El sol cubre la plaza Independencia, donde se aglomeran miles y miles de personas que cargan con banderas del Frente Amplio (FA), que acaba de acceder al gobierno por segunda vez consecutiva, y sus vítores colman el lugar. El novel mandatario, José Mujica, se muestra tranquilo en el estrado, donde el presidente saliente, Tabaré Vázquez, se quita la banda presidencial y se la pasa. Luego de aplaudir brevemente, Vázquez abraza a su sucesor: Mujica, ex preso político y uno de los rehenes de la dictadura, se convierte, el 1° de marzo de 2010, en el cuadragésimo presidente de Uruguay.

Su gobierno tuvo como objetivo construir sobre la base asentada por su antecesor, ya más libre de las ataduras que constriñeron buena parte del quinquenio anterior y demandaron la priorización de políticas sociales para revertir las tendencias instaladas por la crisis económica de 2002.

“Una revisión profunda es impostergable”, dijo Mujica en su discurso de asunción, en el Palacio Legislativo. “Tenemos que rediseñar el Estado: todos sabemos que puede ser más eficiente y barato”, añadiría, para luego anunciar “la madre de todas las reformas”. Sin embargo, la reforma del Estado no se concretó y es uno de los pendientes en la agenda programática de varios partidos políticos.

Una de las primeras grandes decisiones del gobierno de Mujica fue declarar el estado de “emergencia de la población en situación de precariedad socio-habitacional”, a través del Decreto 171/010, que también derivó en la creación del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional, también conocido como Plan Juntos.

El programa, que fue institucionalizado por la Ley 18.829 un año más tarde, tiene como intención proveer de recursos a familias en condición de extrema vulnerabilidad que requieren facilidades para el acceso a la vivienda, y es financiado tanto con aportes estatales como por donaciones de privados. Durante el período alcanzó a unas 2.500 familias, a pesar de la intención inicial de llegar a unas 15.000.

Otro de los caballitos de batalla sobre los que Mujica tuvo particular incidencia fue la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC), con el objetivo de garantizar el acceso a la educación terciaria en el interior del país y de formar nuevos centros universitarios fuera de la capital, en paralelo a la incipiente expansión de la Universidad de la República.

Sin embargo, la ley que institucionaliza a la UTEC fue aprobada a mediados de su gobierno y Mujica no llegaría a inaugurar su primer centro regional, algo que correspondió al segundo mandato de Vázquez. Dicho plan fue también continuado bajo el mandato del expresidente Luis Lacalle Pou, y hoy en día la institución cuenta con diez centros regionales en ocho departamentos del interior.

Despenalización del aborto, matrimonio igualitario y marihuana legal

Los cinco años durante los cuales Mujica estuvo al mando del gobierno estuvieron marcados por una serie de cambios sociales profundos, que se tradujeron en avances en una agenda de derechos que continúa vigente.

En 2012, y a diferencia de Vázquez, que había objetado la despenalización del aborto por motivos religiosos, Mujica ratificó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que despenaliza los abortos realizados antes de las 12 semanas de gestación y establece la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de todas las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Integrado de Salud, así como el derecho a la confidencialidad de las pacientes.

Tan sólo un año más tarde y ante los esfuerzos del colectivo Ovejas Negras, el FA promovió y aprobó la Ley 19.075 en el Parlamento, que institucionalizó el registro de matrimonios del mismo sexo ante el Registro Civil. También en 2013, a través de la Ley 19.172, se instrumentó y supervisó la producción, distribución y venta del cannabis en nuestro país, bajo la órbita del Instituto de Regulación y Control de Cannabis.

Los ex presos de Guantánamo

Otro de los actos que contaron con la impronta de Mujica durante su tiempo a cargo del gobierno fue el recibimiento de seis ex presos de la cárcel de Guantánamo en condición de refugiados en 2014.

La llegada de los refugiados generó polémica en filas opositoras, ya que algunos dirigentes cuestionaron el involucramiento del país en cuestiones ajenas, así como el motivo detrás de la acción. El gobierno debió afrontar una acampada de los refugiados frente a la embajada de Estados Unidos ante una percibida falta de soluciones, así como una huelga de hambre llevada a cabo por el sirio Jihad Diyab ante la imposibilidad de abandonar el país y retornar a su familia.

Años más tarde, el expresidente calificaría la acción tomada por el gobierno como un acuerdo con su par estadounidense. “Yo para venderle unos kilos de naranjas a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo”, diría en un evento en Argentina, según recogió El Observador.

El cierre de Pluna, la fallida venta de los aviones Bombardier, Gas Sayago y Aratirí

Más allá de los logros, el segundo período de gobierno frenteamplista se vio marcado por la crisis económica y de gestión que atravesó la empresa Pluna, que derivó en su cierre. Dicho caso derivó en un fallo favorable a la empresa Latin American Regional Aviation Holdings (Larah), propietaria de Leadgate, socio mayoritario de la empresa, por el que el Estado debió pagar unos 30 millones de dólares más intereses, así como en el procesamiento del entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y del expresidente del Banco República Fernando Calloia, por la venta fallida de siete aviones Bombardier que pertenecían a la aviadora.

Mujica declaró el año pasado que la empresa “estaba muerta hace una década”, por lo que no tuvo otra alternativa que proceder a cerrarla, y apuntó contra el mecanismo utilizado por Larah. Es así que el expresidente anheló el hecho de que “algún día” se pueda “crear una corte de derecho que obligue a las empresas multinacionales y a la inversión de afuera a pleitear acá”.

Asimismo, su gobierno también impulsó la instalación de una planta regasificadora en la bahía de Montevideo. Sin embargo, el emprendimiento, llevado a cabo por la sociedad anónima de propiedad estatal Gas Sayago, naufragó, y la compañía transitó por un proceso de liquidación que finalizó el año pasado, tal como se aprobó en el Senado por unanimidad.

El fallido negocio motivó una investigación por parte de la Justicia luego de que la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, denunciara presuntas irregularidades en el proceso de licitación, así como la existencia de gastos injustificados en las tarjetas corporativas de la regasificadora, luego de una auditoría de la empresa solicitada por el actual directorio del ente. Según declaró Emaldi en ese entonces, hacia 2021 el proyecto implicó la pérdida de 213 millones de dólares, sumado a una demanda de 37 millones de dólares contra el Estado y el costo de desmontar los pilotes de la planta flotante, que la presidenta estimó en unos “ocho millones más”.

Por la causa comparecieron como indagados el expresidente de Ancap Raúl Sendic, el de UTE Gonzalo Casaravilla y la exgerenta de la sociedad anónima Marta Jara –quien demandó exitosamente al Estado por 175.000 dólares en concepto de salarios impagos por parte de la sociedad anónima–. Sin embargo, la denuncia fue archivada luego de no haberse constatado actos arbitrarios contrarios a la norma que representaran un perjuicio deliberado contra el Estado.

Otra iniciativa impulsada durante el quinquenio y que tampoco fue concretada fue el proyecto Aratirí: un complejo minero en la zona de Valentines asociado a un puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha que iba a permitir extraer y exportar mineral de hierro. Dicho plan implicó un acuerdo con la empresa de capitales indios Zamin Ferrous, rubricado durante el gobierno de Mujica. Fue anunciado ante la falta de estudios de factibilidad e impacto medioambiental, lo que dio lugar a críticas de movimientos ambientalistas así como del opositor Partido Nacional.

En el gobierno de Mujica se aprobó la Ley 19.126, que regula la actividad minera de gran porte en nuestro país y establece una serie de requisitos, así como un régimen tributario especial para este tipo de emplazamientos. Sin embargo, esto llevaría a cuatro representantes de Zamin Ferrous a demandar al Estado por 3.536 millones de dólares ante la Corte Permanente de Arbitraje, al alegar que habían cambiado las condiciones del proyecto en pleno proceso. Dicha demanda, amparada en un tratado de protección de inversiones ratificado por Uruguay y Gran Bretaña, fracasaría años más tarde, puesto que algunos de los demandantes no se encontraban habilitados para invocar el tratado, en tanto no eran británicos. Por su parte, el proyecto nunca terminaría por concretarse y con él naufragaron los planes correspondientes al puerto de aguas profundas.

Los números del gobierno

“Somos un país decente”, pero en Uruguay “nadie se muere por exceso de trabajo”. La frase de Mujica, expresada a mitad de su mandato ante empresarios europeos en un evento en Madrid, fue recogida en su momento por la agencia de noticias Europa Press y amplificada por los medios uruguayos, y causó polémica. El mercado laboral uruguayo cerraría ese año (2013) con una tasa de desempleo promedio de 6,5%; desde entonces, ningún otro año finalizó con una cifra más baja. El año pasado, por ejemplo, la tasa de desempleo promedio fue de 8,3%.

Durante el gobierno de Mujica el porcentaje de trabajadores ocupados pero no registrados en la seguridad social, es decir, el nivel de informalidad, descendió de 31% a 25%. En ese mismo período, el índice medio de salarios superó siempre al índice de precios del consumo, lo que provocó el aumento año tras año del poder adquisitivo. El mayor incremento se registró en 2012, cuando la inflación quedó cinco puntos porcentuales por debajo del salario real.

Todo esto se dio en un contexto de crecimiento constante de la economía uruguaya. De hecho, en el primer año de gobierno de Mujica (2010) se observó un crecimiento de 7,8% del PIB; este fue el mayor incremento anual de los 15 años de gobiernos frenteamplistas. Posteriormente, el PIB creció 5,2% (2011), 3,5% (2012), 4,6% (2013) y 3,2% (2014). Desde entonces y hasta la recuperación que sobrevino tras la pandemia, la economía uruguaya nunca creció por encima de 3%. Al término de 2013, las exportaciones uruguayas contabilizaron 9.120 millones de dólares, un récord que recién se rompería en 2021 y en 2022.

En sentido inverso, el estado de las cuentas públicas fue empeorando de manera sostenida durante el gobierno de Mujica. El déficit fiscal se triplicó en cinco años: el gobierno empezó con un déficit de 1% en 2010 y terminó con un déficit de 3,4% en 2014. En paralelo, la deuda bruta como porcentaje del PIB se mantuvo estable, alrededor de 60%.

En el gobierno de Mujica la pobreza se redujo prácticamente a la mitad: empezó con 18,6% en 2010 y terminó con 9,7% en 2014. Según el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza fue de 10,1%. La desigualdad, en tanto, disminuyó todos los años, excepto entre 2012 y 2013.