Opinión

La LUC implica el desmantelamiento de políticas del Estado de bienestar desde épocas batllistas y de pronunciamientos claros de la ciudadanía a través de plebiscitos.

Si el Presidente de la República Oriental del Uruguay determina que la concurrencia no es obligatoria, ¿cómo se hace en la vida real de un docente, en la práctica, para que la educación sea obligatoria?

La LUC plantea desalojo para buenos pagadores en 30 días, cuando hoy es en seis meses o un año. Y se plantea desalojo por falta de pago a los seis días hábiles.

En el marco de la pandemia, entre visillos, silenciosamente, se vacía un lugar de protección de derechos. La excusa del achique del Estado sin empobrecer las políticas sociales muestra otra vez su falacia.

Hoy los estudiantes ven avasallado su derecho de acceso a la educación por una quita importante en partidas destinadas al subsidio del boleto.

Gratificar y agradar con palabras va a la par de legislar y aprobar distintos artículos de la ley de urgente consideración que conceden y/o refuerzan las atribuciones y medios de las instituciones militares y policiales.

Cuidar el ingreso de los asalariados es crucial para la reactivación de la economía una vez terminada la pandemia; la forma en que se reparte la torta acaba incidiendo en su tamaño.

Frente a la amenaza global, el Estado nacional y la política confirman su relevancia para la sostenibilidad de la vida colectiva.