Una delegación de la Universidad de la República (Udelar) se presentó este miércoles ante la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja para analizar dos proyectos de ley que buscan regularizar la educación a distancia. Uno fue presentado el mes pasado por el diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani, y el otro por el diputado suplente de Cabildo Abierto Jamil Murad. Si bien tienen mucho en común, se diferencian en que la iniciativa del colorado es sólo para educación terciaria pública y la del cabildante es para todos los subsistemas de la educación, tanto pública como privada.
El rector de la Udelar, Rodrigo Arim, dio detalles de lo hecho por esa casa de estudios en tiempos de pandemia. En principio, la delegación universitaria informó que se garantizó “el crecimiento sostenido” de inscripciones, lo que posibilitó que más de 20.000 estudiantes se inscribieran virtualmente. Además, notificaron sobre el acceso a 533 equipos para estudiantes en 2020 y 714 en 2021, gracias a la beca laptop en acuerdo con Plan Ceibal.
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Arim apuntó que se creó el Espacio Psicológico Virtual para estudiantes, “brindando contención en un contexto social complejo”, que se dio acceso a salas Zoom gratuitas para estudiantes y docentes, y a salas de mayores prestaciones para eventos, “en el entendido de que son herramientas imprescindibles para la actividad de la enseñanza”. A su vez, indicó que se generaron cursos propedéuticos en el marco de las actividades e instrumentos de apoyo a la enseñanza de grado que respaldaron el ingreso a las carreras en las áreas de Biología, Física, Lectura y Escritura Académica, Matemática y Química.
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“La Udelar asume el desafío educativo y continúa innovando en modalidades de enseñanza, aprendiendo de lo hecho durante la pandemia, con el fin de democratizar la enseñanza universitaria asegurando estándares de calidad adecuados y respetando los espacios de decisión de la institución, así como la voluntad de quienes integran su comunidad”, apuntó la institución en un comunicado.
Según informaron a la diaria desde la Udelar, formalmente no tienen una postura clara sobre los proyectos de ley a estudio del Parlamento. Además, aseguraron que la enseñanza en plataformas digitales ya se viene haciendo, dentro de lo que es su autonomía. Sin embargo, dijeron que tienen “dudas” respecto de la “conveniencia de regular estos aspectos por ley”, además de dilemas constitucionales, precisamente relacionados con la autonomía de la institución.
¿Qué dicen los proyectos?
El proyecto de Schipani busca que las instituciones públicas de educación terciaria aseguren las modalidades a distancia y semipresenciales en el dictado de los cursos de las carreras que así lo permitan. El objetivo crucial es modificar la Ley General de Educación para darle un “marco legal” a la continuidad de la virtualidad, que supuso la “democratización” en el acceso a ese tramo de la formación, según fundamenta el proyecto.
En su exposición de motivos especificó que una de las razones por las que hace esta propuesta es que la virtualidad es “una de las herramientas que ha dejado la pandemia”. “Hay un antes y un después en la forma en que las personas nos comunicamos. En el ámbito laboral, social, educativo, la tecnología permitió que las personas nos mantengamos en contacto, que las empresas sigan funcionando y que la educación se siga impartiendo”, consideró.
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El representante colorado considera que la pandemia “puso en evidencia” el “valor de la educación a distancia”. “Gracias a las herramientas digitales, todos los niveles de la enseñanza pudieron seguir adelante pese a la falta de presencialidad. La educación virtual o a distancia permite la inclusión socioeducativa, la igualdad de oportunidades y la democratización del acceso a la Universidad”, agregó.
En tanto, con su proyecto Murad busca que la educación a distancia se garantice en todos los ámbitos de la educación, tanto pública como privada. Según expuso en el documento, que está a estudio de la comisión, la finalidad de la iniciativa es “promover y facilitar” la formación a distancia, “en virtud de que es un excelente apoyo, alternativa y complemento de la enseñanza presencial”.
“Tenemos el ejemplo de la reciente emergencia sanitaria, en la que el país se vio en la necesidad de suspender las clases presenciales, y a través de un importante esfuerzo de educadores, familias y educandos, se pudo dar continuidad a los procesos de formación tanto en instituciones públicas como privadas”, justificó.
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El cabildante sostuvo que su propuesta “aporta una herramienta jurídica que establece la equivalencia entre las clases presenciales y las no presenciales, de modo de favorecer la eliminación de prejuicios respecto a las segundas, y proveer a las instituciones educativas de un instrumento concreto para poder hacer frente a contingencias inesperadas”.
En ese sentido, señaló que “en los países desarrollados, muchas de las instituciones educativas de educación superior, sin desestimular los estudios presenciales, aplican las ventajas que ofrece la educación a distancia en su oferta formativa regular”.
“Uruguay no debe quedar relegado ni limitado en cuanto a su propuesta educativa, especialmente en un mundo cambiante y cada vez más exigente. El presente proyecto favorecerá especialmente a los estudiantes del interior del país, proveyéndoles de más opciones formativas con la posibilidad de asistencia remota”, apunta.
En diálogo con la diaria, Schipani dijo que no descarta que se unan los dos proyectos, ya que “el espíritu es el mismo”.