Sociedad

La tasa de suicidio en Uruguay es de las más altas del continente. En 2009 se autoeliminaron 537 personas, 95 de las cuales tenían entre diez y 24 años. Parte de las acciones previstas para combatir las altas tasas pasan por desterrar mitos, brindar mejor contención sanitaria y prestar atención a un dato que se desprende de los casos estudiados: buena parte de las personas que se suicidaron habían anunciado su intención.

En el libro El derecho a migrar, en el que se contemplan aspectos actuales e históricos del fenómeno migratorio, se desarrolla la tesis del derecho a migrar internacionalmente como un derecho humano fundamental incorporado a las leyes establecidas a escala universal. Sin embargo, son muchos los países que no reconocen ese derecho y aprueban leyes para restringir el ingreso de los extranjeros.

El incendio en la cárcel departamental de Rocha, que provocó el pasado jueves la muerte de 12 reclusos y lesiones en otros ocho, no es sino la faceta terriblemente visible de los problemas sistémicos de la estructura carcelaria uruguaya. Ayer familiares de los reclusos fallecidos y de los lesionados organizaron una marcha en la ciudad de Rocha, reclamando justicia. Lo mismo reivindicaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El primer acusado es el Estado uruguayo.

“Sueldos bajos” es una de las principales reivindicaciones efectuadas por los educadores, técnicos y profesionales de los más de 300 CAIF que funcionan en todo el país en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Multiempleo y poca permanencia en los puestos de trabajo es el resultado de los sueldos devaluados; “Creemos que una atención educativa de calidad se garantiza -entre otras cosas- con una valoración de la tarea de quienes sostenemos día a día el funcionamiento de estos centros. Esta revalorización debe traducirse en los salarios que percibimos y en la formación permanente de todas las personas que trabajamos en los centros educativos de primera infancia”, cita una carta enviada el 7 de julio al presidente de la República, José Mujica.

Realizar propuestas para que en 2015 se cumplan las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio fue el tema que convocó al primer Parlamento Juvenil Internacional que sesionó en Montevideo la semana pasada. En la asamblea final, realizada el viernes en el Paraninfo de la Universidad de la República, los jóvenes votaron y objetaron propuestas de sus compañeros. Entre lo resuelto no hay nada nuevo, seguramente lo más fructífero está en el intercambio y en la oportunidad del ejercicio parlamentario.

El incendio de la madrugada de ayer en la cárcel departamental de Rocha deja nuevas y dolorosas evidencias de lo mal que funciona el sistema carcelario en nuestro país. Las necesidades y las urgencias de los más de 8.000 reclusos son cotidianas e impostergables, y es responsabilidad del Estado garantizar su bienestar. Sin embargo, los caminos para abordar la situación parecen moverse por carriles guiados por otros tiempos.

La semana pasada irrumpió en la agenda mediática la ocupación irregular de viviendas vacías del complejo habitacional CH 84 del barrio Casavalle, producto de la ausencia de vigilantes del servicio 222. A propósito del tema, la diaria dialogó con Carlos Mendive, presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), unidad que administra éste y otros 400 complejos de la denominada “cartera social” que pertenecieron al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Artesanos uruguayos trabajan para mejorar la calidad de los productos y para crear un sello, no de marca sino de identidad artesanal. Asimismo, buscan ampliar el mercado expandiéndose hacia el extranjero, lo que no resulta sencillo por la falta de un diseño autóctono.