Lourdes Rodríguez

Se concretó ayer en Quito la primera audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la demanda contra el Estado uruguayo presentada por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman en 1976. Esta instancia fue postergada un mes y medio tras la sublevación policial que tuvo lugar en Ecuador el 30 de setiembre. Los denunciantes, Juan y Macarena Gelman, dieron su testimonio.

El juez Rolando Vomero procesó con prisión a José Nelson Chialanza Muñoz y a Miguel Ángel Dalmao Álvez por la coautoría del delito de “homicidio muy especialmente agravado” de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 con una pena de entre 15 y 30 años de penitenciaría. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó a la diaria que Dalmao será recluido en la Guardia de Coraceros, dependiente de esa cartera y ubicada en José Pedro Varela y José Batlle y Ordóñez.

El senador Jorge Saravia (Espacio 609), en su calidad de presidente de la Comisión de Defensa Nacional, envió a sus pares del Frente Amplio (FA) un informe en el que marca sus discrepancias con el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas (FFAA). También se lo hizo llegar al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, quien el viernes se reunió con oficiales retirados que reclaman una mejora en las partidas para Sanidad Militar. Desde el Ejecutivo informaron a la diaria que estos temas serán evaluados hoy en el Consejo de Ministros.

Es la segunda vez que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emite un fallo a favor de la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. El año pasado lo hizo para el caso de Nibia Sabalsagaray, con argumentos que los magistrados también evocaron para este pronunciamiento. “La SCJ está dejando en claro que tiene una línea de pensamiento que continuará sosteniendo”, dijo a la diaria la abogada querellante Pilar Elhordoy. Por eso, la expectativa es que falle en el mismo sentido para el expediente “Fusilados de Soca”, que abarca otros seis casos.

En las últimas horas la fiscal Mirtha Guianze presentó un escrito al juez Juan Carlos Fernández Lecchini solicitando pruebas sobre la casona de Millán y Gomensoro donde Julio Castro permaneció secuestrado en agosto de 1977. Además pide que sean citados como indagados los militares Gilberto Vázquez, Gregorio Álvarez y Julio César Bonelli, y varios testigos, entre ellos, Juan Raúl Ferreira.

Saravia mantiene su decisión de no votar el proyecto de ley frenteamplista que declara ilegítima la Ley de Caducidad.

La audiencia pública “Femicidios y violencia doméstica en Uruguay” tendrá lugar el jueves en Washington, a instancias de 23 organizaciones civiles vinculadas al tema. Las delegadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantaron a la diaria los puntos más importantes de la exposición. “Es un tema de derechos humanos en el que el Estado hace la vista gorda”, resumió Nita Samuniski, integrante de Mujer Ahora.

La Cámara de Diputados aprobó anoche por 50 a 30, solamente con los votos del FA, el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad.

La asociación de ex presos y presas políticos Crysol se concentró ayer frente a la Torre Ejecutiva para pedirle personalmente al presidente José Mujica que reconsidere el decreto 294/010. Entienden que éste “desconoce” el derecho previsto en la ley de reparación a que los beneficiarios opten entre prestadores de salud públicos y privados. Finalmente los recibió el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, quien expuso “razones económicas”.

Gonzalo Fernández dijo que se olvidó de que había recomendado derogar el artículo invocado contra los Peirano.

Las comisiones legislativas de Derechos Humanos, Salud, Vivienda y Medio Ambiente están presididas por legisladoras. Las vinculadas a lo económico, Defensa, Ganadería y Transporte están integradas exclusivamente por legisladores hombres. Los parlamentarios consultados por la diaria entienden que tiene ver con la formación profesional diferencial; ellos no lo visualizan como una cuestión de género y ellas reclaman que muchas veces pierden en la negociación interna.

La semana pasada, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, los legisladores frenteamplistas Mónica Xavier (Partido Socialista) y Álvaro Vega (Movimiento de Participación Popular) anunciaron la presentación de dos proyectos de ley para despenalizar el aborto, aunque éstos formalmente aún no ingresaron al Parlamento. Los frenteamplistas favorables a la iniciativa reclamarán a sus pares el cumplimiento del mandato del congreso de la coalición de izquierda.

Cuando las organizaciones desplegaron la flor que ilustra la convocatoria, el viernes en la plaza Libertad, aún quedaban vestigios de las protestas contra la sublevación policial en Ecuador. Por los episodios del jueves, en Quito, se postergó la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevista para hoy. “No más gorilas”. “No pasarán”. Eso decían los carteles colgados en la plaza.

La Junta Departamental recibió ayer un informe que solicita indagar sobre los procedimientos de la compra de dos chacras por 150 mil dólares en efectivo al primo hermano del ex intendente Carlos Gabrielli, quien asumió luego de que Ramón Fonticiella renunciara para dedicarse a la campaña electoral. A su vez, el lunes comienza a auditarse el manejo de recursos en la Dirección de Turismo, que presidía Marcelo Fonticiella, hijo de Ramón.