Minutos después de las 10.30 de este martes comenzó la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y a integrantes del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en la Cámara de Representantes. El motivo del llamado es la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado, por la cual, a fines de febrero, las autoridades comparecieron ante la Comisión Permanente. El miembro interpelante es el diputado blanco Pedro Jisdonian.

“Hoy comparecemos para discutir un tema que no admite medias tintas, que no admite respuestas burocráticas de esas que quedan en el papel y nunca llegan a la calle. Estamos aquí porque hay una realidad que nos golpea la cara todos los días y que algunos pretenden ignorar: la desprotección absoluta de nuestros niños, niñas y adolescentes”, inició Jisdonian su primera intervención.

El diputado citó el informe anual de Amnistía Internacional, que, en el capítulo sobre Uruguay, expresó “profunda preocupación” por las “fallas persistentes en el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, especialmente en aquellos casos en que el Estado asume su tutela”. En base a los registros oficiales, la organización señaló que hubo 20 muertes en 2025 de personas bajo protección del INAU. “El sistema está roto desde la base”, señaló Jisdonian, y afirmó que “los hechos que vivimos en 2025 no son accidentes aislados”.

“El mundo nos está diciendo que ustedes no saben prevenir, que ustedes no saben evaluar riesgos y que ustedes no supervisan”, acusó el diputado. Reconoció que el INAU “arrastra problemas desde hace décadas” y las actuales autoridades “recibieron una institución con problemas”. Sin embargo, “en lugar de arreglarla, la dejaron colapsar totalmente”, cuestionó. “Una cosa son los desafíos históricos y otra es que una niña desaparezca semanas y ustedes lo anoten en un papelito como una salida no acordada, mientras termina en una boca de droga”, aseveró Jisdonian, en referencia a un caso ocurrido en el departamento de Rivera, en enero.

“No se escuden en el pasado para justificar su negligencia de hoy. El país no les paga el sueldo para que nos den clases de historia. Les paga para que cuiden a los gurises que hoy, bajo su mando, están desprotegidos, intoxicados y muriendo en el abandono”, recalcó Jisdonian. El diputado aseguró que no se trata de “falta de presupuesto”, sino de “falta de gestión”. “Después de ver los documentos y analizar caso por caso, estas muertes no fueron accidentes, fueron muertes que se pudieron evitar; si alguien en INAU hubiera movido un dedo cuando sonaron las alarmas, estos niños hoy estarían vivos”, aseveró.

A lo largo de su intervención, el miembro interpelante se refirió a varios casos de muertes de menores bajo el amparo del INAU del último año. Por ejemplo, Oriana, una bebé de 3 meses que falleció, en junio, en una pensión en Tarariras, Colonia, por consumo de drogas y sífilis, que heredó de sus padres. “Murió sola y desprotegida porque ustedes ignoraron todas las alertas. ¿Quién firmó el papel diciendo que esa bebé iba a estar bien en esa casa?”, preguntó Jisdonian. También el femicidio y filicidio de Luna Echegoyen, la adolescente de 13 años que fue asesinada por su padre el 19 de agosto en una clínica de Maldonado: “Luna no murió solo por la violencia de su padre, murió porque el sistema la dejó regalada”, acotó el diputado.

“Estamos aquí para que nos expliquen punto por punto por qué permitieron que esta desprotección llegara a niveles tan inhumanos”, dijo el legislador. Jisdonian atribuyó “falta de empatía, falta de presencia, falta de humanidad” por parte del directorio del INAU, al recordar que, en enero, en medio de una sucesión de hechos en torno a menores bajo el amparo del INAU, los representantes del oficialismo en el directorio estaban de licencia, como denunció en su momento el senador colorado Robert Silva y fue rebatido por las autoridades a través de un comunicado del INAU.

Consideró “inadmisible que se utilicen las redes oficiales de una institución pública que pagamos todos los uruguayos para hacer política partidaria y responder a los legisladores de la oposición”. Además, denunció “persecución política” contra él: “Me mandaron a seguir, me mandaron a vigilar porque me reuní con la familia de las víctimas”, aseguró.

El diputado también se refirió al Centro de Breve Estadía (ex Tribal) –de donde se fugó el adolescente que fue encontrado muerto en la bahía de Capurro a comienzos del año–, el cual, según la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, “no es garantista para la atención integral de los adolescentes”. Aseguró que el directorio de INAU resolvió “llevarse dos funcionarias técnicas del Tribal para que trabajen como asesores directos”, sin reposición de sus cargos en el centro. “Sacar gente de donde falta para llevarla donde sobran jefes es sencillamente una cachetada a la gestión y una falta de respeto a los niños que están ahí dentro esperando protección”, cuestionó.

Por otro lado, Jisdonian criticó la “tortura farmacológica” a menores con situaciones de salud mental, así como también el gasto de 250.000 dólares en una diplomatura en Infancia e Instituciones para funcionarios del INAU, cuando las autoridades han dicho “que el sistema informático del INAU no se actualiza porque sale muchísima plata”. “¿Cómo se puede decir que sale mucha plata un software para que no se pierdan los registros de los niños cuando se firman compras directas de 250.000 dólares pasando por arriba de las advertencias técnicas?”, interpeló.

El miembro interpelante entregó 120 preguntas a las autoridades del Mides y el INAU sobre la “responsabilidad directa y conducción política”, abordaje de la salud mental, convenios y tercerizaciones, el centro ex Tribal, el “uso institucional de canales oficiales” y la “fiscalización y control del Estado”. Jisdonian también trasladó preguntas sobre los casos de Thiago, un adolescente de 14 años que se ahorcó en una vivienda de Malvín Norte; Andrés, que fue encontrado sin vida en una playa del oeste de Montevideo tras una salida no autorizada, y Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo de este año.