El abogado del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios estimó que la oficina se utilizó para varios casos, entre ellos, el espionaje contra los legisladores frenteamplistas Carrera y Bergara, y dijo que los sindicalizados tienen “razones fundadas para sospechar que ellos también eran objeto de espionaje”.
Fue penado por los delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos, tras unos 700 damnificados por viajes pagados que no se concretaron.