha sido observada a nivel internacional por ejecutar una verdadera política de apartheid en detrimento de la población palestina.1 El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas incluía en su informe a la 25ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (2014) una condena de las políticas de Mekorot. Al menos en tres países han rechazado a la fecha iniciar o continuar en tratativas con esta empresa israelí, debido a sus antecedentes.
A finales de 2013, se logró detener un contrato de 170 millones que habría hecho que Mekorot construyera una planta de tratamiento de agua en La Plata (Buenos Aires). También a fines de 2013, la compañía holandesa de agua pública Vitens canceló un memorando de entendimiento con Mekorot porque la cooperación con la compañía “no puede separarse de lo que la ONU escribe sobre la política de Mekorot [...] hacia los territorios palestinos y los asentamientos”. Y en marzo de 2014, la Compañía de Agua Pública Epal en Lisboa (Portugal) anunció que, después de una campaña de alto nivel, había finalizado un acuerdo de cooperación con Mekorot antes de su término de caducidad.
La política del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios.
Un país como Uruguay, que logró destacarse a nivel internacional por haber plasmado en su Constitución que el acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento son derechos humanos fundamentales, debería pensar mejor si le corresponde establecer un convenio de colaboración con una empresa que flagrantemente viola estos derechos.
¿Qué puede estar ocurriendo entonces con esta contratación en paralelo de la CND y Mekorot por parte de OSE? ¿Será que aun habiendo ampliado el proyecto de obra inicial con la construcción de una reserva de agua dulce, las autoridades estiman que no es suficiente y el Proyecto Neptuno también incluirá una desalinizadora? ¿O acaso estará volviendo una pretensión ya plasmada en una reforma de la Carta Orgánica de OSE a principios de los 2000, para que OSE ingrese en el negocio de riego?
Otro hecho no menor es que la contratación de Mekorot fue observada por el Tribunal de Cuentas en votación dividida, en tanto no se cumple con la causal de excepción invocada por OSE prevista en el numeral 18) literal D) del artículo 33 del TOCAF. Es decir, OSE realiza una contratación directa invocando un convenio que prevé que exista un intercambio comercial, es decir, que Uruguay exporte algo a Israel como contrapartida a la contratación directa de la empresa isaraelí, lo cual no ocurre en este caso.
Para terminar, e insistiendo sobre la necesidad de visualizar estas iniciativas en OSE como una estrategia oblicua de privatización, hemos sido informados sobre la presentación de más iniciativas privadas en OSE al amparo de la Ley 17.555, de 2002. Además de Neptuno y el Proyecto de Universalización de Saneamiento, sabemos que OSE ha recibido iniciativas para colocar dos plantas desalinizadoras en el Río de la Plata, una sobre la Costa de Oro, presentada por la transnacional francesa Veolia; y otra para la provisión de agua potable a La Barra y José Ignacio en Maldonado, esta última presentada por Pafed SRL como representante de IDE Technologies de Israel. También se presentaron Teyma y Degremont (del Grupo Suez, Francia) con una iniciativa para el tratamiento de lodos en aguas corrientes, y por último la empresa Taficor se presentó con una iniciativa para la eliminación de arsénico en aquellos servicios que no se encuentren ajustados a los mínimos permitidos por la norma.
En todos los casos, si algo hace falta es voluntad política para que la empresa pública se desarrolle y enfrente los nuevos desafíos con sus propios recursos, dando un servicio de calidad, público y con la perspectiva del acceso al agua potable como derecho humano.
Por el contrario, la política del gobierno parece ser el desembarco de la mayor cantidad de empresas privadas posible en la gestión del agua, con gastos astronómicos para proyectos innecesarios, y emplear todos los mecanismos a su disposición para esquivar el pronunciamiento ciudadano del plebiscito del agua.
Lilián Galán es diputada del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.