Ades presentó una denuncia ante Secundaria por el giro que tomó la investigación administrativa del IAVA

Hay dos expedientes, dos investigaciones, que están en curso en la órbita de Secundaria y que refieren al liceo IAVA: una resolución del 11 de abril y otra del 25 del mismo mes, una sobre el sumario definido al director del centro educativo, Leonardo Ruidíaz, y otra que involucra a diez docentes sindicalizados. 

La historia ya es conocida pero también es conocido que se renueva semana a semana: la disputa por el salón gremial es la grieta entre, por un lado, el colectivo docente y estudiantil, y por el otro lado, las autoridades de la educación. Conceptualmente, la grieta corresponde a, por un lado, quienes ven en la inhabilitación del salón un “acto de censura” y un hecho “antidemocrático”, y por el otro lado, a quienes opinan que “simplemente volver a poner el espacio al servicio del interés común”.

Efectivamente el salón tiene historia para quienes estudian en el IAVA. Desde 2009, los estudiantes gremializados y no gremializados lo habitaban diariamente para discutir sobre sus derechos pero también para pasar el rato, tener un espacio donde estar, compartir, estudiar. Según contaba a la diaria uno de los voceros del Gremio Estudiantil del IAVA (GEI), Gerónimo Sena, el salón “tiene un peso político y significado emocional tremendo”, porque además de los recuerdos construidos desde entonces, al ubicarse en la entrada del centro educativo, tiene la “carga histórica” de que por ahí “entraban los militares para llevarse detenidos a estudiantes y profesores”.

Sin embargo, a pocos días de que comenzaron las clases del año lectivo, el director del liceo se reunió con el GEI para comunicarles que había una “orden de inspección” que indicaba que el salón gremial debía cambiarse de sitio. En principio, el motivo argumentado era la necesidad de construir una rampa en ese lugar para que el liceo sea accesible, y luego se complementó con la manifestación de que el salón estaba deteriorado y eso afectaba la situación patrimonial del edificio.

Les propusieron a los estudiantes contar con otro salón, en el subsuelo, pero ellos consideraron que era “muy escondido” en comparación con el actual, además de afirmar que la solución para la accesibilidad es que se concrete la reparación de un ascensor que conecta todos los pisos y que desde hace cuatro años no funciona. Desde entonces, hubo ocupaciones y paros estudiantiles y docentes, el salón fue cerrado y luego reabierto –situación en loop–. Ruidíaz fue sumariado por Secundaria con separación del cargo y retención del 50% de su sueldo por “insubordinación”, como consecuencia de negarse a quitar al gremio el salón. Su salida dejó un cargo liberado que ningún docente ocupó y dos inspectoras ingresaron para oficiar de Dirección. A esto se agrega una orden de desocupación a pesar de que se afirma que el centro nunca estuvo ocupado; las inspectoras que aseguraron estar “retenidas”, cuando docentes y estudiantes sostienen que se encerraron solas, que les pidieron que salieran y que sólo buscaron el diálogo; y el quiebre final: el desalojo definitivo del salón gremial durante el fin de semana pasado que fue recibido con sorpresa por la comunidad educativa. Por su parte, Secundaria arguyó que simplemente se trata del comienzo de las obras ya anunciadas hace un mes. 

El acercamiento a una resolución final pareció presentarse este miércoles, cuando declaró ante Jurídica de Secundaria el director y se afirmó que los diez docentes que están siendo investigados ya fueron citados y ya declararon. Pero el propio núcleo sindical manifestó lo contrario: que ahora, comienza “la segunda parte de esta historia”.

Investigación en cuestión

“Venimos a manifestar nuestra preocupación y denunciar el enfoque” de las investigaciones que está llevando a cabo Secundaria, son las primeras palabras de un escrito que recientemente presentaron a la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) Emiliano Mandacen, como presidente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (Ades), y Virginia Pereira, como secretaria, junto a un petitorio final firmado por el abogado Daniel Parrilla.

Según manifestaron en la denuncia a la que accedió la diaria, la investigación que es llevada adelante por la órbita Jurídica de Secundaria “ha extendido su objeto de indagación al terreno de los hechos constitutivos del ejercicio de la actividad sindical, violentando en consecuencia, los principios de libertad y autonomía sindical”. A su vez, aseguraron que “se ha constatado un hecho grave tendiente a adulterar el material a estudio”. 

En ese marco, retrocedieron a los hechos acontecidos en el liceo IAVA el 30 y 31 de marzo –días que precedieron a la investigación a docentes–: a su entender, las autoridades generaron “un clima de distorsión en el normal funcionamiento de la institución” en relación al gremio estudiantil, por lo que “el núcleo sindical de dicho centro educativo, con la presencia de directivos de ADES y asesora jurídica, resolvieron realizar un paro gremial, al amparo de lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución de la República, desde la hora 10.00 del día 31 de marzo”. Explicaron entonces, que “al haber decretado el paro gremial, los docentes afiliados” al sindicato “no estaban en cumplimiento de sus tareas. Es decir que el vínculo funcional no estaba en ejecución y en consecuencia no se encontraban sometidos a la jerarquía”.

La asociación resaltó como una “sorpresa” que los docentes que fueron citados para declarar, hayan “sido interrogados precisamente sobre actividades cumplidas en el marco de dicho paro, en particular todo lo relacionado con la confección, lectura e interpretación de la nota reivindicativa de naturaleza sindical” que realizaron en una asamblea ese día y fue leída a las autoridades. Asimismo, denunciaron que los docentes “fueron interrogados sobre el momento en que se dirigen a la Dirección del centro y en que se procedió a la lectura” de la nota, y que, a su vez, “la casi totalidad de las preguntas efectuadas refieren a actividades de naturaleza sindical”.

En la resolución que abre la investigación del 25 de abril, los sindicalistas afirman que el objeto de estudio “no incluye cuestiones relacionadas con la actividad sindical, ya que de ser así, constituiría un acto ilegal y en franca oposición a lo dispuesto por la Constitución de la República y tratados internacionales”. 

Sin embargo, consideran que la situación que denunciaron “adquiere ribetes de gravedad” si se tiene en cuenta que el instructor que está a cargo de la investigación “invitó a los declarantes a firmar la nota sindical del día 31 de marzo, lo cual constituye un exabrupto desde todo punto de vista”. Para Ades, el hecho significa que “no sólo se interroga sobre actividad sindical sino que se incita a la adulteración de las formas originarias de un documento que nunca debió ser parte de la instrucción”. 

En esta línea, aclararon que “la nota sindical no está firmada ya que se trató de un papel donde se estampó una proclama definida en una asamblea y oportunamente leída por una representante del núcleo sindical”.

No admiten, por tanto, “la intervención de la autoridad, valorando desde la perspectiva del poder disciplinario, los hechos constitutivos de la actividad sindical” ya que “de mantenerse esta situación se estaría conformado un claro acto de violación de la autonomía sindical, lo cual no podemos más que definir como un procedimiento absolutamente reñido con la normativa vigente en nuestro país”. 

En definitiva, para Ades se está ante la “presencia no sólo de una total injerencia en la actividad sindical sino que se cercena el libre ejercicio de la misma”. Mencionaron que “se violenta la libertad sindical” cuando las actividades como reunirse en una asamblea, acordar una reivindicación, darla a conocer formalmente y los documentos de registro de ello, “pasan a ser materia de investigación por parte de las jerarquías”. 

En ese contexto es que Parrilla solicitó que se los “tenga por presentados y por formulada la presente denuncia administrativa” y “que se intervenga con la diligencia que corresponde ante la gravedad de los hechos denunciados, a efectos de dar por finalizadas las actitudes antisindicales consumadas mediante el enfoque o dirección con que se está llevando a cabo la investigación administrativa a cargo de División Jurídica de Educación Secundaria”.

En diálogo con la diaria, Parrilla explicó que el escrito es sui generis, no es que sea parte del procedimiento, sino que se trata de una “denuncia, porque esta investigación fue resuelta en primer lugar cuando se decretó el sumario del director y la investigación de los hechos, y después hay una segunda resolución, en la que se amplía el objeto de la investigación, y es ahí cuando se hace referencia a una serie de elementos de los cuales ninguno puede referir a la actuación sindical”. 

En ese sentido, Parrilla negó que su afirmación sea que Jurídica “no haya investigado esos elementos” con “otras personas o documentación” ni que hayan por tanto “otros elementos probatorios”, pero sí que a “quienes fueron a declarar sólo se les preguntó por cuestiones de naturaleza sindical”. Para el abogado se trata entonces de una “investigación desvirtuada”, “muy grave”. Teme, a su vez, que el instructor “esté buscando crear las condiciones materiales como para abordar desde el punto de vista legitimario el desempeño sindical, cosa que ya ha ocurrido en Secundaria”. 

En relación, señaló que desde el año 2020 hay una “línea de conducción histórica” de los servicios Jurídicos de Secundaria que “no es respetuoso del ámbito sindical”. Por último, Parrilla recordó que la ordenanza 10, que es la norma de procedimiento, “indica que cuando alguien toma conocimiento de un hecho irregular se debe denunciar y quien recibe está obligado a resolver”. la diaria intentó comunicarse con las autoridades de Secundaria pero no obtuvo respuesta.