Minutos después de las 10.30 de este martes comenzó la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a integrantes del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la Cámara de Representantes. El motivo del llamado es la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado, por la cual, a fines de febrero, las autoridades comparecieron ante la Comisión Permanente. El miembro interpelante es el diputado blanco Pedro Jisdonian.

“Hoy comparecemos para discutir un tema que no admite medias tintas, que no admite respuestas burocráticas de esas que quedan en el papel y nunca llegan a la calle. Estamos aquí porque hay una realidad que nos golpea la cara todos los días y que algunos pretenden ignorar: la desprotección absoluta de nuestros niños, niñas y adolescentes”, inició Jisdonian su primera intervención. El diputado citó el informe anual de Amnistía Internacional, que, en el capítulo sobre Uruguay, expresó “profunda preocupación” por las “fallas persistentes en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aquellos casos en que el Estado asume su tutela”.

Con base en los registros oficiales, la organización señaló que hubo 20 muertes en 2025 de personas bajo protección del INAU. “El sistema está roto desde la base”, señaló Jisdonian, y afirmó que “los hechos que vivimos en 2025 no son accidentes aislados”. “El mundo nos está diciendo que ustedes no saben prevenir, que ustedes no saben evaluar riesgos y que ustedes no supervisan”, acusó el diputado.

Reconoció que el INAU “arrastra problemas desde hace décadas” y que las actuales autoridades “recibieron una institución con problemas”. Sin embargo, “en lugar de arreglarla, la dejaron colapsar totalmente”, cuestionó. “Una cosa son los desafíos históricos y otra es que una niña desaparezca semanas y ustedes lo anoten en un papelito como una salida no acordada, mientras termina en una boca de droga”, aseveró Jisdonian, en referencia a un caso ocurrido en enero en el departamento de Rivera.

El diputado aseguró que no se trata de “falta de presupuesto”, sino de “falta de gestión”. A lo largo de su intervención, el miembro interpelante se refirió a varios casos de muertes de menores bajo el amparo del INAU del último año. Mencionó, por ejemplo, el de Oriana, una bebé de 3 meses que falleció en junio en una pensión en Tarariras, Colonia, por consumo de drogas y con sífilis que heredó de sus padres. “Murió sola y desprotegida porque ustedes ignoraron todas las alertas. ¿Quién firmó el papel diciendo que esa bebé iba a estar bien en esa casa?”, preguntó Jisdonian. También el femicidio y filicidio de Luna Echegoyen, la adolescente de 13 años que fue asesinada por su padre el 19 de agosto en una clínica de Maldonado: “Luna no murió solo por la violencia de su padre, murió porque el sistema la dejó regalada”, acotó el diputado.

“Estamos aquí para que nos expliquen punto por punto por qué permitieron que esta desprotección llegara a niveles tan inhumanos”, dijo el legislador. Jisdonian atribuyó “falta de empatía, falta de presencia, falta de humanidad” por parte del directorio del INAU, al recordar que en enero, en medio de una sucesión de hechos en torno a menores bajo el amparo del INAU, los representantes del oficialismo en el directorio estaban de licencia, como denunció en su momento el senador colorado Robert Silva y fue rebatido por las autoridades en un comunicado del INAU.

Consideró “inadmisible que se utilicen las redes oficiales de una institución pública que pagamos todos los uruguayos para hacer política partidaria y responder a los legisladores de la oposición”. Además, denunció “persecución política” contra él: “Me mandaron a seguir, me mandaron a vigilar porque me reuní con la familia de las víctimas”, aseguró.

El diputado también se refirió al Centro de Breve Estadía (ex Tribal), el cual, según la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), “no es garantista para la atención integral de los adolescentes”. Cuestionó que “no solo no cerraron ese centro, sino que triplicaron la cantidad de menores que había en febrero”. Además, aseguró que el directorio del INAU resolvió “llevarse dos funcionarias técnicas del Tribal para que trabajen como asesores directos”, sin reposición de sus cargos en el centro.

Por otro lado, Jisdonian criticó la “tortura farmacológica” a menores con situaciones de salud mental, así como el gasto de 250.000 dólares en una diplomatura en Infancia e Instituciones para funcionarios del INAU, cuando las autoridades han dicho “que el sistema informático del INAU no se actualiza porque sale muchísima plata”. “¿Cómo se puede decir que sale mucha plata un software para que no se pierdan los registros de los niños cuando se firman compras directas de 250.000 dólares, pasando por arriba de las advertencias técnicas?”, interrogó.

El miembro interpelante entregó 120 preguntas a las autoridades del Mides y el INAU sobre la “responsabilidad directa y conducción política”, abordaje de la salud mental, convenios y tercerizaciones, el centro ex Tribal, el “uso institucional de canales oficiales” y la “fiscalización y control del Estado”. También trasladó preguntas sobre los casos de Thiago, un adolescente de 14 años que se ahorcó en una vivienda de Malvín Norte; Andrés, que fue encontrado sin vida en una playa del oeste de Montevideo tras una salida no autorizada; y Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo de este año.

El 19 de mayo cerrará el Centro de Breve Estadía y se reconvertirá en cuatro nuevos proyectos

“Estoy un tanto sorprendido por la intervención inicial del miembro interpelante”, tanto por “el contenido” como por “el tono”, reconoció Civila al comenzar su intervención. Señaló que las 120 preguntas distribuidas por Jisdonian no tuvieron “ningún tipo de centralidad” en su intervención. “El hilo argumental de la intervención del señor diputado no nos ayuda a orientar la intervención hacia respuestas”, dijo el ministro.

Civila comenzó por aclarar que “durante 2025 fallecieron ocho niños y niñas bajo el sistema de protección especial, no 20”, como señaló Amnistía Internacional. “No hay necesidad de agrandar el número para dar cuenta de la gravedad que tienen esos hechos, pero es muy importante que afinemos la información que manejamos, los conceptos que manejamos, y que seamos rigurosos, porque, de lo contrario, estamos haciendo un mal uso de una herramienta importante”, puntualizó.

El ministro cedió la palabra a la presidenta del INAU, Claudia Romero, para que hiciera una presentación inicial y diera cuenta “de lo que se viene haciendo en relación con el sistema de protección especial”. Antes, expresó, en nombre propio y del Poder Ejecutivo, el “absoluto respaldo a la gestión del directorio del INAU en su conjunto”.

Sin perjuicio del espíritu de “colaboración” del INAU, Romero aclaró al comenzar que el organismo “no va a prestar testimonio que vuelva a exponer públicamente a esas niñas, niños y adolescentes” vinculados a dispositivos del sistema de protección especial que fallecieron, ya que esa información “ya fue brindada, con detalle, con transparencia y con rigor, en la comparecencia ante la Comisión Permanente”. Señaló que “la mediatización reiterada de la muerte de niñas, niños y adolescentes no es información pública, es revictimización”.

Respecto de la diferencia en el número de muertes, explicó que hubo 20 fallecimientos en total, de los cuales 12 corresponden a personas adultas y ocho a niños, niñas y adolescentes. Mencionó que actualmente hay 454 mayores de 21 años en el sistema de protección.

En cuanto a las salidas no acordadas, Romero explicó que entre 2015 y 2025 se pasó de 2.150 a 10.332 salidas no acordadas. Señaló que, dado que los menores que están en el INAU “no están privados de libertad”, es “difícil establecer el equilibrio entre la autonomía de quienes son sujetos de derecho y el deber de esta institución de protegerlos”. Señaló que el aumento de las salidas no acordadas “no se debe a que haya más sujetos de derechos”, sino a que estos “presentan cada vez más episodios”. El promedio de salidas se incrementó de tres por persona en 2015 a casi nueve en 2025. A su vez, nueve de cada diez tienen entre 13 y 17 años, y “el 95% culmina con retorno al centro”. La presidenta afirmó que se está trabajando en “validar con las diferentes instituciones” el protocolo de salidas no acordadas, el cual tiene etapas de detección, prevención, evaluación del riesgo y “una matriz de indicadores” para calificar la salida.

Al profundizar en los cuatro ejes del plan estratégico del instituto, Romero anunció que “el 19 de mayo se cierra definitivamente la puerta del Centro de Breve Estadía”, que será reconvertido en cuatro proyectos, bajo la lógica de que la diferenciación de los proyectos “debe responder a las trayectorias de vida”. A partir de esa fecha, comenzará a funcionar un centro para “adolescentes varones de bajo riesgo”, un convenio “para adolescentes de mediano y alto riesgo” y dos proyectos colaborativos “vinculados a la atención de adolescentes de entre 13, 15 y 17 años”. Por otro lado, señaló que se espera que los llamados para los centros de breve estadía culminen en junio y que los equipos técnicos estén “completos para este año”.

Jisdonian: “Quiero saber quiénes fueron los responsables”

“No respondieron a la mayoría de mis preguntas ni explicaron a la familia por qué sus hijos no volvieron”, respondió Jisdonian a la intervención de las autoridades. El diputado reiteró a las autoridades “si van a cambiar algo de la estructura o si van a seguir escudándose en los problemas estructurales”. Les exigió respuestas acerca de los casos que mencionó en su primera intervención: “Quiero saber quiénes fueron los responsables de que haya pasado todo esto en cada uno de los casos que dije; qué arrojó la investigación administrativa de cada uno de los casos; por qué pasó lo que pasó; qué protocolo falló; qué protocolo no existía o qué funcionario no hizo lo que tenía que hacer”.

Cuestionó que en la comparecencia en la Comisión Permanente hayan anunciado que elaborarían un protocolo para las salidas no acordadas, pero “estamos a mayo y seguimos en veremos”. También recordó que dijeron que quedaban tres adolescentes en el ex Tribal y que se iba a cerrar. “Celebro si al final lo van a cerrar, pero ya vinieron una vez, dijeron un montón de cosas y no las cumplieron”, apuntó. En esa línea, cuestionó que no hayan culminado los llamados para los centros de breve estadía y no expliquen “por qué el directorio sacó el personal especializado de esos mismos centros para llevárselo como asesores”.

Vuelta del cuarto intermedio

Luego de un largo cuarto intermedio, de una hora, Civila contestó algunas referencias que hizo Jisdonian antes del corte, como la mención –en más de una oportunidad– a una “persecución o seguimiento a su persona”. El jerarca del Mides dijo que “obviamente” les preocupa “una referencia de ese tipo”, y descartó, “de plano, cualquier acción institucional que esté vinculada con esa referencia que hace el diputado”. Agregó que se pone a disposición, “en caso de que exista alguna evidencia de situación de ese tipo”, para acompañar al diputado a hacer la denuncia correspondiente, “porque es grave hablar de una persecución o seguimiento en democracia”.

“En segundo lugar, decir que era imposible para nosotros responder las preguntas en la intervención que realizamos, porque las preguntas las conocimos cinco minutos antes de ingresar a sala para esa instancia de respuesta”, señaló Civila.

Después tomó la palabra el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, quien antes de pasar a dar las respuestas que quedaron pendientes hizo unas consideraciones breves. Enfatizó que la “complejidad de la situación del INAU” y, en ese marco, expresó su respaldo a “las funcionarias y funcionarios, tanto del instituto como de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en convenio” con el INAU.

“Porque, sin desconocer que muchas veces hay falencias en la tarea, es impresionante y sumamente necesaria la tarea que realizan cotidianamente, y me parece que es importante resaltarlo en este ámbito, sabiendo que, al menos desde nuestra perspectiva, los resultados inmediatos no van a ser tan cuantiosos, porque nosotros estamos apostando –y creo que ha quedado claro con la presentación– por una política que busque estrategias de mediano y largo plazo para dar solución a lo que tiene que ver con una crisis que es institucional y que viene de varios años atrás”, manifestó.

En cuanto a otras cuestiones que se manejaron en la sesión, el jerarca resaltó que refuerzan la “necesidad de no entrar en detalles que revictimicen”, porque “dar información precisa sobre algunos casos puede ser muy doloroso para muchas personas”, ya que “hay familias que seguramente puedan estar escuchando esta interpelación”, así como personas allegadas a quienes han fallecido.

Las respuestas que faltaron

En cuanto a las preguntas que hizo Jisdonian, Fuentes dijo que Romero, en su presentación, dio respuesta a varias de ellas, y luego pasó a contestar las que quedaron pendientes. Para responder la número ocho, “¿cuál es hoy la relación entre cantidad de menores internados y cantidad de educadores, cuidadores y técnicos disponibles?”, el jerarca señaló que “hay un ratio de seis adolescentes por cada educador”, y apuntó que están trabajando “en su implementación para los centros que son de gestión directa”, porque “es donde más difícil se llega a este ratio de atención, por la limitante de recursos humanos”.

Sobre la pregunta diez, “¿qué porcentaje del presupuesto del INAU se destina efectivamente a atención directa, salud mental y seguimiento personalizado de menores?”, Fuentes dijo que es “31% del presupuesto total del INAU en el transcurso del año”. “La ejecución en salud representa 11% y la ejecución en gestión directa implica 19%, más 1% que está vinculado a los salarios de supervisión”, sostuvo.

La siguiente pregunta fue “¿qué mecanismos de control externo tiene hoy el Parlamento o la sociedad civil sobre el funcionamiento real de estos hogares?”. Fuentes dijo que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo “tiene sus informes anuales y también tramita denuncias”, así como hace un “monitoreo periódico de los diferentes centros del Sistema de Protección Especial, a través del mecanismo de prevención de la tortura”. Indicó que también “existen Consejos Consultivos Honorarios a nivel departamental, que reúnen a los diferentes organismos, tanto del Estado como de la sociedad civil, a nivel descentralizado”. Es decir, también son ámbitos para que se pueda poner al INAU en conocimiento “de aquellas debilidades que pueda estar teniendo la gestión de los diferentes proyectos o programas a nivel local”.

Ante la siguiente pregunta que planteó Jisdonian, “¿qué políticas específicas se están implementando para prevenir la captación de adolescentes por redes criminales?”, Fuentes dijo que puede ser respondida “parcialmente por el INAU”, porque “hay otros organismos que tienen una competencia más específica en el combate del delito”. Pero destacó que hay propuestas específicas “que están dirigidas a poblaciones de especial vulnerabilidad”. Resaltó que se implementaron cuatro dispositivos de atención en territorio “para situaciones de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que ya están empezando a funcionar en Artigas, Rivera, Colonia y Maldonado”.

La pregunta 14 fue “¿cuántas muertes bajo tutela del Estado se registraron en 2025 y en lo que va de 2026?”. Fuentes dijo que es una pregunta que excede al campo del INAU: solo pueden responder por las muertes bajo el amparo del INAU, pero “no por todas las muertes bajo el Estado”, porque no tienen “la información de otros organismos”. “En lo que respecta al INAU, es lo que decíamos: han fallecido 20 personas en 2025: 12 personas adultas y ocho niñas, niños y adolescentes; y en lo que va del año han fallecido diez personas: cinco adultas y cinco niñas, niños y adolescentes”, señaló.

Ante la pregunta “¿cuántas de ellas fueron consecuencia de una falta de servicio o falla en el servicio público?”, el jerarca dijo que a la fecha “están en curso las investigaciones” y realmente “hay muy poco” que puedan agregar al respecto. “No es sacar o evadir responsabilidades. Simplemente, es tener la prudencia de saber que si un procedimiento está en el marco de una investigación administrativa, cualquier declaración o comentario que podamos hacer respecto a atribuir o no una responsabilidad a un organismo, puede correr el riesgo de interferir el proceso de investigación, y para nosotros es muy importante que eso se respete”, señaló. Pero agregó que le parece importante decir que “dos de las muertes fueron archivadas por la Fiscalía, no encontrándose responsabilidades directas, ni omisiones ni dolo”.

Ante la pregunta 16, “¿en cuántos casos con resultado de muerte existían alertas previas registradas por el sistema?”, Fuentes respondió que “la enorme mayoría de las situaciones de fallecimientos responden a situaciones de discapacidad crónica, a comorbilidades graves que mayoritariamente ocurren en la población adulta que aloja el instituto”.

Paula de Armas: “Cómo nos cuesta a los políticos decir las cosas por su nombre”

Ya entrada la noche, se abrió el espacio para la intervención de los diputados. “Cómo nos cuesta a los políticos decir las cosas por su nombre. Le damos vueltas y vueltas y vueltas a una realidad que es cruda. La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo el sistema de protección del INAU no está bien”, afirmó la diputada colorada Paula de Armas.

La legisladora leyó en el plenario un informe de la INDDHH en el que se señala que en el INAU hay “fallas al momento del ingreso de los niños a los hogares”, así como falta de capacidad en los hogares” y “separación de hermanos en todas las regiones”, lo cual es “inadmisible”. “Traslados entre centros a modo de trueque, personal insuficiente, y el 60% de los centros –que son 59– tiene falta de atención directa”, agregó. “El propio Estado no está garantizando que los niños, niñas y adolescentes que están bajo su protección tengan una buena calidad de estudios”, afirmó.

A su turno, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle dijo que en el transcurso de la interpelación “quedó muy claramente de manifiesto que el INAU está gobernado por Unicef”. “¿Quién financia a Unicef? Las grandes corporaciones. Ustedes se imaginarán que estas grandes corporaciones están muy preocupadas por la perpetuación del poder que tienen. ¿Y cómo logran perpetuar el poder? En la guerra por el cerebro, y no el cerebro de los viejos, que marchamos en unos días, sino el de los niños. Entonces, ¿qué hacen? Generan una agenda con toda una serie de paradigmas nuevos, que son subversivos y destruyen nuestra moralidad”, advirtió.