Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Durante todo este año se han reiterado los cuestionamientos, tanto políticos como del Tribunal de Cuentas (TC), a decisiones de gobiernos departamentales, en todos los casos ejercidos por el Partido Nacional, que establecieron acuerdos con la fundación A Ganar, cuyas autoridades tienen vínculos muy cercanos con figuras nacionalistas.

La primera de las polémicas surgió en Paysandú, donde el intendente Nicolás Olivera realizó a fines del año pasado una veloz licitación (el llamado a interesados estuvo abierto sólo una semana) para que se le aportara personal al gobierno departamental en una gran diversidad de áreas mediante una tercerización de las contrataciones. A Ganar fue el único oferente y Olivera reconoció que su objetivo era “ahorrar” aportes patronales, que se estiman en 14 millones de pesos.

Como la fundación está exonerada de ellos, a la intendencia “le sale más barato” utilizar personal aportado por A Ganar que ser empleadora directa. Las contrapartidas son, por supuesto, la precarización laboral de quienes desempeñan las tareas y menos ingresos para el Banco de Previsión Social.

En julio, además, el TC observó por unanimidad la adjudicación, señalando que debió tramitarse como licitación pública; que algunos criterios de evaluación establecidos en el llamado contravinieron el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, por la existencia de “indefiniciones, contradicciones y cláusulas ambiguas”; que las prestaciones objeto de la contratación “comenzaron a ejecutarse sin la intervención previa del TC, contra lo dispuesto en la Constitución; y que faltó información contable sobre el gasto.

La Junta Departamental de Paysandú había formado en mayo una comisión investigadora sobre esta decisión de la Intendencia, y ahora se conoció el duro informe en minoría de los ediles frenteamplistas, que adelanta la presentación de una denuncia judicial.

En el texto, además de reiterar los cuestionamientos ya mencionados, se afirma que ninguno de los testigos “pudo aclarar el entramado que se generó para la contratación” y se destaca que un llamado de la Intendencia de Durazno, gobernada por Carmelo Vidalín, también al final del año pasado y con la misma fundación como única oferente era prácticamente idéntico, reproduciendo incluso las faltas de ortografía, pese a que las realidades departamentales son obviamente distintas.

Los ediles opositores apuntan que la presidenta de A Ganar fue hasta el año pasado María Magdalena Secco, esposa del exministro herrerista Ignacio de Posadas, y que su director ejecutivo es el nacionalista Alejandro Rico, expresidente del Instituto Nacional de la Juventud.

Además de las decisiones en Paysandú y Durazno, también han sido muy polémicos los acuerdos con A Ganar de las intendencias de Maldonado y Rocha, donde gobiernan, respectivamente, los nacionalistas Enrique Antía y Alejo Umpiérrez. En Rocha, además, el secretario general de la intendencia es Valentín Martínez, hermano de la subdirectora de la fundación, Verónica Martínez. La familia es la base de la sociedad.

Hasta mañana.