Este miércoles se lleva adelante desde las 10.00 la interpelación que impulsa el oficialismo respecto del Antel Arena, con los senadores del Frente Amplio fuera de sala porque decidieron no ir en señal de protesta.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que su intervención sería breve y daría paso al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. El ministro defendió “el mecanismo” parlamentario para “rendir cuentas del accionar” y cuestionó “el nivel de secretismo que se intentó generar”, que va “contra el derecho a saber de los accionistas, que son los ciudadanos”.

Gurméndez tomó como base de sus intervenciones la auditoría privada que contrató Antel sobre el proceso de construcción y los gastos asociados al complejo polideportivo, y el posterior informe que hizo con ese contenido la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Repasó que a mediados del año pasado en la presidencia de la empresa pública había “una demanda de preguntas sobre este proyecto tan controvertido”, ya que desde 2012 “se declaró en reserva la información”. Sostuvo que no había información pública sobre el plan de negocios del Antel Arena, sobre la justificación jurídica, “todas las compras y adjudicaciones”, así como otras “decisiones” asociadas durante “el proceso de ejecución y operación”.

Gurméndez indicó que hubo “un velo de secreto” en torno a la obra, y “por eso se contrató auditoría externa”. Defendió el proceso de contratación de la empresa Ecovis —cuestionada por el FA y que la intendenta Carolina Cosse, expresidente de Antel, dijo era “una seudoauditoría” hecha por “un militante herrerista”—, que llegó por licitación y ya tenía experiencia con el Estado en períodos anteriores.

Indicó que la auditoría halló “irregularidades y apartamientos de la norma”, tras revisar “contratos, expedientes, facturas, ingresar al sistema interno de la compañía y entrevistarse con gerentes y personal, así como gerenciadores; un exhaustivo trabajo de siete meses”. Sobre el costo de la obra, dijo que se valoró en “120 millones de dólares en total; esto hace diez meses no era de conocimiento público, y esta cifra demuestra un desvío de tres veces más del costo original que se anunció”.

Agregó que al 30 de junio de 2020 “había pendiente 48 millones de dólares de obligaciones por este proyecto, un 40% del costo total, lo que sigue siendo una carga financiera que recae sobre las tarifas”.

Gabriel Gurméndez y Sergio Botana, durante la interpelación, el 17 de noviembre, en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Gabriel Gurméndez y Sergio Botana, durante la interpelación, el 17 de noviembre, en el Palacio Legislativo, en Montevideo.

Foto: Federico Gutiérrez

Para Gurméndez, las anteriores autoridades de Antel “iniciaron el proceso con cierto grado de improvisación, no había plan de negocios, un presupuesto incompleto de la obra en forma parcial”. De la auditoría surge que hubo “falta de planificación y de gestión en el desarrollo del emprendimiento”, y resumió: “Hubo un plan de negocios voluntarista, y rentas ilusorias que después no se reflejaron”.

Según el auditor citado por el jerarca, no hubo control financiero ni seguimiento de los gastos, sino que “parece que se fue gastando a medida que era necesario”. Además, señaló que el mecanismo de compra directa es de excepción para las compras públicas, y “Antel lo utilizó como regla para la selección y contratación”. También criticó que para algunos casos, como la construcción de la obra civil, “se diagramó un proceso competitivo especial” y a medida para la ocasión, mientras que para definir a la firma que se encargaría de la gerencia del estadio se salteó el proceso habitual. “La gestión se privatizó” porque no era del “conocimiento” de la empresa pública la organización de espectáculos, aseguró.

Sobre los números del Antel Arena, dijo que hasta el 30 de junio había pérdidas por 3,7 millones de dólares, mientras que en 2019 —con el estadio funcionando a pleno y sin pandemia— hubo una pérdida de 1,8 millones de dólares.

“Esto es un negocio ruinoso”, sentenció. También aclaró, respecto de la auditoría encargada, que las ya existentes en Antel no indagaban en los gastos ni la oportunidad de la inversión para la construcción de la arena, sino que sólo auditaban el balance económico de la firma. Igualmente, dijo que en esos informes internos se valuó al Antel Arena en 2019 en 27 millones de dólares; “claramente ese valor establece que no se recuperarán los 120 millones que se invirtieron”.