Natalia Uval

Guillermo Caraballo conoce la Intendencia de Paysandú desde hace años. Luego de su experiencia como edil, fue director de Descentralización en la intendencia del frenteamplista Julio Pintos, entre 2005 y 2010. En el primer año de aquel gobierno departamental, Caraballo estuvo al frente de la primera edición del Presupuesto Participativo, que ha continuado realizándose -con interrupciones- hasta hoy. Ahora el intendente evalúa introducir cambios en esta modalidad de participación, definiendo “pactos de gestión” en los territorios.

En 2007, el primer gobierno de Tabaré Vázquez reglamentó la Ley de Inversiones 16.906, que había sido aprobada en 1998. Se estableció como requisito para promover las inversiones mediante exoneraciones tributarias, entre otros, el cumplimiento de metas en materia de generación de empleo productivo, la mejora del proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias y las inversiones en investigación.

La Asociación de Dirigentes de Marketing convocó al Partido Nacional (PN) y al Partido Colorado a sus tradicionales almuerzos, para conmemorar los 180 años de la creación de las divisas. Entre las mesas circulaban dirigentes históricos como Carlos Julio Pereyra, y hubo un lugar en el estrado para los ex presidentes Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti. La historia, sin embargo, no fue utilizada para marcar diferencias entre los dos partidos, sino todo lo contrario.

“No actuaremos al grito de la tribuna; estamos convencidos de lo que hacemos, y seguiremos haciéndolo”, aseguró el presidente Tabaré Vázquez en La Coronilla, donde se realizó un nuevo Consejo de Ministros abierto. Lo dijo luego de reafirmar que Uruguay firmará el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, el 4 de octubre en Montevideo, y que en su próximo viaje a China, a fines de octubre, dará los pasos necesarios para avanzar en la suscripción de un TLC con ese país. Afirmó que estos acuerdos se someterán a consideración del Parlamento, pero que el gobierno tiene “la obligación y el derecho de establecer una política comercial internacional comprendida en el programa de gobierno”.