Marcelo Pereira

En una entrevista con Emiliano Cotelo y Juan Andrés Elhordoy emitida ayer por El Espectador, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, consideró “esencial” que se defina un protocolo de actuación de los guardias en situaciones de emergencia como la que causó la muerte de doce presos en Rocha. Está bien, pero hay que preguntar, además, cuánto tiempo hace que deberían haberse establecido criterios para la emergencia crónica de todo el sistema nacional de cárceles.

El presidente, José Mujica, considera que para construir la “unidad nacional” corresponde que todos los partidos con representación parlamentaria integren directorios de la administración descentralizada. En algunos departamentos del interior del país, la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio entiende que los integrantes de esa fuerza política no deben aceptar responsabilidades políticas en las intendencias gobernadas por los partidos Nacional o Colorado, porque representan un proyecto diametralmente opuesto al de éstos. Algo no cierra.

En junio de 2006, cuando comenzó el Mundial de fútbol en Alemania, la diaria todavía no había cumplido tres meses de vida y, siendo menos que chiquilina, lo miró de afuera, como la otra celeste. En aquel momento comentábamos por los pasillos de la casona de la calle Paullier que al próximo teníamos que ir las dos.

El fallo judicial que dispone el levantamiento del corte de ruta en Arroyo Verde tiene dos características de oportunidad muy interesantes: por un lado, se produce en vísperas del comienzo del Mundial, o sea, cuando la atención de los medios argentinos, pase lo que pase en Gualeguaychú, va a estar concentrada en Sudáfrica; por otro, llega después de que a la opinión pública del país vecino se le ha comunicado que Uruguay aceptó la instalación de un monitoreo binacional dentro de la fábrica de celulosa de UPM (ex Botnia), en presunto cumplimiento de un mandato de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Eso puede convencer a muchos, allá, de que el gobierno de Cristina Fernández “ganó” y de que por lo tanto pierde sentido el piquete. Pero la CIJ no dispuso eso, ni Uruguay ha aceptado nada.

Terminado el ciclo electoral que comenzó con las internas del año pasado, el principal saldo general es, a primera vista y con los datos parciales disponibles en la noche de ayer, la reafirmación de los resultados de hace cinco años. Sin embargo, una mirada más cuidadosa detecta novedades relevantes -aparte de la elección de tres mujeres-, cuya importancia radica sobre todo en lo que insinúan con miras al próximo ciclo, que comenzará en 2014 (con características probablemente distintas, ya que está sobre la mesa la idea de una nueva reforma electoral).

Desde el punto de vista formal, la denuncia presentada por Argentina ante la Corte de La Haya no requería pronunciamientos acerca de los dos puntos cruciales en este largo conflicto: el impacto ambiental de la planta de UPM (ex Botnia) y el corte del puente General San Martín. La Corte debía dictaminar si el Estado uruguayo violó el Estatuto del Río Uruguay, y el fallo establece que sí lo hizo (aunque emplee, en vez de la palabra “violación”, otros términos menos tajantes). Pero ¿esto significa que Uruguay perdió? En realidad, no.

La idea de volver a cambiar las normas constitucionales que regulan el proceso electoral está planteada desde hace algunos años, con diversos argumentos contra el sistema establecido por la reforma de 1996. Hay que distinguir, entre esos argumentos, los referidos a problemas prácticos que afectan a todos los partidos, los que apuntan a la búsqueda de reglas de juego más convenientes para tal o cual interés particular, y los que llevan la discusión al terreno de lo que es mejor para la salud democrática del país.