La semana pasada, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sólo con los votos del oficialismo, se decidió archivar el pedido de juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez, el nacionalista Alfredo Sánchez, solicitado por la Junta Departamental de Colonia. Sánchez fue condenado a tres años de penitenciaría por delitos contra la administración pública, a fines de setiembre de 2021, pero no renunció a su cargo, por lo tanto podría retomarlo luego de cumplida la pena.
El argumento utilizado por los legisladores oficialistas para solicitar el archivo radicó en que el Senado no tendría facultades para iniciar un juicio político a los integrantes de los municipios. La senadora nacionalista Carmen Asiaín, integrante de la comisión, sostuvo que la Constitución establece el juicio político “como excepción al principio de separación de poderes”, pero “solamente” en las situaciones mencionadas en el artículo 93 de la carta magna, que abarca a funcionarios, “entre los cuales no figuran los alcaldes”. Por ello, a su juicio, la Cámara de Senadores “es incompetente para juzgar en juicio político al alcalde Alfredo Sánchez”.
Pero, con el correr de las horas, la decisión de la coalición a nivel del Senado empezó a hacer ruido dentro del oficialismo, sobre todo en Colonia, entre los ediles blancos y los colorados. El eco de esos ruidos llegó a los legisladores de la coalición, que finalmente revisarán su postura, informó el diario El Observador.
El diputado colorado Felipe Schipani señaló a la diaria que desde el sector Ciudadanos plantean la “reconsideración del tema”, porque entienden que se puede haber producido un “error” cuando “se votó como se votó”. Agregó que la interpretación que se hizo en el oficialismo para votar negativamente fue “piedeletrista”, porque la ley de descentralización (19.272, de 2014), que creó los municipios, es posterior a la reforma constitucional de 1997, que fue la que introdujo el juicio político a los intendentes, ediles y otros cargos. “Obviamente en 1997 no estaba previsto el tercer nivel de gobierno. Pero es de sentido común que exista algún mecanismo para destituir a los alcaldes, porque si no, regiría la impunidad absoluta. Por eso se va a reconsiderar el punto y ojalá se modifique la votación en la comisión”, finalizó Schipani.
A su vez, el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, dijo a la diaria que en ese cuerpo el Partido Nacional (PN) “alegó con mucha fuerza la inconstitucionalidad de extender el juicio político a los alcaldes”, algo que CA votó “simplemente para consolidar la unidad de la coalición”. “Incluso, en esa sesión pedimos un cuarto intermedio para que se reconsiderara esa actitud. Pero, como la mayor parte de los miembros de la coalición había decidido votar en ese sentido, acompañamos. Nosotros nos alegramos de que ahora los otros miembros de la coalición hayan revisado su posición”, indicó Domenech.
Por último, el senador blanco Jorge Gandini confirmó a la diaria que en el PN reconsiderarán la postura sobre el juicio político. Además, el legislador nacionalista indicó que hay nuevos informes jurídicos y políticos sobre el tema. Por lo tanto, el pedido de juicio político volverá a tratarse en la comisión, seguramente este lunes, y en caso de aprobarse seguirá para votarse en el plenario de la cámara alta.
FA pide “una señal de que el sistema no comparte la corrupción pública”
En filas de la oposición, el senador del Frente Amplio Charles Carrera -que también integra la comisión que estudia el asunto- dijo a la diaria, ante esta nueva postura de la coalición, que “primó la sensatez”, porque “la argumentación que estaba desarrollando el oficialismo no era una interpretación correcta”. “Nosotros, desde el Poder Legislativo, tenemos la obligación de aplicar las normas, y la ley de descentralización es muy clara: señala que la conducta de los alcaldes y concejales se va a analizar conforme al mismo procedimiento que tienen para los intendentes y ediles. Nosotros tenemos que aplicar la norma, porque en nuestro Estado únicamente quien puede dejar de aplicar una ley es la Suprema Corte de Justicia”, subrayó.
Carrera recordó que cuando se trató el tema en la comisión, el FA pidió discutirlo, pero “lamentablemente” en esa instancia no pudieron convencer al oficialismo. Agregó que luego de que se hiciera pública la situación y de que “existieran diversas manifestaciones de dirigentes de Colonia, por suerte, se seguirá por el camino de iniciarle el juicio político”. “Además, es una señal de que el sistema no comparte la corrupción pública, porque este exalcalde está cumpliendo una pena por graves delitos contra la administración pública. Primó la sensatez y se dejaron de lado argumentos que no tenían ningún sustento, porque decir que estos cargos no estaban dentro de los mecanismos de la Constitución parecía una argumentación más para salvar al alcalde de las mil gauchadas, que para dar una señal clara de que en el sistema político no compartimos esas conductas”, finalizó.