El domingo pasado, el programa Santo y seña emitió una entrevista al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia y oculto en algún lugar desconocido. La performance de un criminal buscado haciendo uso de un medio masivo es motivo de análisis y especulaciones, pero además suscitó diversas reacciones desde distintos puestos institucionales.
El capo narco, por ejemplo, afirmó que el gobierno uruguayo no lo había favorecido especialmente con la entrega de un pasaporte que le permitió salir de la prisión en Dubái y así volver a escapar de la Policía. Al intendente de Canelones, Yamandu Orsi, le parecieron demasiado obvias las similitudes entre el relato de Marset y el del gobierno en este punto.
Marset, además, se refirió a la Justicia y a la Policía uruguayas como superiores a las del resto de la región, al tiempo que su abogado busca negociar su entrega y la de su familia en Uruguay. Tanto el fiscal de Corte, Juan Gómez, como el presidente Luis Lacalle Pou debieron salir a aclarar que no corresponde que la Justicia y el gobierno uruguayos se metan en esas negociaciones.
A todo eso, la Cámara de Diputados consideraba el proyecto de ley de Financiación de los partidos políticos que, entre otras cosas, debería contribuir a proteger al sistema político de grupos económicos poderosos, como lo son las organizaciones criminales del tipo de aquella a la que pertenece Marset. Los representantes lo votaron por unanimidad, pero no pudieron ponerse de acuerdo en los artículos que transparentan la incidencia de la publicidad televisiva en las campañas electorales debido a la resistencia de legisladores del Partido Nacional.
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