En febrero de 2022 tres policías de la Guardia Republicana fueron denunciados por violar a dos mujeres en un patrullero. Las mujeres denunciaron que los policías las vieron en la calle y se ofrecieron a llevarlas a sus casas por seguridad. Ellas accedieron, los policías se desviaron del camino que las llevaría a destino, estacionaron el vehículo en un baldío, y las violaron.
Nueve meses después de denunciar a los policías, una de las víctimas, que tenía 21 años, se suicidó. Su familia afirmó que la mujer recayó en una depresión de la que se venía recuperando, sufría de “fobia social”, “tenía ataques de pánico cada vez que veía un móvil policial” y “evitaba salir a la calle”. La abogada de la familia comunicó la muerte de la joven a la Fiscalía y reclamó que la carátula del expediente pase a ser homicidio culposo.
Los tres policías fueron imputados por abuso sexual especialmente agravado y se dispuso su prisión preventiva por 180 días. Luego de estar seis meses en prisión preventiva en una cárcel, en la audiencia de renovación de medidas cautelares, el juez Alejandro Asteggiante aceptó que pasen a prisión domiciliaria. La Fiscalía apeló, basándose en los riesgos procesales como argumento, y el Tribunal de Apelaciones accedió al planteo de Fiscalía y determinó que los policías vuelvan a la cárcel tras algunas semanas en su casa.
La fiscal Mariana Alfaro, en representación de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 6º turno, que está a cargo del caso, pidió 18 años de prisión para los policías. Además, como penas accesorias, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la reparación económica a las víctimas y la inscripción en el registro de abusadores sexuales.
Según informó El País y confirmó Fiscalía, los policías fueron condenados a nueve años y nueve meses de penitenciaría. Fiscalía indicó que todos fueron autores, pero de distintos delitos, algunos de abuso sexual especialmente agravado y otros de violación.
Por otra parte, se les aplicaron penas accesorias: inhabilitación del ejercicio de la patria potestad, reparación económica a la víctima y la inhabilitación para desempeñar cargos en contacto con niñas, niños, adolescentes, y personas en situación de discapacidad.
Esta es la sentencia de primera instancia. Los policías pueden pedir que pase al Tribunal de Apelaciones, por lo que no es una sentencia definitiva.
Tras hacerse público el hecho, en febrero de 2022, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que “de ser cierto, es muy grave, porque no solamente enchastra el uniforme policial, sino al ministerio, y, en este caso, yo mismo me siento traicionado”.
Las alertas sobre investigaciones al director de la Guardia Republica
En los chats que trascendieron entre el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano y César Tourn, director de la Guardia Republicana, se hace referencia a este hecho de manera indirecta. Astesiano le avisó a Tourn sobre otro abuso sexual en el que cinco policías fueron denunciados por violar a una mujer. El exjefe de la custodia presidencial le aclara que “este no es el caso de los que ya comieron”, con relación a este hecho.
Esta semana, en el marco de otra investigación, se denunció que jerarcas de Asuntos Internos alertaron a Tourn que su teléfono sería intervenido en el marco de la investigación sobre los traslados del narcotraficante Gerardo González Valencia. Se le advirtió al director de la Guardia Republicana para no “comprometer” a la actual gestión y “no quedar involucrado” en la investigación que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno lleva adelante.