Nacional

Los dos planteos del conflicto creado a partir de la construcción del puente sobre la Laguna Garzón distorsionan bastante su comprensión. El gobierno lo presenta como una puja entre intereses “inmobiliarios” (léase especulativos) y “turísticos” (léase productivos). Las comunidades en las costas de la laguna lo formulan como una pelea entre conservacionistas y depredadores. Pero algo llama aun más la atención: que Costantini y las autoridades nacionales y departamentales hayan aprovechado todas las imprecisiones de las normas ambientales para violar el principio de precaución que las anima y, también, el sentido común.