El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó este jueves que otra persona condenada por narcotráfico se fugó de un régimen de prisión domiciliaria al que había accedido por “razones de salud”.

Miguel Ángel Leal da Costa Porto fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión tras haber sido detenido en el marco de la Operación Babilonia, cuando se disponía a entregar un cargamento. Le incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, seis vehículos, tres armas y 90.000 dólares.

A los tres meses y medio de estar preso, exactamente el 25 de mayo de 2022, se dispuso su pasaje a prisión domiciliaria luego de que alegó tener problemas de salud producidos por un supuesto trasplante de riñón que eran incompatibles con su permanencia en una cárcel.

La decisión, tomada por la jueza de Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarián, fue definida tras recibir documentación en la que se argumentaba sobre el estado de salud del condenado, por lo que ahora se está investigando la autenticidad de esos documentos. Luego de que trascendió la fuga, la jueza decretó la reserva del expediente del narcotraficante.

Al igual que en los casos anteriores de personas que pasaron de la cárcel a prisión domiciliaria presentando documentación, se investiga si los documentos que presentó para justificar su estado de salud eran falsificados, si fueron producidos por la misma organización criminal que está siendo investigada y cómo una red delictiva ha logrado hackear a este nivel el sistema.

Mientras tanto, el ministro Heber se ha enfocado en apuntar contra la Justicia: “Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la Justicia pruebas contundentes, para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. No es falta de prudencia. No es invadir competencias. Es indignación. No vamos a bajar los brazos”, expresó el ministro del Interior en su cuenta de X, ex Twitter.

La organización criminal que falsifica documentación para lograr prisiones domiciliarias

A todo esto, la fiscal especializada en Estupefacientes de primer turno, Mónica Ferrero, avanza en la investigación para determinar en qué casos actuó la organización criminal que, presentando documentos falsos del comisionado parlamentario penitenciario, del Instituto Técnico Forense y de certificados médicos adulterados, logró la prisión domiciliaria de Juan Antonio González Bica, quien se fugó a fines de agosto, tras romper la tobillera electrónica que le habían colocado.

González Bica había sido detenido el 12 de junio de 2022 en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 172 kilos de cocaína y 251 kilos de pasta base que eran trasladados en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo.

La organización fue desbaratada a principios de setiembre tras una denuncia del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, quien encontró varios documentos falsificados que simulaban haber sido elaborados por él, en particular un recurso de amicus curiae, mediante el cual, ante determinadas situaciones de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, el comisionado se presenta al juzgado para pedir un régimen diferente a la privación de libertad.

Por esta causa fue imputada la abogada de González Bica, Mercedes Acosta. También fue imputado Matías Campero, quien estaba preso por haber secuestrado en Maldonado a la pareja de un hombre que lo había estafado. Estaba imputado por secuestro, privación de libertad especialmente agravada por las amenazas y por reclamar un pago para su liberación, lesiones personales, rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación, porte de arma de fuego y tráfico interno de armas. También por hurto especialmente agravado por la pluriparticipación y dos delitos de justicia por mano propia. Se dispuso su prisión preventiva y falsificó él mismo documentación con la que logró pasar de la cárcel a una prisión domiciliaria. Esta medida fue revocada y volvió a prisión preventiva luego de que se conocieran estas maniobras. Se estima que Campero le cobró 100.000 dólares a González Bica por falsificar documentación para lograr el cambio de medida.

El tercer imputado de esta causa es un narcotraficante que también se vio beneficiado por la falsificación de documentos de esta organización criminal.

Campero, que se hacía pasar por abogado, estuvo presente en las audiencias en las que González Bica y Leal da Costa Porto obtuvieron sus respectivas prisiones domiciliarias. Según informó Telemundo, los abogados Elizabeth Frogge y Juan Barca Berón presentaron documentación que aseguraba que Leal da Costa tenía un trasplante renal y era inmunodeprimido. El mismo medio consignó que Barca Berón les confirmó que Campero estuvo en la audiencia como asistente de Frogge. La abogada dijo a Telemundo que la documentación que ella presentó se la había entregado la familia de su defendido, Leal da Costa Porto.

La falsificación de documentación para lograr prisiones domiciliarias fue uno de los temas tratados entre el ministro Heber y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, quien la semana pasada recibió un listado con unas 50 órdenes de prisión domiciliaria para personas imputadas por narcotráfico dispuestas en 2023, para que se revise la autenticidad de los documentos presentados en esos expedientes.

Heber había reconocido la incapacidad para supervisar las medidas alternativas

En noviembre de 2021, Heber compareció ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario de la Asamblea General y reconoció la incompetencia de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida (OSLA) para supervisar a las 15.000 personas que tenían penas alternativas a la prisión en ese momento. Explicitó que de esas 15.000, 10.000 se habían presentado ante la OSLA, pero las restantes 5.000 no, y, por ende, se desconocía si cumplieron o no la medida aplicada por la Justicia como pena.

Heber también planteó que “en la teoría” a todos “nos gustaría que fuera de una manera” y que “en el papel esta tarea se podría hacer”, pero “lo cierto es que debemos adoptar alguna acción decidida para transformar la OSLA en algo que realmente pueda cumplir el rol de supervisar las penas alternativas que establece la Justicia”, porque la realidad es que no tiene el personal suficiente para llevar esta tarea adelante. Según consta en la versión taquigráfica, el ministro dijo que había 19 funcionarios. Para Heber, la meta era contar con 300 funcionarios. El ministro del Interior citó “mediciones internacionales” que plantean que para monitorear medidas alternativas se necesita un funcionario cada 50 personas.

El ministro del Interior anunció en ese momento que iban a instalar un centro de monitoreo donde actualmente funciona la Caja Policial [frente al Ministerio del Interior] para las personas privadas de libertad que tienen penas de prisión domiciliaria”. También aseguró que se contará con “un lugar propio del Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] para monitorear las tobilleras que tiene el sistema de prisión domiciliaria –con el aparato en su domicilio–, de modo tal de poder advertir si está incumpliendo con la pena de prisión domiciliaria”.

Heber señaló que la OSLA, además, “tiene la tarea de fiscalizar las salidas transitorias y los trabajos comunitarios”, por eso “inauguramos un centro de monitoreo y se está seleccionando personal para que pueda hacer la vigilancia; necesitamos personal para vigilar, porque no lo tenemos. Hay que generar las vacantes suficientes, por eso mi desesperación por las vacantes y por la cantidad de policías que se certifican en el ministerio”. Los sindicatos policiales han reaccionado fuertemente cada vez que el ministro ha adjudicado alguna responsabilidad incumplida a la certificación médica de policías.

Para Heber, jerarquizar la OSLA era un objetivo central de su gestión. “Que no sea una oficina, sino una subdirección o una dirección”, anunció en 2021. Heber afirmó: “Estamos viendo cuál es la mejor forma –todavía no lo tenemos decidido– para la jerarquización de esa oficina que, producto de la enorme tarea que tiene que hacer, adquiere una importancia relevante”. Para el ministro del Interior, recién entonces “podemos hablar de si el sistema penal uruguayo tiene o no posibilidades de buscar penas alternativas”.

Finalmente, en el artículo 125 de la Rendición de Cuentas 2021 se propuso que la OSLA pase de ser una oficina a ser la Dirección Nacional de Libertad Asistida (Dinasla). En esta Rendición de Cuentas se vuelve a proponer un cambio: que se llame Dirección Nacional de Medidas Alternativas. A pesar de que se ha informado desde la cartera que se atiende a casi 20.000 personas, no se refuerza el presupuesto ni se prevé la contratación de técnicos para esta unidad actualmente dirigida por el oficial ayudante Fabián Rosano.

Las responsabilidades de la OSLA

La OSLA se creó en junio de 2010 mediante un decreto presidencial. Como indica su nombre, tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de las medidas alternativas o sustitutivas a la cárcel dispuestas por la Justicia y depende del Ministerio del Interior.

El Decreto 180/010 establece en relación con las medidas y penas alternativas a la privación de libertad, como es la prisión domiciliaria, que se requiere que tengan un “efectivo cumplimiento” y para eso son necesarias las tareas de coordinación y seguimiento, que están subordinadas a lo que el juez actuante determine. En este sentido, se determinó la creación de la OSLA para supervisar estas medidas y se le asignó una serie de cometidos. Esta dirección depende de la dirección del INR, que actualmente es ocupada por Luis Mendoza.

En su creación se le encomendó una serie de potestades, entre las que se destacan “recibir y actuar de acuerdo a lo que disponga la Justicia Penal respecto de la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas de la privación de libertad”. En este sentido, se le encomienda elaborar informes sobre las personas que están bajo su cargo, y a partir de estos perfiles tener la posibilidad de “efectuar una recomendación al magistrado, incorporando sugerencias acerca de las posibles medidas a aplicar, sin perjuicio de elaborar un plan de conducta a desarrollar por la persona sometida al sistema”.

Por sobre todas las cosas, la competencia de la OSLA es “el control de la presentación periódica del beneficiario ante la autoridad que disponga la Justicia”, como puede ser la firma en una seccional policial, y “el control del lugar de permanencia del beneficiario dispuesto por la Justicia”, como es la prisión domiciliaria. También tiene a su cargo el control del “cumplimiento de la prohibición de concurrir a ciertos lugares, dejar la ciudad o acercarse a ciertas personas”. Para todas estas cuestiones, debe “mantener contacto permanente con el juez que dispuso la medida”.

Qué hubiera pasado si no nos enterábamos de que existe un grupo criminal que se dedica a falsificar documentación para narcotraficantes

En diálogo con la diaria, el senador del Frente Amplio Charles Carrera planteó que las declaraciones de Heber son “graves” porque “parece desconocer que el control de las prisiones domiciliarias están bajo la responsabilidad de su ministerio”. “Es el Ministerio del Interior quien debe controlar que efectivamente se cumpla con la prisión domiciliaria dispuesta y, en caso de detectar alguna irregularidad, comunicárselo al juez competente”, indicó, y remarcó: “El ministro parece desconocer que es el INR el que debe conocer a ciencia cierta el estado de salud de quienes están presos y que la OSLA, hoy Dinasla, sobre la que el ministro ha hablado en múltiples oportunidades, es la dirección que debe supervisar a quienes están en prisión domiciliaria”.

Para Carrera, “apuntar contra la Justicia no resuelve el problema” y Heber “debe hacerse cargo de lo que está bajo su mando. “Además, un ministro no debe apuntar contra otro poder del Estado. Queda a la vista que Heber no tiene noción de sus obligaciones y competencias como jerarca”, consideró el senador, quien planteó que “desde hace rato ha demostrado que no está a la altura para seguir siendo ministro del Interior, porque tiene desconocimiento de la normativa que rige su ministerio y porque siquiera recuerda los temas sobre los que se ha manifestado públicamente, como es el caso de los controles de la OSLA”. Para el senador, es de interés “saber cuál fue la explicación del jerarca a cargo de esta dirección acerca del control de las prisiones domiciliarias de estos narcotraficantes y de los que aún no sabemos que obtuvieron esta medida producto de la falsificación de documentación”.

Por otra parte, criticó que “grandes narcotraficantes accedan al beneficio de tener prisión domiciliaria” cuando “deben estar en establecimientos con las condiciones de seguridad necesarias”. Indicó que, si efectivamente esos problemas de salud fueran ciertos, el sistema debería tener la capacidad de resolverlos. A su vez, Carrera cuestionó “qué hubiera pasado si no nos enterábamos de que existe un grupo criminal que se dedica a falsificar documentación para narcotraficantes”. “Mientras el gobierno dice que está dando ‘un combate frontal al narcotráfico’, los grandes narcotraficantes acceden a estar en sus viviendas y las personas más pobres que se dedican al narcomenudeo están colmando las cárceles”, señaló.