Entre 4.200 y 4.300 inversores habrían perdido alrededor de 250 millones de dólares luego de que quebrara el mayor fondo de inversión ganadera de Uruguay, aunque aún resta el concurso de acreedores y los datos finales. Conexión Ganadera, empresa fundada en 1999 por cinco socios, entre los que se encontraban Pablo Carrasco y Gustavo Basso como administradores, se dedicaba a captar ahorro privado para invertir en ganado, del que se hacía cargo en toda la cadena: cría, engorde, faena y exportación.

Esto era realizado por las empresas de ambos grupos familiares. Los Basso eran propietarios de Gustavo Basso Negocios Rurales y del Cambio Varzy SA, ambos localizados en Florida, así como del frigorífico Bamidal SA, en Paso de los Toros. Los Carrasco, por su parte, eran dueños de Hernandarias, la empresa que se encargaba del arrendamiento y compra de campos para la gestión del ganado, y de la línea de carne premium Stradivarius. A través de Hernandarias, se administraban más de 2.000 hectáreas de campos propios, a lo que se suman los predios arrendados.

Mecanismo del “negocio”

En el sistema de fondo ganadero el inversor firma un “contrato de inversión ganadera”, tal como establece el texto de los acuerdos. Los interesados firmaban contratos de 16 cláusulas, entre las que se encontraba la obligación de Hernandarias de hacerse cargo de la pérdida y los costos asociados en caso de “muerte o desaparición” del ganado.

En las denuncias de los inversores figuran dos modalidades de supuesta estafa: ganado que no habría sido comprado, por un lado, y pérdida del mismo que no había sido informado, por el otro. En algunos casos se ha denunciado la existencia de guías de ganado falsas, documento que se presenta ante las autoridades del Ministerio de Ganadería como comprobante de existencia de esa propiedad y que está asociado a una caravana electrónica que porta el animal.

Conexión Ganadera ofrecía una rentabilidad que, a la luz de los hechos, llamó la atención de especialistas, funcionarios e inversores: la mayoría de las fuentes coincide en que la rentabilidad del campo uruguayo no excede el 4% anual, pero tanto Conexión Ganadera como otras empresas del rubro que se formaron posteriormente -y que tuvieron problemas en 2024, e incluso fueron cuestionadas por los dueños de Conexión Ganadera- ofrecían rentas fijas de hasta el 11% anual, pese a la fluctuación de valores y situaciones de la actividad productiva. Esta renta fija, se entiende, surgía de la diferencia en el valor de compra-venta del ganado luego de su cría y engorde.

La caída

Los responsables de la empresa Conexión Ganadera, Carrasco y Basso, eran caras visibles y reconocidas del sector, que promocionan públicamente y a través de medios de comunicación sus productos. En ocasión de la quiebra de otros fondos rurales en 2024 incluso salieron a cuestionarlos, se habló de un rescate y hasta aseguraron que ellos, por su parte, eran solventes.

En noviembre de 2024 Basso falleció repentinamente en un accidente de tránsito en la ruta 5 mientras entablaba negociaciones para rescatar a República Ganadera. Poco después, comenzaron las primeras denuncias por falta de pagos de Conexión Ganadera de inversores que intentaron retirar anticipadamente su dinero y no pudieron, y para diciembre se magnificó la situación. “Una corrida”, describen las fuentes del caso.

En una “reunión informativa” realizada en la tarde de hoy, y que significó la primera aparición pública de Carrasco desde diciembre, el auditor externo de la empresa admitió las sospechas de los últimos días: la empresa había caído en un esquema Ponzi.

Esto es una operación en forma de bicicleta financiera o estafa piramidal. Las empresas intentaban pagar los intereses prometidos a los inversores con dinero de otros inversores más nuevos quienes garantizaban la liquidez. Cuando hay más egresos que ingresos, esto se complica: hoy en día Conexión Ganadera reconoció un desfase de 250 millones de dólares entre pasivos (400 millones de dólares) y los activos compuestos de 158 millones en ganado, campos y créditos a cobrar en la industria frigorífica.

La empresa primero propuso un impasse de 120 días para analizar en detalle el pasivo y luego proponer un plan de pagos y salida, que fue comunicada en la última reunión. Sin embargo, distintos abogados ya han presentado medidas legales contra la firma. Entre otras medidas, buscan desplazar autoridades, que no puedan salir del país, así como innovar con los activos de esta empresa ni de otras ligadas al grupo y que se investiguen posibles delitos de estafa y apropiación indebida.

¿Y quién controla?

Luego de que se concretara el desfalco surgieron las primeras voces en busca de posibles omisiones por parte de los organismos de control. El puntapié inicial lo dio el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, quien señaló que el Banco Central (BCU) “debería haber intervenido de hecho” y afirmó que hubo “una omisión flagrante” de ese organismo.

En la misma línea opinó la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, quien manifestó coincidir con Fratti y también apuntó al BCU como el organismo que falló en sus controles. “Uno trata de inventar nuevas funciones de control, porque hay un organismo que no cumple las que tiene que cumplir, cuando lo que tiene que haber son funciones de control que se cumplan”, afirmó, y agregó que la Junta de Transparencia y Ética Pública “debería ser un órgano autónomo, técnico, de carrera”.

Esto obligó al BCU a emitir un comunicado en el que afirmó haber realizado “11 actuaciones en empresas que ofrecen inversiones ganaderas” desde el año 2018, producto de la circulación de publicidades que ofrecieron ese tipo de giro. “La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) ha realizado supervisiones a efectos de verificar que las inversiones fueran efectivamente un contrato ganadero y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor”, señala el comunicado. Estos están delimitados en el artículo 34 del Texto Ordenado de la Carta Orgánica del BCU.

El director de la entidad, Washington Ribeiro, declaró en VTV Noticias que este tipo de inversiones (como Conexión Ganadera), “por cómo se configuran”, no podrían ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son “contratos de capitalización ganadera” y que estarían por fuera del marco regulatorio legal del BCU, por lo que señaló que “habría que hacer un cambio regulatorio” si se pretende que estén incluidas.

De acuerdo al BCU, estas actuaciones derivaron en que las empresas “debieron presentar toda su información societaria y contable, listados de clientes, copias de contratos tipo y, además, información completa de una muestra de clientes y sus contratos efectivamente firmados”. Luego se instruyó a las empresas a que se “abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores”. A pesar de la advertencia, fue notorio el incumplimiento ya que hasta hace pocos meses se emitieron avisos publicitarios en radio y televisión de Conexión Ganadera.

Esto fue advertido por el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburru, quien señaló a este medio la similitud de estos fondos con el mercado de valores, ya que buscan captar “ahorros públicos”, definidos como ahorros privados que se captan a través de medios masivos de comunicación y manifestó su discrepancia con el BCU en ese punto por no comprender a estas inversiones de sus controles.

Los giros considerados inversiones financieras están definidos en la Ley 18.627 de Regulación del Mercado de Valores y Deuda Pública. En su artículo 1° define al ámbito de aplicación como “el mercado de valores, todos los agentes que en él participan, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública, los valores y los emisores de valores de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente ley“.

En su artículo 2° se define a la “oferta pública de valores” como “la comunicación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores”. Sin embargo, se excluyen de esta definición las “emisiones privadas de valores” las que deberán dejar “expresa constancia de su carácter de privado”, aspecto que exoneraría a los contratos de capitalización de ganado. No obstante, la normativa también prohíbe “hacer publicidad de su colocación”, lo que fue incumplido por el fondo ganadero.

Por otra parte, uno de los abogados que representa a un grupo de víctimas, Leonardo Costa, declaró ante MVD Noticias que el Estado no cumplió con la regulación ya que considera que estos fondos son “sujetos obligados frente a la Ley de Lavado” por entender que se trata de “personas físicas o jurídicas que administran valores, dineros o activos de sus clientes”. Además, advirtió que “no toda la actividad [de la empresa] es de engorde o compra de ganado”, sino que “hay actividad financiera” a pesar de las advertencias del BCU.

El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, afirmó a la diaria Verifica que su dependencia “sólo tiene potestad en los 14.000 sujetos obligados legalmente y definidos como tales”, entre los que, según el jerarca, no se encuentran este tipo de empresas.

“Es notorio que tenemos potestad sobre las sociedades sin fines de lucro en general y sobre las categorías especialmente establecidas en la normativa de prevención de lavado de activos. Las sociedades o emprendimientos con palmarios y evidentes fines de lucro como el caso [de Conexión Ganadera] no son sujetos obligados por la Senaclaft y, por ende, no están sometidos a supervisión en relación al tema específico de lavado de activos”, agregó.

El jerarca aclaró las versiones que circularon respecto a que la empresa era una “administradora de fondos de terceros”, pero, sin embargo, los contratos adheridos por los clientes eran de capitalización de ganado y no de administración de fondos o bienes, por lo que, según Chediak, no entraban en la categoría de sujetos obligados. Abogados de las víctimas refirieron al artículo 13 de la Ley 19.574 para demostrar que sí habrían estado comprendidos como sujetos obligados no financieros. A futuro, Chediak compartió la visión de Fratti y Ribeiro respecto a la pertinencia de la inclusión de estos rubros y señaló que “probablemente” en el futuro se cambie la normativa.

Esta eventual modificación regulatoria fue anticipada por el actual titular de Ganadería, Fernando Mattos, quien luego de una reunión con su sucesor afirmó que a su entender el BCU “debiera intervenir” cuando se determine que se trata de “una inversión de carácter financiero” y que este caso “no está muy claro desde el punto de vista jurídico si es financiero o si es un sistema de capitalización” y que se trató de “algo híbrido” que no está comprendido en la normativa. Ante esto, Mattos anunció una “propuesta de carácter legislativo” para que sea discutida por el próximo Parlamento, aunque no dio más detalles de la iniciativa.