Luego de que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) respondiera a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las “informaciones complementarias” de sus quejas contra la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) por “persecución antisindical”, la directora del Departamento de Normas de la OIT, Corinne Vargha, pidió respuestas al Poder Ejecutivo. Este miércoles se solicitó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que brinde “tan pronto como sea posible” las “observaciones” que el gobierno tenga que hacer. En especial, en referencia a la dirección que encabeza Jenifer Cherro.
Hace dos semanas, Fenapes había descartado el pedido de “conciliación” entre el sindicato y el gobierno que había propuesto la OIT. Según el presidente de Fenapes, José Olivera, no existirá la posibilidad de “entablar” esa instancia porque tiene “efectos suspensivos” sobre el tratamiento de la queja que presentaron con el respaldo de la Internacional de la Educación.
“Como federación lo hemos descartado, en virtud del proceso de persecución político-sindical por parte de distintas instituciones del Estado uruguayo que se ha profundizado”, dijo Olivera semanas atrás, en conferencia de prensa. Para el sindicalista, esto obedece a una “política-sistemática” que llevan a cabo el gobierno y distintas instituciones, tanto del ámbito educativo como parlamentario o del mismo Poder Ejecutivo.
Se mencionó la denuncia que recibieron él y Alejandra Vespa, exsecretaria general de Fenapes, por parte del Ministerio de Defensa Nacional por haber posteado en Twitter que soldados abusaron y violaron a niñas durante las misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según había informado El País.
En el escrito que presentó Fenapes a la OIT, denunció “una conducción política” de la DGES “tendiente a reprimir la libertad sindical”. En ese marco, señaló cinco casos concretos. Por un lado, la “represión antisindical con amenazas de despidos” contra docentes del liceo 1 de San José por el “ejercicio de actividades de naturaleza sindical”, en alusión a los 14 profesores que posaron con un cartel con la leyenda “No a la reforma” por la campaña de reforma constitucional que promovía en 2019 el nacionalista Jorge Larrañaga.
Esos profesores que posaron en la foto fueron sumariados con separación de cargo y retención de 50% de sus haberes y, previo a fin de año, se dio a conocer que tres de ellos habían sido notificados por la División de Jurídica de la DGES de que se pide su destitución por entender que violaron el artículo 58 de la Constitución de la República, que prohíbe que los funcionarios públicos hagan proselitismo.
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Por otra parte, en la queja se refirieron a la investigación de Secundaria de “naturaleza disciplinaria” que involucra a dirigentes de Fenapes “por su participación en una actividad” con docentes del liceo de la localidad de Empalme Olmos de Canelones. Además, apuntaron a la investigación, también de “naturaleza disciplinaria”, por el uso de la cartelera sindical en el liceo 16 de Montevideo.
Asimismo, denunciaron “actos antisindicales tendientes a limitar y reprimir el uso de licencias sindicales”, y, por último, el “desconocimiento” de la negociación colectiva y la “injerencia” de la DGES en relación con la asociación de funcionarios no docentes de secundaria.