Los guardias del centro penitenciario La Picota, en Bogotá, entraron a la celda de Francisco Correa Galeano cinco minutos después de la medianoche del viernes 3 de enero. Encontraron su cuerpo tirado en el piso, en medio de un charco de sangre. En la pieza también apareció el cuchillo que utilizó su atacante, otro preso. El exmilitar colombiano estaba detenido desde junio de 2022 como uno de los responsables del magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en una isla del caribe colombiano a la que había viajado de luna de miel. Correa Galeano era una pieza clave para esclarecer el asesinato de Pecci. En una primera instancia lo imputaron por homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas, pero la buena disposición que mostró para colaborar con la investigación de la justicia colombiana mejoró su situación penal. De hecho, estaba prevista una audiencia para el 19 de enero en la que iba a ser condenado exclusivamente por porte ilegal de armas.

Sus testimonios permitieron identificar a otras personas directamente involucradas en la organización y la financiación del asesinato de Pecci, entre ellas Margareth Chacón Zúñiga, que enfrenta una pena de 35 años de prisión. En una de sus comparecencias más recordadas, Correa Galeano responsabilizó por el crimen al expresidente paraguayo Horacio Cartes y a Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, el principal socio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. “El homicidio de Pecci viene porque detuvo a Insfrán Galeano, Tío Rico, y por molestias del presidente del Paraguay, Horacio Cartes”, declaró Correa Galeano en una audiencia judicial de octubre de 2023. 15 meses después de estos señalamientos, apareció muerto en la cárcel La Picota; las autoridades penitenciarias de Colombia ya identificaron al preso que lo asesinó y ahora intentan saber cuáles fueron las razones.

El abogado Francisco Bernate, representante legal de la familia Pecci, resumió con una frase la sensación que generó la noticia: “El monstruo está vivo”, dijo hace unos días, entrevistado por el medio paraguayo ABC. Bernate descartó que a Correa Galeano lo hayan matado “en medio de una pelea o de una riña”. “Esto tiene que ver con la información que estaba entregando”, denunció Bernate. El abogado aseguró que Correa Galeano tenía más datos para aportar ante la justicia y recordó que un mes atrás la familia de Pecci le transmitió a las autoridades colombianas que era necesario garantizar la seguridad de los testigos del caso. Estas denuncias tuvieron inmediato impacto político en Colombia. El expresidente Andrés Pastrana responsabilizó al gobierno colombiano por no garantizar la seguridad del testigo. “El presidente Gustavo Petro y su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, tienen una enorme responsabilidad en el homicidio del sicario del caso del fiscal Marcelo Pecci”, escribió Pastrana en su cuenta de X.

La periodista Claudia Aguilera, viuda de Pecci, envió esta semana tres cartas para reunirse con las principales autoridades colombianas vinculadas al caso: el director de Policía, la ministra de Justicia y la fiscal general de la Nación. En esas notas, a las que accedió la diaria, se califica al asesinato de Correa Galeano como un hecho de “extrema gravedad”, ya que el propio testigo había manifestado que tenía “más datos para aportar” a la investigación.

“La noticia de su deceso nos ha afectado considerablemente, ya que se había advertido que ello podía suceder. Considerando todo el aporte que (Correa Galano) realizó durante el proceso, y que contribuyó a la condena de los demás partícipes, resulta evidente que las medidas tomadas no fueron suficientes para proteger su vida”, lamentó la periodista. En su opinión, estas situaciones complican la investigación que procura determinar “quién o quiénes dieron la orden de ejecutar a mi esposo y padre de mi hijo”, y por eso le reclamó a la justicia colombiana que no “claudique” ante quienes “despliegan todo su poderío” para garantizar su impunidad. En la nota que la viuda de Pecci envió a la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo, se incluyeron críticas indirectas a la justicia de Paraguay: “Habíamos advertido la confianza en el trabajo de la Fiscalía General de la Nación a su cargo, ya que en la justicia local no encontramos respuestas, avances, ni voluntad de seguir con el proceso investigativo, así como nos han cerrado todas las puertas”. Este miércoles 8 de enero se llevó a cabo una primera reunión virtual entre la Fiscalía General de Colombia y los abogados de la familia Pecci. Allí, según informó la Fiscalía colombiana en su cuenta de X, ambas partes ratificaron el compromiso de “hallar y judicializar a todos los responsables del crimen” de Pecci.

##Pecci y el operativo “A Ultranza Py”

Pecci era fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y tuvo a su cargo la mayor operación antidrogas de la historia de Paraguay. El operativo “A Ultranza Py” se desplegó en marzo de 2022, dos meses antes del magnicidio, pero había empezado en 2019 en la órbita de la Secretaría Antidrogas (Senad) paraguaya, en cooperación con la DEA, Europol y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay. La participación de la Brigada Antidrogas uruguaya se explica por el papel central que tenía Marset en la organización criminal.

El llamado “Clan Insfrán” es liderado por Insfrán Galeano (alias Tío Rico) y el religioso José Alberto Insfrán Galeano, fundador de la iglesia “Centro de Avivamiento”. Los hermanos Insfrán están presos en Paraguay y enfrentan condenas por almacenamiento, transporte y distribución de cocaína, lavado de dinero y otros delitos. Tío Rico y Marset, que todavía sigue prófugo de la justicia, coordinaron el envío de decenas de contenedores hacia Europa y África entre 2020 y 2021, según las escuchas telefónicas del operativo. Solamente en ese período fueron incautados 17.340 kilos de cocaína que pertenecían a la organización, por los que iban a cobrar 433 millones de dólares. Dos parlamentarios paraguayos enfrentan causas judiciales derivadas de las investigaciones al clan Insfrán. El exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio fue detenido en mayo de 2024 por lavado de dinero, narcotráfico y asociación ilícita; lo responsabilizan por blanquear capitales para el grupo mientras se desempeñaba como presidente de una cooperativa. Por otra parte, el senador Erico Galeano Segovia (también del Partido Colorado) es investigado por lavado de dinero, narcotráfico y por el préstamo de una avioneta a Tío Rico. Además, era el presidente de Capiatá, un club de fútbol de la segunda división de Paraguay investigado por participar en el esquema de lavado de activos de Marset, quien jugó en ese equipo. A Galeano Segovia se lo investiga por una transferencia de 2.250.000 dólares a Horacio Cartes, quien la atribuyó a la devolución de un préstamo del banco Basa, que pertenece a Sarah Cartes. Los vínculos de Marset y el clan Insfrán con el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) son múltiples e incluyen la participación de otro ciudadano uruguayo: Federico Ezequiel Santoro Vasallo, identificado por la inteligencia paraguaya como una pieza clave en la estructura del lavado de activos de Marset. Tras la orden de captura, Santoro Vasallo fue detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos en 2024.

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    Una de las empresas de Vasallo (Ashley Turismo) gestionó los traslados y el alojamiento a la tripulación venezolana e iraní que viajó en el Boeing 747 retenido en Buenos Aires, tras cargar 750.000 dólares en cigarrillos provenientes de la tabacalera de Horacio Cartes. La Justicia paraguaya investiga el uso del avión en el esquema de lavado del Grupo Cartes, una dimensión que también se conecta con la plaza financiera uruguaya: un informe de la Secretaría antilavado de Paraguay concluyó que la tabacalera de Cartes (Tabesa Sociedad Anónima) transfirió casi 43 millones de dólares a Uruguay entre 2014 y 2021.

En la misma fecha de la divulgación de ese informe, mediados de 2022, el gobierno de Estados Unidos declaró a Cartes como “significativamente corrupto”, debido a la “obstrucción” durante su presidencia a una investigación transnacional que involucraba a su socio, Darío Messer, un brasileño conocido como el “doleiro dos doleiros” (“cambista de los cambistas” en español). El “cartismo” regresó al poder en abril de 2023, con Santiago Peña. En diciembre de 2024, según reveló The Washington Post, la Senad paraguaya decidió suspender la cooperación con la DEA.