Marcelo Pereira

Mañana se realizará una vez más la Marcha del Silencio. Cuando se llevó a cabo la primera, hace catorce años, la mayor parte del sistema partidario (incluyendo a la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio) estaba en otra cosa.

Desde varios partidos se afirma que el presente ciclo electoral, iniciado con las internas del año pasado y que terminará con las departamentales del domingo, debería ser el último en que se aplique la reforma constitucional aprobada en 1996. Pero el incipiente planteo de alternativas está lejos de apoyarse en diseños consistentes de un sistema político.

Es difícil comprender las opiniones del presidente José Mujica sobre la relación que debería instalarse entre las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad. No hay razones para suponer que las inspire otra cosa que una intención constructiva, pero el punto de vista que expresan parece por lo menos extraño.

Hace cinco semanas y media que José Mujica asumió como presidente de la República; siete semanas y media lleva instalado el Parlamento elegido en octubre del año pasado. Y aunque se descuente la Semana de Turismo, llama la atención que hasta ahora el nuevo gobierno se haya caracterizado por una notable ausencia de proyectos de ley relevantes (pese al anuncio previo de que se daría especial protagonismo al Parlamento), acompañada -o más bien inducida- por la escasez de iniciativas concretas desde el Poder Ejecutivo.

El Ministerio del Interior convocó el lunes a propietarios y directores de medios de comunicación, para intercambiar ideas sobre el tratamiento de casos policiales y explorar la posibilidad de acuerdos en la materia. El disparador fue la difusión del secuestro del corredor de bolsa Ignacio Rospide, pero los planteos del ministro Eduardo Bonomi, el subsecretario Jorge Vázquez y el director nacional de Policía, Julio Guarteche, buscaron abrir una discusión más amplia sobre criterios informativos, para ese tipo de situaciones y otras como las vinculadas con la lucha contra el narcotráfico.

La condena a Juan María Bordaberry por golpista nos obliga a reconocer que el Derecho expresa, en el fondo, relaciones de poder político y que, por lo tanto, está sujeto al vaivén de las relaciones de fuerzas, aunque a muchos les guste más creer que sólo reconoce verdades inmutables.

El Frente Amplio logró que la ciudadanía le renovara el mandato de conducir el gobierno nacional, pero aún no ha logrado su propia renovación. Esto puede medirse en relación con los relevos generacionales, con el recambio de liderazgos, con los criterios de funcionamiento orgánico o con las definiciones ideológicas y programáticas, y en todas esas áreas se perciben con claridad aspectos del mismo problema, que se refuerzan unos a otros. No es fácil revisar conceptos si se mantiene durante muchos años el elenco que toma las decisiones.

La discusión sobre el cuplé de los charrúas de la murga Agarrate Catalina (ver nota adjuntamar) está llena de malentendidos, y sería muy graciosa si no tuviera algunas facetas alarmantes. Desde el sentido común más elemental, el asunto no parece dar para mucho. La Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench) y el antropólogo José López Mazz se indignan por una docena de chistes de tablado y parecen exigir que las murgas sean instrumentos pedagógicos.

El lunes dejaron de integrar el Parlamento los tres senadores con que contaba el Partido Colorado desde 2005, representantes de otras tantas facetas históricas del coloradismo que lo llevaron a la debacle.

La política es en gran medida construcción de imágenes y de significados. Los hechos no bastan. Es crucial el modo en que son percibidos, el sentido que se les asigna y que debe mediar para que los consideremos acontecimientos relevantes de la vida real.

Tabaré Vázquez quería que el candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República fuera Danilo Astori, pero José Mujica no acató esa voluntad y mantuvo su postulación ante el organismo al que competía definir el asunto, donde logró apoyo mayoritario. Ahora Mujica y Astori quieren que el candidato del FA a la intendencia de Montevideo sea Carlos Varela, pero Daniel Martínez no acató esa voluntad y mantuvo su postulación ante el organismo al que competía definir el asunto, donde logró apoyo mayoritario. Una de las conclusiones que pueden extraerse es que “calavera no chilla”, pero el asunto da para más.