“No son militares en la calle”, dijo el martes la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, sobre el convenio en el que trabaja su cartera con el Ministerio del Interior para que “en los próximos días empiecen a circular por algunos barrios de Montevideo vehículos Mamba del Ejército Nacional”, según informó el ministro Carlos Negro en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados hace una semana.
El titular de la cartera de Interior dijo que el convenio para utilizar los vehículos donados por el gobierno de Estados Unidos está “muy avanzado”, y el tema estará en el orden del día del Consejo de Ministros de este viernes. Además, este jueves el presidente Yamandú Orsi se reunió con Lazo y con Negro por este asunto, con el objetivo de ajustar definiciones de la propuesta.
En declaraciones a Radio Impacto de Fray Bentos, la titular de Defensa aclaró que la “misión” de los militares no es estar en las calles, sino que se trata de “la cooperación con vehículos para que la Policía cumpla con su rol en la seguridad pública en aquellos lugares donde es más complejo ingresar”.
Ante la noticia anunciada por el ministro en el Parlamento, la Mesa Representativa del PIT-CNT emitió este jueves un comunicado en el que califica de “altamente inconveniente y fuera de todo marco jurídico que militares se desempeñen en acciones de seguridad pública, así sea a través del manejo de vehículos blindados, ya que las actividades que competen a las Fuerzas Armadas son las de defensa nacional y es a la Policía a quien competen las funciones de la seguridad ciudadana”.
La central sindical señala que el tema de la seguridad es “muy sentido por nuestro pueblo”, y añade que los problemas asociados al delito “hunden sus raíces en la desigualdad escandalosa que se produce y reproduce en esta sociedad”. Una “solución profunda” a estos problemas, además de la represión, requiere “la intervención integral y multidimensional del Estado para resolver trabajo de calidad, salud, educación, vivienda y acceso a una vida digna a escala masiva, para aquellos sectores sociales excluidos de todo bienestar”, sostiene el PIT-CNT.
En este marco, la central rechaza la utilización de vehículos blindados del ejército para patrullajes policiales y su conducción por parte de los militares, y sugieren en cambio que los vehículos blindados pasen al Ministerio del Interior “para ser operados por policías con la debida capacitación”.
Consultado por la diaria, el responsable de comunicación y propaganda del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, consideró, a título personal, que esta medida puede significar un “primer paso” para que haya una “escalada” del involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, y que medidas de este tipo “solo han ocurrido” en procesos autoritarios.
Por su parte, la asociación de ex presas y ex presos políticos Crysol emitió un comunicado en el que señalan que las disposiciones constitucionales vigentes establecen “muy claramente” las funciones y los cometidos de las Fuerzas Armadas, que consisten en “asegurar la defensa exterior del país y su soberanía”.
La asociación afirmó que “la seguridad ciudadana y el patrullaje de las calles con vehículos y equipamiento apropiados son tareas propias del MI”, y que “así se debe llevar a cabo hasta que una reforma constitucional establezca lo contrario”. Según informó la diaria, el gobierno evalúa usar la figura del pase en comisión del MDN al MI para los militares que se desempeñen como choferes de los blindados, lo que permitiría evitar la obligación de tener que aprobar una ley para habilitar la participación de los militares en los operativos.
Sobre el uso de los blindados, Crysol expresó que si las Fuerzas Armadas tienen vehículos “ociosos” que fueron donados por Estados Unidos y que el MI “necesita para el cumplimiento de sus funciones”, “deben cederlos, brindando la capacitación necesaria y adecuada, en función del interés general del país, sin involucrarse en actividades impropias y para las cuales no están capacitadas ni formadas”.
Además, se refirieron a la forma en la que fue comunicada la noticia, y dijeron que medidas como esta, de “alto impacto ciudadano” y vinculada a “la posibilidad de militarizar la seguridad ciudadana y de que personal de las Fuerzas Armadas patrulle zonas conflictivas”, deben ser anunciadas “de una manera seria, profesional, con precisión, de cara a la ciudadanía y debidamente fundamentadas como lo establece la normativa vigente”.
Por otro lado, señalaron que comparar la medida anunciada por Negro en el Parlamento con las “implementadas por Jorge Pacheco Areco cuando implantó las Medidas Prontas de Seguridad en el año 1968” es “un verdadero insulto a la verdad histórica”, que Crysol rechaza “enérgicamente”.
En diálogo con la diaria Radio, el senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo que “Pacheco no sacó a los militares a la calle”. Por su parte, Crysol afirmó que “Pacheco Areco sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles, como ya lo había hecho anteriormente el gobierno del Partido Nacional, para reprimir a los gremios en conflicto, congelar los salarios de los trabajadores y llevar a cabo modificaciones estructurales diseñadas por el Fondo Monetario Internacional para favorecer a los dueños del poder”.
La integrante del Servicio de Paz y Justicia Madelón Aguerre señaló a la diaria que desde la organización aún no tienen una postura orgánica al respecto, pero apuntó que “desde el vamos” se oponen “a este tipo de control militar sea donde fuere en cualquier ámbito”, y que “los civiles [son quienes] tienen que proteger, cuidar y controlar a los civiles”.
Por su parte, desde la Plataforma de Infancias y Adolescencias, consultados sobre el impacto que la medida podría tener en los territorios, dijeron a la diaria que están trabajando en la emisión de un “posicionamiento” sobre este tema y también sobre el adolescente que mató la Policía en un allanamiento en el barrio Borro la semana pasada.