Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La cuestión de los beneficios recibidos por dirigentes políticos es delicada. Resulta fácil tomarla como base para excitar rencores contra lo que el presidente argentino Javier Milei llama “la casta” y promover el desprestigio del sistema de partidos, que por lo general arrastra consigo al conjunto de las instituciones democráticas y les deja espacio a presuntos salvadores del pueblo. Pero las precauciones contra estos efectos indeseables no incluyen el silencio cómplice, y la primera responsabilidad es del propio sistema partidario. Cuando los políticos consideran que algún beneficio les corresponde, deberían exponer sus argumentos con transparencia y hacerse responsables ante la ciudadanía de sus decisiones. Es peor cuando esta siente que medran a sus espaldas.

Para mucha gente fue una sorpresa molesta enterarse de que el presidente Yamandú Orsi había autorizado, a pedido de Luis Lacalle Pou, que cinco personas le prestaran al expresidente servicios pagados por el Estado. No es muy sabido que un decreto de Luis Alberto Lacalle Herrera, dictado en el penúltimo día de 1993, señaló que hasta entonces había sido “tradicional” que los expresidentes pasaran a recibir “asistencia directa”, por “un término prudencial”, de “funcionarios públicos de su confianza”, y formalizó este beneficio.

Lacalle Herrera dispuso que cada expresidente podía solicitar al Poder Ejecutivo los servicios de hasta cinco funcionarios, que se prestarían en régimen de pase en comisión y serían pagados por Presidencia. En noviembre de 2014, José Mujica modificó aquella norma con otro decreto, estableciendo la posibilidad de que no se tratara de funcionarios. En noviembre de 2016, Tabaré Vázquez decretó que el beneficio se extendiera a cónyuges sobrevivientes de expresidentes. El “término prudencial” al que se refería Lacalle Herrera nunca se estableció.

Quedaron habilitados a recibir asistencia, además de los propios Lacalle Herrera, Mujica y Vázquez, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Lacalle Pou. A ninguno le pareció necesario disminuir el beneficio.

En el mundo es frecuente que los estados les paguen a los exmandatarios rentas vitalicias, así como viajes, oficinas y personal de secretaría y de custodia. Esto sucede en muchos países ricos (pero no en todos) y también en varios de nuestra región (pero no en todos). En Uruguay, las jubilaciones de expresidentes se calculan desde 1996 como las de cualquier otra persona; sus montos varían según la historia laboral y se les aplica el mismo tope que a las demás. Se puede discutir si está bien o mal asignarles cinco asistentes heredables, pero en la comparación internacional parece poco.

De todos modos, hay por lo menos un par de hechos cuestionables. En primer lugar, es indecoroso que alguien establezca un beneficio que le va a corresponder, y habría sido mucho mejor que lo que se ha dispuesto mediante sucesivos decretos surgiera de leyes, con los debates públicos correspondientes. Por otra parte, resulta llamativo que los tres decretos se hayan dictado cerca de fin de año, cuando la actividad de gobierno pasa más inadvertida, como si hubieran existido intenciones de disimular.

Hasta mañana.