Sólo con los votos del oficialismo, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de Diputados aprobó las modificaciones a la ley de negociación colectiva que elevó el Poder Ejecutivo en mayo de este año. Estos cambios se pondrán a consideración del plenario de la cámara baja a principios de octubre, según supo la diaria.

Las modificaciones que trae este proyecto que envió el gobierno al Parlamento “recoge las principales observaciones” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El texto consta de cinco artículos; uno de ellos propone derogar un literal de la ley de negociación colectiva aprobada en 2009, “asegurando que el nivel de negociación colectiva sea establecido por las partes y no sea objeto de votación en una entidad tripartita”.

A su vez, en otro se elimina la negociación por rama de actividad cuando no exista sindicato en una empresa y, por tanto, será con representantes del personal. También se establece que las partes que negocien deberán tener personería jurídica y se elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, “asegurando que la duración” sea “una materia que, en primer término, corresponde a las partes concernidas”, dice la exposición de motivos.

Muchos de estos planteos estaban en un proyecto que el gobierno de Tabaré Vázquez envió en 2019, pero en la interna del Frente Amplio (FA) no todos estaban de acuerdo. Al respecto, el diputado Felipe Carballo señaló a la diaria que estas modificaciones van en “desmedro de los intereses” de los trabajadores. Por eso no acompañaron la iniciativa y presentarán, en voz del diputado Daniel Gerhard, un informe en minoría cuando sesione el plenario en octubre.

En junio, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó que el proyecto de ley afecta “conquistas de la negociación colectiva”; en particular, hizo referencia a “la regla general de la duración de los convenios salariales por tiempo indeterminado”, es decir, la ultraactividad. “Una cosa es si te parás a negociar con algo relativamente establecido y otra cosa es si tenés que discutir todo caso a caso”, indicó.

En su momento, entendieron que la propuesta del gobierno “cambia las reglas de juego a favor del patrón” y “flecha la cancha en contra de la clase trabajadora”. Asimismo, Abdala catalogó las modificaciones previstas en el proyecto de ley como “solicitudes de las patronales” y señaló que no hay garantías de un levantamiento de las quejas de los empresarios en caso de una eventual aprobación de la iniciativa en el Parlamento.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó que la propuesta enviada al Parlamento contó previamente con un “diálogo con las organizaciones sociales y empresariales” y que, a su entender, “una vez convertido en ley dejaremos atrás esta situación que hemos tenido lamentablemente en Uruguay”.