Facundo Franco

Por estos días parece reabierto el debate acerca del rol que ocupan las religiones en la sociedad uruguaya. La discusión también está presente en otros países de la región, aunque desde modelos distintos, debido a la presencia que tienen en la institucionalidad y en la política. En Brasil existe incluso una bancada identificada como religiosa. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sancionó en 2007 la ley que declara la fecha de hoy Día Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa. Recuerda que el 21 de enero de 2000 una mãe afroumbandista murió de un infarto después de varias agresiones que sufrió a causa de una foto suya difundida por la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD).

Con poca difusión y en una fecha un tanto inusual, el gobierno aprobó dos decretos que regulan aspectos de la televisión, uno referido a la televisión por abonados y otro a la implementación del sistema de televisión digital terrestre (TDT). En principio puede pensarse que ambas normas refieren a aspectos distintos, pero según reconocieron autoridades del gobierno, las dos fueron concesiones del gobierno ante pedidos de las tres empresas que gestionan los canales privados en Montevideo, y de la gremial que los nuclea. La norma que limita la concentración de hogares a nivel nacional lo hace principalmente para DirectTV y no afecta a los cableros que operan regionalmente, que no tienen límites de concentración.

El hecho de que el complejo que albergaba al Cine-Teatro Plaza y el complejo de espectáculos Lorente fue vendido a la Iglesia Dios es Amor ocupó los principales titulares en los últimos días, como hacía tiempo no pasaba con una noticia sobre la identidad cultural de los montevideanos. El sociólogo y asesor del Ministerio del Interior Gustavo Leal inició una campaña en la web para “expropiar” el complejo del Plaza, que en dos días recogió cerca de 5.000 adeptos. Si bien autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) se mostraron contrarias a la idea, Leal se mostró abierto a buscar otras alternativas para que el complejo pueda seguir siendo de uso público.

En el medio rural la pobreza disminuyó 74% de 2006 a 2011, y la indigencia, 85%, aunque continúa el trabajo precario.

Aunque pueda sonar paradójico, son muchos los intereses que rondan sobre la gestión de residuos en el país, sector regido por una lógica de “capitalismo primitivo” según la definición compartida por quienes lo integran. Varias de las fuentes consultadas también coincidieron en que el sistema está controlado por “mafias”, y hay quienes denuncian que el gobierno es permeable a presiones de empresas que configuran los eslabones formales de la cadena y serían las principales beneficiadas. En el otro extremo se ubican los recolectores y los clasificadores, que pese a la precariedad en la que trabajan son quienes sostienen un negocio que por año mueve 150 millones de dólares según cifras oficiales, más otros varios millones por fuera de la formalidad.

Se llevó a cabo la primera edición del Campeonato de Fútbol Popular, que nucleó a grupos de jóvenes y no tanto, de varios asentamientos, sindicatos y colectivos que trabajan en zonas vulnerables. Todos los participantes coincidieron en que más que un campeonato fue una forma de integración de personas que por distintos motivos no acceden a actividades que les den posibilidades de sentirse integradas a la sociedad y que sus realidades se restringen a mundos en los que priman la violencia, los delitos y el consumo de drogas.

La nueva carta orgánica del BROU incorporó una disposición que en la anterior no existía. Se trata de la posibilidad de que “personas relativamente incapaces” puedan abrir una cuenta bancaria por sí mismos. Esos “relativamente incapaces” no son otros que “niños, niñas, adolescentes y púberes”, según lo que establece la norma que rige la actividad del banco. A partir de su entrada en vigencia se le da la potestad a la entidad bancaria para dar la oportunidad a menores de edad de depositar y retirar dinero e imposibilita que sus representantes legales retiren los fondos sin su consentimiento.

El sábado se hizo la primera “marcha de las putas” en Uruguay, un evento que desde el año pasado recorre América Latina. Todo surgió a partir de la opinión de un policía canadiense que en una charla sobre seguridad ciudadana dijo que para evitar violaciones las mujeres debían dejar de vestirse como putas. Como reacción, se organizaron marchas bajo la misma consigna: luchar contra la cultura que enseña a no ser violada en lugar de a no violar, y resignificar los insultos “puta” y “puto”. Ahora llegó el turno de Montevideo, donde un grupo de mujeres convocó la movilización por Facebook.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó los resultados primarios del censo agropecuario realizado en 2011. Si bien aún quedan datos por procesar, la información disponible muestra que las hectáreas explotadas por propietarios o empresas del agro se duplicaron desde 1961. Sin embargo, desde la misma fecha, el número de propietarios se redujo a la mitad, por lo que se concluye que la tierra se concentra cada vez en menos manos.

El canal de la Intendencia de Montevideo (IM), Tevé Ciudad, está próximo a comenzar una nueva etapa con el pasaje de señal de cable hacia ser un canal metropolitano, digital y de aire. Según su nuevo director, Martín Papich, este hecho representará el segundo hito más importante en la historia del canal luego de su creación, y nos explicó sus planes para el futuro.

Los médicos de todo el país deben concurrir a votar el domingo para pronunciarse sobre la propuesta de Código de Ética que somete a consideración el Colegio Médico del Uruguay (CMU). Habrá dos papeletas -una a favor y otra en contra; el voto es obligatorio y los que no concurran a sufragar con su cédula de identidad deberán pagar una multa. Varias instituciones de la salud coinciden en que el código representa un avance, si bien reclaman que algunos aspectos que son nombrados sean desarrollados en regulaciones más específicas, como el vínculo entre los profesionales y las industrias farmacéuticas.

El director de Movilidad Urbana de la intendencia montevideana habló de las diferencias con Cutcsa y otras cuestiones del transporte colectivo.