Nacional

En un informe de 30 páginas presentado ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el gobierno uruguayo respondió las preguntas del organismo internacional sobre la situación carcelaria, las denuncias de maltratos a jóvenes privados de libertad y el abordaje de la violencia doméstica, entre otros temas. El comité utilizó como insumo para sus interrogantes un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que fue cuestionado por algunos dirigentes oficialistas, principalmente en lo referido a la situación de los adolescentes recluidos. El canciller Luis Almagro dijo a la diaria que respalda a la INDDHH y que ahora se trata de “unir y solucionar”.

Dos consultoras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentaron el miércoles su trabajo “La construcción del sistema de cuidados en Uruguay”. Identificaron cinco “nudos” como factores obstaculizadores del proceso de construcción del Sistema Nacional de Cuidados. Entre ellos mencionaron la falta de financiamiento y de voluntad política y empresarial.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas recibió ayer en Ginebra a representantes del gobierno uruguayo y les formuló 87 preguntas que deberán responder hoy, varias de ellas sobre las denuncias de golpizas y maltratos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). El Comité se basó en el informe que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Hoy más de 30 organizaciones vinculadas a la infancia y a los derechos humanos y más de 30 personalidades vinculadas a la cultura, el periodismo y la academia harán público su respaldo a la actuación de la INDDHH, que ha sido cuestionada por autoridades de gobierno y legisladores oficialistas tras las denuncias de torturas en el Sirpa.

La dirección de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) aprobó por unanimidad efectuar una denuncia penal por la muerte del trabajador que falleció el viernes en la Usina 3 de Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Elena Lequio, presidenta del sindicato, especificó que la acción se lleva adelante en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, recientemente aprobada. En los próximos días, los trabajadores se reunirán para discutir cómo le van a exigir a la IM que cumpla con determinadas normativas.