Marcelo Pereira

A menos de un año de las elecciones nacionales, y habida cuenta de que uno de los ejes de la campaña ya iniciada es la cuestión de la seguridad pública, hay escasas condiciones para una reflexión social serena sobre la política que ha impulsado Eduardo Bonomi desde el Ministerio del Interior. Pero quizá valga la pena un intento de ordenar el panorama para evitar juicios simplistas.

El jueves 24, en el programa En la mira de VTV, Raúl Sendic fue entrevistado por Gabriel Pereyra. Sobre el final, hubo cerca de tres minutos y medio dedicados a un intercambio que comenzó cuando el periodista le preguntó al político “¿Sos gay?”, éste le respondió que no, que es heterosexual, y ambos comentaron que, “en el interior del país”, un dirigente del Frente Amplio le comentó a otro de la misma fuerza política que era riesgoso apoyar a Sendic, ya que durante la próxima campaña electoral podía estallar la bomba de que “Raúl es puto”. Ese breve pasaje de la entrevista fue muy comentado y hubo duras discusiones sobre la pertinencia periodística de la pregunta que lo inició, pero lo más problemático está en otro terreno.

En el llamado para otorgar canales de televisión abierta digital los emisores históricos han logrado que el Poder Ejecutivo redujera la cantidad de canales que asignará, y que reservara tres para ellos sin que cumplieran, en esta ocasión, las exigencias planteadas a los nuevos aspirantes de acreditar solvencia económica y moral, ser evaluados por la CHAI y presentar sus proyectos en una audiencia pública. Pero no lograron su objetivo primordial: que todo quedara como estaba. En eso les ganaron la pulseada quienes, desde el Estado, el sistema de partidos y la sociedad civil, han trabajado con tenacidad por el cambio.

En los últimos meses, la difusión de encuestas de opinión acerca de proyectos de ley que están a consideración del Poder Legislativo ha replanteado un viejo debate sobre la conducta que deberían adoptar los parlamentarios ante ese tipo de datos. Como de costumbre, quienes ya tienen una posición tomada y la ven reafirmada por un sondeo alegan que las personas elegidas para representar a la ciudadanía no deben contrariar la "voluntad popular", mientras que quienes están en desacuerdo con lo que respondió la mayoría de los consultados reivindican el derecho de diputados y senadores a proceder como lo consideren más conveniente para el país, teniendo en cuenta el resultado de los trabajos realizados por las empresas encuestadoras pero sin someterse a lo que indican.

No es fácil interpretar el proceso que vive Brasil, con masivas protestas populares que comenzaron por un aumento del precio del transporte urbano pero expresan otras demandas muy diversas. Estos reclamos que le complican la vida a la presidenta Dilma Rousseff son, en forma paradójica, un triunfo de su partido, que reivindica desde hace décadas la construcción de ciudadanía como una clave para aprovechar el enorme potencial de Brasil. Es interesante pensar si los años de gobierno nacional frenteamplista han producido algo semejante.