Desde las 9.30 del miércoles, la Comisión Permanente del Parlamento sesionará por primera vez en 2026 con varios puntos en el orden del día. Lo último que se sumó fue la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre los hechos ocurridos en Venezuela, si bien hay diferencias al respecto entre el oficialismo y la oposición. Lo seguro es que desde las 14.00 comparecerán, a instancias de la oposición, los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

“Vamos a ser convocados por la Comisión Permanente del Parlamento a dar explicaciones sobre los fundamentos técnicos y los efectos que esta medida tiene, lo que, con mucho gusto y como no puede ser de otra, nosotros vamos a hacer”, expresó Oddone el 29 de diciembre, cuando, junto con el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, brindó una conferencia de prensa para explicar en qué consisten los cambios que el Poder Ejecutivo dispuso mediante decreto al cálculo del costo promedio equivalente (CPE) para el Seguro Nacional de Salud (SNS), que forma parte del criterio de devolución de aportes del Fonasa.

Las modificaciones, que comenzaron a regir el primero de enero, apuntan a corregir dos “errores de diseño” en la metodología de cálculo del CPE que, según el equipo económico, están detectados desde 2019. A partir de estos cambios, el valor del CPE –que refleja el costo que le genera al SNS la atención de los usuarios– aumentó de 4.828 pesos a 6.693 pesos. El equipo económico estima que entre 60.000 y 70.000 trabajadores no recibirán una devolución en 2027, lo que permitirá una recaudación de entre 70 y 80 millones de dólares.

Para la oposición aún siguen en pie las reacciones iniciales a “esta decisión sorpresiva del gobierno”, según señaló a la diaria el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, para quien “las explicaciones que el Ministerio de Economía ensayó en la conferencia de prensa” no disiparon las dudas sobre la medida. A su entender, la posición del gobierno “es muy endeble e inconsistente” y produjo “contradicciones, a mi juicio, dentro del propio gobierno”.

“Es muy difícil sostener que esto no persigue una finalidad de carácter recaudatorio”, afirmó Abdala. “El actual gobierno —no sé en qué momento, si antes o después de la discusión presupuestal— detectó un nicho, una oportunidad de recaudación, y se puso a trabajar en esta solución hasta que la comunicó de una forma realmente muy cuestionable”, señaló. En ese sentido, apuntó que “no es igual la versión que da el Ministerio de Economía que la que da la ministra de Salud”.

El equipo económico, según entiende Abdala, hizo “referencia a aspectos actuariales vinculados con el cálculo del costo promedio equivalente”, mientras que Lustemberg “va por el lado de la justicia tributaria”. Días atrás, la ministra de Salud Pública defendió el carácter “solidario” del SNS y aseguró que los cambios sobre el cálculo de las devoluciones permitirán “que tengamos más recursos para que más personas tengan la mejor calidad de atención”. Para Abdala, eso persigue una finalidad “legítima”, pero “distinta”.

En diálogo con la diaria, el diputado del Frente Amplio Gabriel Otero sostuvo que el cambio en el cálculo del CPE “no tiene nada que ver con el déficit fiscal”, porque “ni siquiera es recaudatorio”. Afirmó que los legisladores del oficialismo están “convencidos de que lo que plantea el Ejecutivo es un cambio necesario” que “aggiorna la finalidad del Fonasa, que es la solidaridad”. El diputado frenteamplista señaló que el Fonasa “tiene 2.600.000 uruguayos y uruguayas de beneficiarios, entre los cuales no se llegaba a cubrir el dinero necesario, por lo que Rentas Generales tiene que volcar hasta el día de hoy, todos los años, cientos de millones de dólares para eso”.

“Evidentemente, había cálculos que estaban mal tomados y eso hace que cambie el sistema de devolución y que sean menos aquellas personas que tengan la devolución”, puntualizó Otero, quien remarcó que “el dinero que se ha devuelto estos años es de más”.

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Otero: “Hay un abuso de la herramienta del llamado a comisión general”

Además de las comparecencias de Oddone y Lustemberg, la Comisión Permanente ya ha convocado a los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y de Ambiente, Edgardo Ortuño. A su vez, este miércoles está previsto que, a instancias del senador colorado Robert Silva, se vote un llamado a sala al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, así como a las autoridades de la ANEP, para que expliquen determinadas situaciones de la gestión de la educación pública.

Otero dijo que el oficialismo ha acompañado las convocatorias “sabiendo que los ministros van a venir y sus explicaciones van a ser claras y no va a haber ningún tipo de consecuencia mayor para el gobierno”. No obstante, consideró que la oposición “está un poco trabajando al vuelo”, generando “ruido o pirotecnia” sobre algunos temas, sin una fundamentación clara de los motivos de los llamados: “Es un Twitter de 150 caracteres o una declaración de 30 segundos en un noticiero”, señaló. “Son las reglas del juego, [pero] nosotros entendemos que hay un abuso de la herramienta del llamado a comisión general”, agregó.

Abdala, por su parte, solicitará una convocatoria adicional: la del ministro del Interior, Carlos Negro, para que informe sobre el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, las cifras de delitos del año pasado y los homicidios registrados en los últimos días. “Mi propósito es que la seguridad tenga estado parlamentario de forma permanente, porque es un tema central y complejo; por lo tanto, vamos a invitar al ministro a que informe sobre estos episodios”, apuntó.

El diputado nacionalista adelantó que incluirá en la moción del llamado a sala aspectos vinculados “con definiciones políticas en materia de seguridad, donde ha habido contradicciones”. Concretamente, en torno a las declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre eventuales modificaciones a la ley de urgente consideración (LUC) y el Código de Proceso Penal.

En una reciente entrevista en el canal de streaming Yunta, Orsi sostuvo que la LUC tiene “cosas aberrantes” que hay que derogar y dijo que hay que “echarle mano al Código del Proceso [Penal] [con] el tema de los [procesos] abreviados”, que “se usan de manera exagerada”.

Los cuestionamientos a la reglamentación de la ley Lustemberg

En la media hora previa de la sesión del miércoles, Abdala hará algunas críticas a la reglamentación de la Ley 20.376, de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, también denominada como “ley Lustemberg”. La norma fue aprobada en 2024 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a finales del año pasado.

“Había gran expectativa y todos estábamos reclamando la reglamentación de la ley. La sorpresa, en todo caso, vino por los contenidos de la reglamentación”, señaló el diputado nacionalista, para quien el decreto de reglamentación es “escueto”.

En el decreto se crea el gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia, así como la unidad de coordinación, monitoreo y evaluación presupuestal, que estará integrada por dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y dos representantes del Ministerio de Desarrollo Social y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A esta última se le encomienda la elaboración de un plan de trabajo “para la implementación de un sistema único de información y seguimiento de mujeres gestantes y sus familias”.

Para Abdala, la reglamentación “termina desnaturalizando el corazón del proyecto”, que es la unidad de coordinación. La ley encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de dicha unidad, pero, según Abdala, el decreto no aclara “dónde va a funcionar”, ni tampoco “se establece con mucha claridad de qué forma va a cumplir los cometidos que la ley le acuerda”.

El legislador nacionalista señaló que, en una comparecencia previa ante el Parlamento, Oddone expresó su disconformidad “con esa solución legal”. “No sé si en función de eso es que al final se terminó licuando todo esto en la reglamentación”, comentó Abdala.

En aquella instancia, en setiembre del año pasado, Oddone dijo que para el equipo económico, “así como está establecida la ley, con esas decisiones y esa encomendación de institucionalidad, creemos que no es el mejor camino”. “Yo creo que va a haber que hablar esto con las autoridades en alguna instancia. No digo ahora en la Comisión Permanente, porque ya no dan los tiempos, pero capaz que cuando arranque la legislatura”, apuntó Abdala.